La campaña electoral que desembocará en las urnas el 22 de mayo va a resolver pocas cosas, más allá de la inevitable guerra de cifras y la algarabía de datos. Van a ser una especie de primarias que demostrarán el grado de descenso del PSOE, del ascenso del PP -es decir, hasta dónde el cambio- y el papel que pueden jugar los dos 'terceros en discordia', Izquierda Unida y UPyD. A ambos, un oportuno pacto sobre la ley electoral entre los dos 'grandes' (y los nacionalistas) les ha vuelto a quitar toda posibilidad de alcanzar unos resultados en escaños correspondientes a la votación real que reciban: las trampas del método d'Hondt sabiamente aplicadas por los poderosos contra los débiles. Nada nuevo bajo el sol... Al margen de este pecado de origen, que va a quitar no pocas concejalías y hasta alcaldías a -entre otras- las formaciones lideradas por Cayo Lara y Rosa Díez, lo cierto es que la campaña se presenta nuevamente anodina. El papel de un Zapatero que ha iniciado su demorado adiós y temas-cepo como el 'caso Faisan', la increíble polémica sobre las actas de ETA o el renacimiento del caso del espionaje en Madrid acaparan los titulares. Y los temas verdaderamente importantes, los que más pueden influir en la vida cotidiana de la ciudadanía, quedan aparcados en segunda fila. ¿A quién le importan, en verdad, polémicas sobre una mayor coordinación legislativa entre las autonomías, la imposición de un techo de gasto, un mejor reparto de la financiación municipal, por ejemplo? O, yendo más allá, ¿quién se atreverá a afrontar el ímprobo trabajo de modificar el mapa y la estructura del Estado, suprimiendo ayuntamientos y diputaciones, modificando estructuras provinciales y quizá hasta autonómicas? ¿Cambiar las estructuras de los tiempos de Javier de Burgos (1833), o las del 'café para todos' del inicio de la transición? Se lo pregunté, entre otros, al presidente de la Federación de Municipios y Provincias, el alcalde de Getafe Pedro Castro, quien remitió la respuesta 'ad calendas graecas': ya veremos tras las elecciones...dicen, perezosamente, todos. Y, así, lo mismo que ocurre con la reforma constitucional, de la que la clase política nada quiere saber, pese a lo obsoleto de no pocos artículos, y hasta títulos, de la ley fundamental, estos necesarios cambios en las estructuras territoriales quedan pospuestos 'sine die'. La visión roma de los dirigentes de las principales formaciones, incapaces por lo que se ve de mirar a medio plazo -no digamos ya a largo-, se queda en el 22 de mayo y, como mucho, llega hasta la carrera hacia La Moncloa allá por marzo del año próximo. Poco más. Lo que se conoce de los programas electorales es, por regla general, decepcionante: nadie parece darse cuenta de que en el Estado autonómico llamado España, en Europa, en el mundo, se ha iniciado una nueva era y que buena parte de la legislación -- excesiva en tantas cosas, insuficiente en tantas otras-- que rige las vidas de nuestras comunidades autónomas, de nuestros municipios, de la nación, se ha quedado obsoleta. Son muchas las denuncias que podrían hacerse en estos tiempos de crisis: los dislates del 'plan E', que se fue en rotondas de horrible concepción estética, en más polideportivos donde no hay deportes y centros culturales sin cultura, cuando no en farolas que luego el ministro de Industria pretende sustituir...o apagar. Las recalificaciones de terrenos contra toda concepción urbanística. El derroche, la duplicidad de funcionarios y de legislaciones, los viajes 'diplomáticos' de alcaldes y presidentes de autonomías, han constituido escándalos y disfunciones que han hecho que la estructura territorial del Estado necesite un severo replanteamiento, pasando incluso por retoques al Título VIII de la Constitución, dedicado a las autonomías, entre otros. Pero no piense usted que este replanteamiento va a estar en el Comité Federal socialista , ni en la campaña, ni en estas elecciones locales y regionales, ni en las generales de marzo de 2012. Una vez más, necesitaremos que las circunstancias nos arrollen y nos obliguen, tarde y mal, a reaccionar.
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