Desde que se inició la transición a la democracia, la sociedad española ha mostrado una clara voluntad de recuperar el tiempo histórico perdido, de situar a nuestro país junto a aquellos en los que los ciudadanos disfrutan de mayor libertad y de mayor bienestar. Esta ambición colectiva, que ha estado latente entre nosotros durante los últimos treinta años, y que de ningún modo debe debilitarse, requiere, para producir los resultados esperados, de dos condiciones: confianza, confianza en el país, en nosotros mismos; y una permanente disposición a hacer reformas, a modernizar nuestras instituciones y nuestra economía.
En este sentido, se podría decir que el designio histórico de España, nuestro relato colectivo, nos convierte en un país natural y vocacionalmente reformista. Y que la alternativa a ello sólo sería una nueva e indeseable actitud de resignación o de renuncia. Porque lo cierto es que la sucesión de impulsos modernizadores nos ha permitido seguir hasta ahora una trayectoria nítidamente ascendente, superando para ello los desafíos a los que en diversos momentos de este periodo democrático nos hemos tenido que enfrentar.
Por eso, me parece tan saludable que, emplazados hoy como lo estamos ante uno de esos desafíos, saliendo con dificultad de la peor crisis económica que hayamos sufrido en décadas, surjan iniciativas como ésta, en la que se nos ofrece a los responsables políticos e institucionales, académicos, analistas y creadores de opinión, la oportunidad de evaluar el estado actual de la vocación reformista de España, en el horizonte, razonable, de los próximos veinte años. Una evaluación que debería contribuir no sólo a renovar nuestra ambición colectiva sino también a poner de manifiesto y contrastar los diversos puntos de vista, sensibilidades y acentos concurrentes sobre qué reformas de la más variada índole hay que seguir abordando, y sobre cómo y en qué dirección hacerlo.
Nuestra condición reformista de España
Lo que acabo de indicar sobre la condición esencialmente reformista de la España democrática, que se une a la que, de una forma –a mi juicio- muy evidente, ha caracterizado también, durante estas tres décadas, al propio proyecto político al que pertenezco, me llevó, desde que accedí a la Presidencia del Gobierno en 2004, a promover diversos cambios en nuestro país.
Lo fueron, sobre todo, de carácter cívico-institucional durante la primera Legislatura, y lo están siendo económicos, en su sentido más amplio, en la actual, como respuesta a la crisis, a las lecciones que de ella hay que extraer y a la necesidad de configurar un nuevo modelo productivo, más competitivo, que nos permita 
crecer y crear empleo en el futuro de un modo sostenible. Durante el período democrático, España, en efecto, ha experimentado una gran transformación económica que se ha traducido en una mejora clara del bienestar de los ciudadanos.
En estos 30 años, nuestro país se ha abierto al mundo de manera irreversible; de modo que nuestra tasa de apertura se ha situado en torno al 60 % del PIB y la inversión acumulada en el exterior de nuestros grandes grupos empresariales y PYMES en el 44 % del PIB; a la vez que somos una de las diez economías del mundo más atractivas para la inversión exterior.
Se ha producido una intensa –aunque todavía incompleta– incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que hoy cuenta con 6 millones de ocupados más que en 1978. Y se ha corregido nuestro déficit crónico de capital en infraestructuras, de manera que hoy España posee la primera red europea de autopistas y de ferrocarriles de alta velocidad y una de las redes más completas de aeropuertos, puertos e infraestructuras hidráulicas.
Todo ello ha permitido que el PIB per capita se haya quintuplicado, superando el promedio europeo. Y la posibilidad de desarrollar un Estado de Bienestar homologable al del resto de países de nuestro entorno.
Esta transformación está íntimamente ligada al proceso de modernización económica que ha venido impulsado por la aplicación de programas de reformas en episodios concretos de nuestra historia económica reciente. Es el caso de los Pactos de la Moncloa a finales de los 70; de la reconversión industrial en los primeros 80; de la entrada en la entonces Comunidad Económica Europea en 1986, por la que España pasaba a formar parte de un mercado único de bienes y servicios, personas y capitales; y del posterior ingreso en la Unión Monetaria a finales de los 90, por el que España adoptó la moneda única, el euro.
