Un asunto recurrente al hablar de los déficits de la democracia española es el de cuestionar su modelo electoral y de partidos políticos. Es sabido que en el diseño pensado inicialmente en 1977, y que se constitucionalizó posteriormente en buena parte de sus elementos, se tomó como modelo fundamental el de la ley de Bonn de la República Federal alemana y que parecía haber dado buen resultado en conjugar algunos de los principales objetivos que se perseguían: conseguir una dosis importante de representatividad (sistema proporcional corregido en las elecciones al Congreso, y luego reproducido en las elecciones a Asambleas de Comunidades y en ayuntamientos) con una prima a las mayorías para asegurar la gobernabilidad (circunscripción provincial, sistema mayoritario en el Senado, listas cerradas y bloqueadas...).
El sistema que ya de por sí prima a los partidos mayoritarios (tanto a nivel nacional como de Comunidades Autónomas) se ha ido reforzando con medidas tomadas a lo largo de estos más de treinta años que siempre han ido encaminadas a reforzar el control de los mecanismos de acceso al poder por parte de las cúpulas de los partidos mayoritarios. Entre estas destacan las medidas de financiación de los partidos y de las campañas electorales, el acceso en elecciones a los medios de comunicación públicos (¡y muy recientemente a las televisiones privadas!), las normas sobre incompatibilidades (que han hecho que los profesionales de prestigio hayan rehuido en gran parte la actividad política)…
Es ingenuo pensar que los grandes beneficiarios del modelo (los dirigentes de los principales partidos políticos) vayan a cambiar voluntariamente el modelo que les garantiza el poder (bien el gobierno o bien el liderazgo de la oposición) en una especie de turnismo decimonónico remozado. Los sistemas electorales forman parte fáctica del bloque de constitucionalidad y sólo se modifican cuando se producen grandes transiciones (revoluciones o hundimientos de régimen como ha pasado en la historia reciente en Francia o Italia).
No parece que en el corto plazo se den las condiciones para un cambio radical de modelo. Es muy dudoso (aunque no imposible) que las nuevas tecnologías y sus aplicaciones más virales (Facebook y Twitter hoy, quién sabe qué mañana) pudieran vencer el abrumador dominio de la comunicación política, y muy particularmente en campaña electoral, que detentan los partidos mayoritarios. Ello ha impedido que terceras fuerzas políticas hayan podido desarrollar a nivel nacional o de Comunidad Autónoma un nivel de implantación suficiente. (Con algunas excepciones cuyas causas son de difícil tratamiento en este artículo). Se empiezan a producir algunos fenómenos de esta naturaleza en países desarrollados pero todavía es pronto para afirmar su consistencia y viabilidad en el largo plazo.
Dada la nula voluntad de los partidos mayoritarios de renunciar voluntariamente a unas reglas del juego que tan claramente les benefician, la otra alternativa fundamental para alterar el statu quo sería la de alterar las reglas de funcionamiento interno de los partidos. En la medida que los partidos se han institucionalizado de tal forma que se vuelve muy difícil la aparición de nuevas estructuras partidarias, se podría alentar el debate sobre la necesidad de fomentar la democracia interna de los partidos, y sobre todo, la necesidad de que estos se conviertan en un mecanismo de selección democrática de los mejores aspirantes a gobernar la cosa pública.
En esta línea se ha producido en un ensayo parcial en el PSOE con la puesta en marcha de los sistemas de primarias. Es un modelo muy limitado porque el proceso de elección se restringe a los militantes, y suele estar muy controlado por las estructuras partidarias, pero aún así ha producido efectos beneficiosos para el partido: ha provocado en determinadas ocasiones renovación interna, ha movilizado a militantes, ha repercutido en mayor aprecio entre simpatizantes y votantes al considerar que apoyan a un partido más democrático.
Creo, sin embargo, que el modelo de primarias desarrolla todas sus potencialidades cuando se extiende a todos los simpatizantes, (como es el caso de las primarias en el modelo de los Estados Unidos).
Este modelo de primarias “amplio” tiene numerosas virtudes: reduce el poder de las estructuras orgánicas del partido; moviliza a diferentes candidatos que deben afrontar durante un largo período de tiempo y de debate un escrutinio de sus potenciales votantes, lo que favorece la cultura política de la ciudadanía, hace participar a un número elevado de ciudadanos voluntarios en apoyo de sus candidatos,… en definitiva favorece la democracia en su sentido más profundo.
No pretendo que sea fácil implantar en España este sistema, pero estoy seguro que el partido que tenga la suficiente valentía para desarrollarlo conseguiría una ventaja importante de confianza entre los electores y arrastraría a los demás. Con ello ganaríamos todos y creo que mejoraría el aprecio de los españoles por nuestro sistema democrático.
Si (
No(