Disfrutar de un estado de bienestar que garantiza la cobertura universal de nuestras necesidades sanitarias a través de la contribución tributaria es un elemento diferenciador de nuestra sociedad frente a la mayoría de países de nuestro entorno que, además, nos ha llevado a adquirir hábitos poco respetuosos en la utilización de los recursos sanitarios. Además, este sistema universal ha sido cada vez más estimulado y politizado por gobiernos de todos los signos que han aprovechado este discurso para promover la gestión pública de la sanidad en detrimento de la sanidad privada, que en esta lid ha quedado ninguneada y marginada.
Esta situación nos ha llevado a un escenario actual marcado por una crisis de sostenibilidad que lleva siendo tema de debate desde hace mucho tiempo. Generada por elementos vinculados a la coyuntura reciente, tales como la cronificación de las enfermedades, el envejecimiento de la población o el cada vez más elevado coste sanitario, éstos no harán sino agravarse en un futuro, lo que hace necesario de manera urgente un profundo análisis al respecto. Así pues, reajustar nuestro sistema sanitario se ha convertido en una opción ineludible si queremos seguir disfrutando del modelo defendido y disfrutado hasta el momento.
Este camino tiene tres pilares o campos básicos en los que trabajar: esfuerzo en la inversión pública y privada, mejoras en la gestión del sistema sanitario público, y fomento de la formación, educación e información de la población en materia sanitaria.
En el primero de los apartados, se impone aumentar el porcentaje de gasto público en sanidad de nuestro actual 6,5 % al 8 %-9 % de los países de nuestro entorno, si no queremos vernos obligados a analizar, reevaluar y reajustar la realidad de la cobertura del sistema sanitario para ofrecerla en condiciones de igualdad real de prestación para todos los ciudadanos. En esta reorganización del sistema sanitario los recursos de la sanidad privada deben aprovecharse y complementarse de forma sinérgica con los del sector público para optimizar resultados, reducir ineficiencias y duplicidades y beneficiarse de copago voluntario que muchos ciudadanos realizan para descongestionar la sanidad pública, lo que favorece a aquellos que no pueden permitirse estar en dos sistemas. Del mismo modo, dado que la especialización de la medicina, en particular la personalización de los procesos, no va a permitir que las últimas novedades tecnológicas estén al alcance de todo el mundo por igual, cuanta más inversión privada exista mayor alcance en coberturas tendrá el sistema público.
En cuanto a la gestión del sistema sanitario público, su optimización pasa necesariamente por contar con instrumentos que permitan cuantificar y controlar el gasto real del sistema para luego plantearse si su gestión es o no eficaz, así como por aprovechar las sinergias derivadas del elevado volumen de recursos que administra mediante herramientas como la negociación colectiva, la planificación ordenada y la gestión transversal en pro de esta mejor gestión del sistema. En este sentido, los modelos de colaboración público-privado se presentan como fórmulas tan válidas como cualquier otra para garantizar un correcto funcionamiento del sistema sanitario público y, a la postre, su supervivencia.
Por último, impulsar estrategias dirigidas a mejorar la formación, educación e información de la población en materia sanitaria, para que los ciudadanos no olviden que los recursos son limitados, y por lo tanto, que su uso debe ser racional, protegiendo al mismo tiempo sus posibilidades y derechos, es igualmente una medida necesaria y altamente eficaz para controlar y racionalizar la demanda y garantizar la competitividad de nuestro sistema de salud.
Se trata sencillamente de promover un análisis profundo en el que participen todos los grupos de interés del sector con vistas a definir qué modelo de sanidad queremos para garantizar la salud a la que aspiramos, y qué medidas y esfuerzos estamos dispuestos a realizar para lograrlo. Y es el momento de hacerlo, contando, sin duda, con la sanidad privada, dada la aportación fundamental que hace al sistema en términos de calidad, innovación, eficiencia y sostenibilidad. Sin detectar adecuadamente el problema y sin tener en cuenta al sector privado en la aplicación del remedio al mismo, el modelo corre el peligro de sucumbir a los cada vez más acuciantes problemas de sostenibilidad de los que adolece.
La “igualdad efectiva para todos” promulgada en la Ley General de Sanidad de 1986 no tuvo en cuenta avances tales como la Biomedicina o la medicina individualizada, mejoras muy importantes para la salud de la población, pero un coste elevado con el que no se contó al redactar la norma. Se hace necesario pues un reajuste del actual modelo que nos permita beneficiarnos de estos progresos y mantener la cobertura universal sanitaria de la que disfrutamos, cubriendo al mismo tiempo sus costes, para no tener que renunciar ni transformar un sistema sanitario envidiable y referencia a nivel internacional.
(*) Juan Abarca Cidón es abogado y Director General de HM Hospitales
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