La transformación de nuestro modelo
El Gobierno que presido trató de recoger, desde un principio, el testigo de ese impulso reformador. Ya en 2004 comenzamos a promover la transformación de nuestro modelo de crecimiento a través del aumento de los recursos destinados a la educación y a la I+D+i, que se han multiplicado por 2 y por 3, respectivamente; al tiempo que hemos impulsado reformas sectoriales en el ámbito de la energía, el transporte y las telecomunicaciones. Todo ello con el objetivo de incrementar la productividad que en el largo periodo de expansión previo a la crisis global registró una tasa de crecimiento de tan sólo el 0,4 % en promedio anual.
En el otoño de 2008, la economía mundial sufrió la mayor crisis económica en 80 años. Una crisis que ha revelado las debilidades de la Unión Económica y Monetaria, el proyecto que compartimos más de 300 millones de europeos. Una crisis que ha revelado, aún más abruptamente, las debilidades del modelo de crecimiento económico español, los desequilibrios asociados a un volumen excesivo de recursos productivos detraídos en favor del sector de la construcción residencial y que ha sido el responsable directo o indirecto del 70 % de la destrucción neta de empleo en este periodo.
A nivel europeo, la crisis nos está conduciendo a un cambio profundo en el sistema de gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, a crear un esquema paneuropeo de regulación y supervisión financiera, a coordinar mejor las políticas económicas de los Estados Miembros y a dotarnos de un mecanismo permanente de estabilidad financiera.
En paralelo a este proceso europeo, España está acelerando la transformación de su modelo de crecimiento.
En el marco de la Estrategia de Economía Sostenible, estamos acometido una profunda reforma de nuestro sistema financiero, modificando el régimen jurídico de las cajas de ahorros e impulsando un proceso de consolidación para que nuestras entidades ganen en solvencia y en capacidad competitiva.
Estamos, igualmente, modernizando nuestro marco de relaciones laborales, con la reforma del mercado de trabajo, y con la reforma de los esquemas de negociación colectiva, de políticas activas de empleo y de formación profesional.
También en el ámbito sociolaboral, y junto a los interlocutores sociales, hemos acordado la reforma que garantiza la viabilidad futura de nuestro sistema público de pensiones.
Hemos aprobado, asimismo, importantes iniciativas legislativas para reforzar la productividad de la economía española, como la Ley de Economía Sostenible, o la trasposición de la Directiva de Servicios a nuestra normativa interna, al tiempo que hemos alineado los incentivos fiscales para promover el alquiler como alternativa real a la adquisición de vivienda.
En junio de 2010, y bajo Presidencia española, el Consejo Europeo aprobó la Nueva Estrategia para el Crecimiento y el Empleo. Un instrumento, más poderoso que los anteriores (Lisboa), que ancla cinco grandes objetivos europeos relacionados con las palancas del bienestar: el empleo; la Investigación, el desarrollo y la innovación; el medioambiente; la educación y la lucha contra la pobreza. Y lo hace, precisamente, con el horizonte 2020. España ya ha articulado su propio proceso de reformas en torno a estos cinco objetivos.
Reformas en todos los sectores
La finalidad, en relación con el empleo, consiste en alcanzar una tasa, entre los 20 y los 64 años, del 74 %; y del 68,5 %, en concreto, para el empleo femenino La modernización del marco de relaciones laborales y el impulso a la formación deben ponerse al servicio de estos objetivos, que hoy, para nosotros, resultan particularmente exigentes.
En materia de I+D, el objetivo consiste en aumentar el gasto total hasta el 3 % en relación con el PIB. Para ello, en España, contaremos, además de con un esfuerzo presupuestario que debe seguir siendo creciente, con una nueva Ley de Ciencia que supone un salto cualitativo para la mejorar la relación de nuestros centros de investigación con la iniciativa privada.
