El español como arma comercial

Si yo viviera en Cataluña, en Euskadi o en Galicia defendería y exigiría que todas las Administraciones que operan en mi territorio procurasen la enseñanza perfecta del español dado que con ello contribuirían a que un mercado de más de 300 millones de potenciales clientes estuviesen a mi alcance. Exigiría, además, que no se pusiesen pegas, ni obstáculos, sino todo lo contrario al uso y disfrute de esa lengua en mi territorio ya que con ello atraería nuevas inversiones, potenciaría la llegada de capitales y estaría en igualdad de condiciones que el resto de las Comunidades que junto con la mía conforman ese espacio común e histórico que se llama España.

Ir contra el español en base a una pretendida defensa de la lengua de esas autonomías no es un error, es una suma de errores que van desde lo político y lo social a lo económico. Pretender postergarlo aduciendo razones de identidad nacional o de pasadas agresiones idiomáticas es ir en contra de la historia, tanto de la pasada como de la presente y de la futura. Sin el español todos y cada uno de los habitantes de esas tres Comunidades serán un poco menos en muchas cosas de su vida diaria: tendrán menos oportunidades de encontrar trabajo, tendrán menos oportunidades de ampliar conocimientos, tendrán menos oportunidades de realizarse como personas. Se les estará mutilando parte de su ser. Se les estará robando un trozo de su futuro.

Las razones para defender el español desde el punto de vista de la propia identidad de España y de cada una de las partes que la integran son muchas y variadas. He mencionado una parte de las económicas, pero de igual importancia son las políticas, ya que a través del español nos medimos en Europa y en el mundo con otros países y bloques de intereses, a través del español defendemos derechos y asumimos deberes, a través del español podemos y debemos reivindicar lo malo y lo bueno y lo regular de siglos de historia y de españoles de los cuatro puntos cardinales que son ejemplo para todos, a nivel universal.

En estos 33 años de democracia hemos ido justamente en la dirección contraria sin importar a muchos de nuestros gobernantes que se violaba la propia Constitución de 1978, tanto en la letra como en el espíritu de la misma. Si la democracia es la base esencial de la convivencia y de la tolerancia no se puede coartar, ni limitar los derechos de ningún ciudadano español, viva donde viva y piense lo que piense dentro del respeto a las normas y a la justicia. Lo contrario es no ser demócrata, ni creer en la libertad.

Y es ser torpe, ciego, querer remar contra la corriente cuando lo fácil, lo práctico y lo lógico es navegar por ella, incluso para defender lo distinto, lo que nos distingue de los otros, aquello que nos permite recuperar la historia que nos arrebataron o no nos dejaron escribirla como hubieran querido nuestros antepasados. Ahora que comenzamos a hablar con fuerza de las reformas necesarias gracias a la crisis económica que nos ha puesto frente a frente con la realidad de la que formamos parte.

Que decimos y planteamos cambios en la Constitución, en los Estatutos de autonomía, en las leyes laborales, en los derechos ciudadanos, en el medio ambiente y hasta en los modelos personales que inducen a cambios sociales, creo que uno de los temas a debatir hasta sus últimas consecuencias es el uso del idioma español, que está consagrado en la Constitución pero que no deja de ser puesto en cuestión en aquellos territorios, en los que, para su fortuna, cuentan con una segunda y hermosa lengua. En Cataluña, en Euskadi y en Galicia el español debe ser tan obligatorio en la enseñanza a todos los niveles como el catalán, el vasco y el gallego. No se puede dejar a un lado la historia en común que nos une a través del idioma.

No se puede multar, amedrentar, perseguir a aquellos que quieren usarlo en sus negocios, en sus conversaciones comerciales o en sus relaciones con la Administración, sea la que sea, desde la Justicia al Tráfico. No se puede poner al español en el mismo nivel que el inglés, el francés, el chino o el árabe. Y si desde los órganos legislativos del Estado se tienen que tomar medidas en la defensa de los intereses comunes y en pro de todos los ciudadanos de todos los territorios, deberán tomarse. Y si se tienen que cambiar, modificar o corregir normas y leyes, deberá hacerse. Y si se tienen que imponer medidas para garantizar esas libertades, deberán dejarse a un lado los intereses partidistas, los pactos de gobierno, las enjuagues pre y post electorales y pensar en eso que siempre se llama pueblo a la hora de pedirle esfuerzos y sacrificios, pero que se convierten en piezas de cambio cuando de sentarse en los puestos de gobierno y de reparto de poder se trata.

Como cualquier camino comienza a andarse con los primeros pasos, echemos a andar con más prisas que pauses pues el daño que ya nos hemos hecho, que nos han hecho unos pocos a muchos es grande y exige realidades.

(*) Raúl Heras es periodista