El nacimiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Empresariales (CEOE) sucedió un 29 de junio de 1977 y estuvo rodeado de las lógicas prisas por dar respuesta a las demandas sindicales que surgían en aquellos tormentosos momentos de la transición política española. Aquel día, la principal organización que conformaba la nueva gran patronal era la Asociación Española de la Banca, apenas rodeada por algunos fabricantes de papel y cartón (José María Cuevas), de maderas, de harinas y de alfombras, además de unas exangüe pléyade de asociaciones provinciales entre las que destacaban Madrid (José Antonio Segurado) y Barcelona (Fomento del Trabajo Nacional de Cataluña hoy Foment del Treball).
Mirando el acta de constitución, se ve claramente que ninguno de los fundadores eran autónomos y, lamentablemente, 34 años después de aquella fecha los pequeños empresarios siguen brillando por su ausencia salvo en lo puramente nominal. Y es lógico. La CEOE nunca se constituyó para dar respuesta a la realidad empresarial española sino para servir de contrapeso a unas reivindicaciones sindicales que buscaban mejorar la situación laboral de los asalariados.
A unos y a otros nunca les interesó ni les preocupó los autónomos, a pesar de que somos la espina dorsal del tejido productivo de este país. Durante estos años, patronal y sindicatos han estado a otras cosas --diríamos que a sus cosas-- pero aquel primer olvido fue fatal para los autónomos que fueron los eternos ignorados por la legislación y por las administraciones y también fue funesta para la economía del país porque dio inicio a un modelo de relaciones laborales viciado que hoy revela su verdadera cara en medio de la mayor de las crisis que hemos vivido en España. De aquellos polvos hoy vienen estos lodos.
Muchos políticos, la mayoría de presidentes de patronales y algunos líderes sindicales desconocen que sólo tenemos en España 18.000 empresas con más de 100 trabajadores. Incluso apenas si hay 330.000 sociedades que superen los 5 trabajadores. Los restantes 2,8 millones de negocios, dirigidos también por empresarios, tienen entre cero y cuatro asalariados. Más aún, hay 1,8 millones de autónomos que no tienen ningún trabajador a su cargo.
Pero la imagen que algunos han querido dar del tejido productivo de este país es muy distinta a la real y, quizá movidos por el egoísmo, se empeñaron en defender los deseos y anhelos de ese escaso 10 % de grandes y medianas empresas. Mientras, era preferible ignorar las inquietudes y los problemas de la gran mayoría de empresarios, de los autónomos, que poco a poco y cada vez más se iban alejando de las grandes sociedades ya que sus intereses muchas veces eran contrapuestos.
Por tanto, es bueno aclarar que la imagen real del 87 % de los empresarios de este país no es un personaje con un puro en la boca –bueno tal y como se han puesto las cosas, cada vez fuman menos—ni visten traje, ni tienen chófer, ni comen en grandes restaurantes. Suelen llevar un mono de trabajo, un mandilón o una bata. A lo sumo gastan prendas de calle. Ellos no tratan a sus asalariados como si fueran números atendiendo las directrices de complejos departamentos de recursos humanos, sino que trabajan con su personal codo con codo, los consideran compañeros y los llaman por su nombre de pila.
Hay de todo, claro está, pero, en general, les cuesta plantear un despido --salvo que no haya más remedio--, porque en sus relaciones laborales se entremezclan muchas cuestiones de tipo afectivo y porque su coste supone muchas veces tener que hipotecar la vivienda familiar o vender el coche.
Esto me lleva a plantear una cuestión más que tampoco suele ser materia habitual de reflexión entre los agentes sociales: en España hay 18 millones de ocupados de los que, como mucho, sólo 10 millones están afectados por convenio colectivo. Es decir, que hay un mínimo de 8 millones de asalariados y autónomos fuera de las reglas laborales que marcan cada año sindicatos y patronal.
Si, como digo, la realidad empresarial y laboral es muy distinta a la que algunos se empeñan en mostrarnos -porque deja de lado al 80 % de los empresarios y al 40 % de los asalariados-, es lógico afirmar que el actual modelo diálogo social está equivocado. Ésta es la razón de que la reforma laboral esté suponiendo un fracaso ya que no incide en los problemas de la mayoría, es decir, los que tienen los autónomos, insisto: diametralmente distintas a los de las grandes empresas. Es por eso que tampoco tenga sentido el actual modelo de negociación colectiva, porque se echa en falta un régimen especial para las microempresas donde la presencia sindical es nula y las relaciones laborales son diferentes a las de Telefónica o General Motors.
Dejadme que, sobre todo esto, haga una nueva acotación. Es curioso que, por ejemplo, se ignore muchas veces la voz de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA cuando acreditamos -fehacientemente ante el Ministerio de Trabajo- que englobamos y nos respalda el 16 % del total de trabajadores por cuenta propia que hay en España. Sin embargo, es sabido que ninguno de los dos grandes sindicatos apenas sobrepasa el 6 % de afiliación respecto a los asalariados de este país y, en cambio, se les consulta para todo. No digamos ya la CEOE que nunca ha soportado ni fiscalizaciones ni auditorías sobre su representatividad.
Si seguimos sin querer ver la verdadera realidad del tejido productivo y organizativo de este país continuaremos dando palos de ciego, sin crear empleo y sin favorecer la creación de riqueza. Es hora ya de que los autónomos adquiramos nuestra mayoría de edad ante las administraciones y se nos llame a discutir las cuestiones que nos afectan, que preocupan a 3 millones de familias.
Tenemos que estar en los consejos de administración de la mutuas de accidente porque estas entidades de derecho público gestionan todas nuestras prestaciones, tenemos que poder participar en el diseño de las políticas públicas de empleo porque lo generamos y lo mantenemos, tenemos que opinar sobre pensiones porque somos los más afectados por las reformas que el Gobierno ha aprobado y tenemos que opinar sobre impuestos porque necesitamos profundos cambios en nuestro régimen fiscal.
Esto me lleva también a reclamar que se nos deje dar nuestra visión sobre los futuros planes de formación porque, de cada 100 euros que se destinan a este capítulo en España, tan sólo 5 euros se gastan en los autónomos. De ahí la enorme brecha que nos separa en el uso de nuevas tecnologías cuando apenas el 40 % de los trabajadores por cuenta propia usa Internet.
Así no es extraño que sólo el 5,7 % de los jóvenes menores de 30 años se haya lanzado a tener su propio negocio, dado que las políticas públicas están diseñadas para los asalariados y porque no se enseña emprendeduría ni en el bachillerato ni en las universidades.
Los autónomos podemos ser parte de la solución a esta crisis. Pero para ello hay que darse cuenta del peso y del valor que aportamos a la economía. Creo que ya es hora de olvidar viejas fórmulas de diálogo social que sólo sirven de tapón, impidiendo que se revele la verdadera realidad empresarial de España.
(*) Lorenzo Amor Acedo es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA
Si (
No(