En relación con la sostenibilidad medioambiental, con la energía y el cambio climático, vamos a contribuir en este ámbito al compromiso europeo reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, respecto a 2005, en un 10 % para los sectores difusos, y en un 21 % para los sectores no difusos; elevando la proporción de renovables, en el consumo final de energía, al 20 % y aumentando la eficiencia energética en un 2 % anual.
En materia de educación, España ha asumido el objetivo de reducir el abandono escolar prematuro al 15 % y de alcanzar una proporción de población 30-34 años con estudios terciarios del 44 %.
Finalmente, en materia de inclusión social, España pretende sacar de la pobreza a 1,5 millones de personas. Un objetivo que se halla íntimamente ligado a los de empleo y educación.
Estos cinco compromisos condensan y precisan muy bien la cartografía de la senda de las reformas por la que hemos de transitar en la próxima década. Son 
compromisos que asumimos con nosotros mismos, en primer lugar, pero que también lo hacemos con nuestros socios, en esta Unión económica y monetaria cada vez más ‘perfecta’ que estamos determinados a construir. Por ello, con periodicidad anual, empezando por este mismo 2011, todos los países de la Unión daremos cuenta de las concretas reformas aplicadas para lograr su cumplimiento. Y sobre ellas hemos de ir cimentando nuestra prosperidad futura, que sólo vendrá de la mano de la España de la competitividad y del empleo.
La modernización del modelo productivo español es una condición necesaria de nuestro bienestar y hasta de nuestra buena convivencia convivencias democrática en los próximos años, pero ni una ni otra dependen sólo de aquella. Si hablamos de reformas en serio y en profundidad no nos podemos quedar sólo en el ámbito de las económicas o económico-sociales.
La reafirmación de nuestros derechos
Desde el año 2004, los españoles han visto cómo la legislación venía a reconocer nuevos derechos a los ciudadanos, avanzando en la línea de mandatos constitucionales como el de la igualdad efectiva, la protección de los mayores o el derecho a la vivienda. Es el caso de las nuevas normas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, de la creación de nuevos derechos sociales, como el de la atención a la dependencia, de la nueva regulación del matrimonio y de los procesos de divorcio, de las nuevas medidas de fomento de la conciliación de la vida laboral y familiar, de una política de becas mucho más ambiciosa, de un nuevo régimen del suelo y del acceso a la vivienda, de nuevas prestaciones de la seguridad social… y también de otras más recientes, cuya tramitación se ha iniciado ya y que deben culminar en los próximos meses, como la ley integral de igualdad de trato o la conocida como ley de muerte digna.
La tarea de avance en esos mandatos constitucionales y de afirmación de nuevos derechos no termina, sin embargo, con las leyes citadas. Por el contrario, la sociedad reclama que esas leyes se conviertan en la base sobre la cual afianzar nuevos desarrollos que aseguren una convivencia basada en el respeto a la diversidad ideológica, religiosa cultural y territorial; en la más amplia igualdad de oportunidades; y en la protección de las personas frente a la adversidad.
Dos retos me parecen especialmente relevantes en el futuro inmediato. Y, para ambos, creo que la tarea desarrollada en estos últimos años ha sentado unas bases adecuadas: la inmigración y la atención a los mayores.
Buena parte de los cambios sociales que se han producido en España en la última década puede medirse por la evolución de la inmigración. En primer lugar, desde luego, por el incremento absolutamente extraordinario de las personas que han decidido inmigrar a España. Pero también por su incidencia en la sociedad española y su comportamiento. España es hoy más rica y más capaz de crecer sólidamente gracias a la aportación de los inmigrantes. Y nuestro país está sabiendo asimilar el impacto de diversidad que representa la inmigración, previniendo razonablemente los conflictos sociales y la quiebra de nuestra cohesión como sociedad de acogida.
No es ajeno a ello el esfuerzo desarrollado desde las instituciones para, en primer lugar, asegurar un modelo de inmigración que, pese a lo ocurrido en los primeros años de la década, permitiera un acceso a la regularidad y al estatuto de derechos de ciudadanía. No hay posible integración ni aportación a un proyecto común desde la irregularidad y la marginalidad.
Frente a esos peligros, la respuesta impulsada por el Gobierno desde el año 2004 ha pasado por el refuerzo de las vías regulares de inmigración, adecuadas a la situación económica y laboral de España en cada momento, y, sobre todo, por la definición de un claro estatuto de igualdad en derechos y deberes entre españoles y extranjeros que residen establemente en España.
Sobre esa base, el futuro exige incrementar nuestro esfuerzo en políticas de integración, dirigir nuestra atención a las segundas y terceras generaciones y asegurar que estas sientan España, su sociedad, sus valores constitucionales y sus instituciones, como propias, reaccionando frente a cualquier atisbo de discriminación o exclusión, germen de una peligrosa ruptura de la cohesión y de la convivencia social.
La atención a nuestros mayores y dependientes
La atención a los mayores es también un mandato constitucional que había tenido hasta ahora su concreción básica entre nosotros en el desarrollo del sistema de pensiones, cuyo refuerzo ha sido, por cierto, una de las prioridades máxima de la acción social de mi Gobierno; refuerzo referido tanto en relación con el incremento de la cuantía de las pensiones más bajas como a la hora de afrontar el reto de garantizar la solidez y sostenibilidad futura del sistema.
Pero el sistema de pensiones, que necesita aún de un esfuerzo de mejora en los próximos años para poder equipararlo al existente en los países europeos más avanzados, se ha visto complementado, desde 2007, por un segundo elemento fundamental para los mayores españoles y sus familias: el desarrollo del sistema de atención a las personas dependientes.
El Gobierno lo ha puesto en marcha y ha asegurado su desarrollo y financiación para alcanzar en 2015 a todas las personas dependientes, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley. En el futuro, el Sistema de atención a la dependencia debe estabilizarse, en el marco de nuestro sistema de servicios sociales y sanitarios, y encontrar un modo de gestión homogéneo y normalizado en los próximos años. La experiencia desarrollada debe servir para abordar las reformas necesarias en su funcionamiento y en el marco de cooperación entre las administraciones públicas que está en su base, asegurando el compromiso de todas las administraciones públicas en la satisfacción de un nuevo derecho de los ciudadanos españoles que ya no tiene marcha atrás.
Quizás el reto más importante que tenemos como sociedad para nuestro futuro inmediato es desarrollar un esfuerzo similar en la atención a los jóvenes, un mandato también constitucional que se ve reforzado por la actual situación económica y los cambios en las necesidades y posibilidades que ofrece el mercado laboral y, también, por las inquietudes y demandas de las nuevas generaciones.
En las dos últimas legislaturas, hemos reforzado la atención a la educación, elevando la acción del sistema de becas hasta máximos históricos en España y apoyando muy especialmente la tarea integradora de nuestro sistema educativo. Además, el refuerzo del sistema de formación profesional lo ha convertido, ya hoy, en una opción más demandada y reconocida socialmente como forma de acceso al mercado laboral.
Un gran esfuerzo legislativo
Pero queda mucho por hacer en este ámbito. La ley de Economía Sostenible sienta las bases para profundizar en la vinculación entre formación profesional y sector privado. En este mismo sentido, la Ley de la Ciencia establece una marco de actuación necesario para que el esfuerzo de investigación y excelencia en nuestras universidades e institutos de investigación pueda trasladarse más eficazmente al sector privado, y, de este modo, genere un crecimiento y un empleo de calidad que abra oportunidades a los jóvenes que alcanzan hoy el mayor nivel de estudios y preparación de nuestra historia.
Va a ser un camino arduo porque exige transformar nuestras propias estructuras empresariales, porque exige el máximo compromiso, y capacidad de coordinación, de todas nuestras instituciones públicas.
Son también los jóvenes quienes cada día nos sitúan ante la necesidad de pensar en formas de ordenar los nuevos usos sociales: desde las redes sociales al impacto de Internet sobre sectores como la cultura.
Desde el Gobierno, nos hemos esforzado por garantizar el mayor acceso a la cultura a la vez que la necesaria protección de los creadores. Pero debemos ser conscientes de que nuestro marco de acceso a la cultura está cambiando, ha cambiado ya de hecho, y que no hemos conseguido todavía desarrollar las herramientas necesarias para responder a las demandas de ese nuevo marco. Es esta, sin duda, también, una tarea pendiente para los próximos años.
Las reformas en las Administraciones
Todos estos retos deben abordarse desde un marco institucional que, a su vez, ha evolucionado también considerablemente en los últimos años. Junto a las reformas estatutarias que han venido a responder a las demandas de refuerzo del autogobierno y del reconocimiento de la identidad propia de nuestras Comunidades Autónomas, hemos avanzado considerablemente en el refuerzo de la cooperación entre las instituciones estatales y autonómicas: desde la Conferencia de Presidentes a la participación en asuntos europeos o al desarrollo de servicios y prestaciones conjuntos, como la atención a la dependencia.
Pero el futuro del Estado autonómico requiere intensificar esta acción común y el aprovechamiento conjunto de recursos. Debemos ser capaces de mejorar la eficiencia en el uso de nuestros recursos a la vez que atendemos a la diversidad territorial de nuestro país. De nuevo, las bases para ello están sentadas, y lo que se reclama es, ante todo, una asunción política de esa necesidad de cooperación y una lealtad institucional que, a veces, son difíciles de encontrar.
En cambio, otros tres ámbitos administrativos requieren de reformas más profundas que se sitúan ya sobre la mesa de las decisiones a adoptar a corto plazo.
En primer lugar, el gobierno local, cuya estructura necesita una reconsideración que solo puede hacerse de la mano de un acuerdo fundamental entre Estado y Comunidades Autónomas. Necesitamos gobiernos locales con más capacidad de actuación, y eso exige no solo revisar su sistema de financiación, sino también el propio mapa institucional y territorial del nivel local en España. Se trata de una tarea pendiente, que deberá abordarse en un contexto económico y financiero más estable que el actual. En todo caso, esta es, sin duda, una de las tareas importantes para el inmediato futuro.
En segundo lugar, nuestra administración de justicia. En este ámbito, los últimos años han conocido la aprobación de numerosas reformas que están convirtiendo ya a la justicia española en una justicia más moderna en su gestión, informatizada, con un modelo de oficina judicial más eficiente, con una reducción de la cadena de recursos y, en suma, en una justicia más ágil.
El esfuerzo inversor que ha acompañado estas reformas ha sido muy importante, y debe sostenerse en el futuro. El esfuerzo político de consenso y acuerdo con todos los implicados, también. Pero nuestro sistema judicial, que no ha sufrido reformas profundas en toda la etapa democrática, requiere algo más que una modernización de medios. Y esa es, a pesar de su complejidad y de su dificultad, una tarea esencial para asegurar el futuro de nuestro país, su competitividad y la satisfacción de uno de los derechos más importantes de los ciudadanos, el de la tutela judicial efectiva.
Y, finalmente, la propia estructura administrativa del Estado se encuentra ante una necesaria reforma. Una reforma iniciada ya con el Estatuto Básico de la Función Pública impulsado por el Gobierno que presido. Pero una reforma que requiere transformar el modo de funcionamiento de las estructuras y personas que componen la Administración. Una reforma que sitúe, en primer plano, la eficiencia y la satisfacción de los servicios a los ciudadanos, así como la capacidad de responder a las demandas de un modelo administrativo descentralizado y plenamente integrado en la Unión Europea.
Permítanme que concluya esta reflexión introductoria. Creo haberlo acreditado al frente del Gobierno de España: soy un reformista convencido. Las reformas, de una u otra índole, las cívicas, las institucionales, las económicas y las sociales, crean la necesidad de abordar nuevas reformas porque dilatan el horizonte de nuestras ambiciones, en una suerte de círculo virtuoso que no se puede interrumpir.
Confío en que iniciativas como la de esta obra colectiva nos lo hagan tener muy presente.
(*) José Luis Rodríguez Zapatero es presidente del Gobierno de España.
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