Una encuesta de Antena 3 refleja que el 40 % de los ciudadanos aprueba las protestas del 15M frente a los nuevos consistorios, por no considerarlos representativos de la sociedad civil. La frase “Oé, oé, oé, le llaman democracia y no lo es”, ha resonado con fuerza en las concentraciones por toda España.
Si algo ha quedado claro tras el 15M, independientemente del poco consenso nacional conseguido para las propuestas que hasta ahora se han esgrimido, es que el en un principio heterodoxo movimiento del 15 de mayo ha agitado la conciencia colectiva. A través de las protestas se ha evidenciado que existe una opinión pública mucho más proclive a consensuar lo que nos une que lo que nos desune, que no es sino el descontento respecto a una forma de contemplar la política mucho más amplia que la reducida a gestionar los bienes públicos.
Los ciudadanos contemplan a la clase política como el segundo problema nacional, después del desempleo y por delante del terrorismo, pero por la tendencia que se describe, todo lleva a pensar que encuentran una correlación cada vez más nítida entre el segundo problema y los otros dos, deduciendo que el primero y el tercero son consecuencia de los desmanes del segundo, haciendo suya la frase de que la situación en la que nos encontramos no es casualidad, sino pura causalidad.
Situación actual
Nos hallamos, por primera vez en España, ante la constatación generalizada de una crisis de legitimidad del sistema. A los ojos de muchas personas, el felipismo pudo parecer que pervertía el espíritu constitucional en lugar de evidenciar sus deficiencias. Hoy es evidente que lo perverso es precisamente el espíritu oligárquico que entraña la Constitución del 78.
En España no vivimos en democracia y padecemos las consecuencias. Es más, y lo menciono para aquellos más interesados en las cuestiones prácticas y materiales que en aquellas que se concentran en las razones de carácter formal, no veo posible salir de la nuestra situación de penuria económica y social mientras no se solucione algo tan elemental como lo siguiente: si no conseguimos que nuestros gobernantes dependan directamente del ciudadano y que seamos nosotros quienes les controlemos, es disparatado pensar que éstos vayan a circunscribir sus objetivos en torno a la defensa de nuestros intereses y a la satisfacción de nuestras necesidades. Por auténtica ley de vida, uno responde ante quien sabe que le manda.
Es evidente también quién manda en España. Es decir, los partidos políticos que obtuvieron representación en las Cortes ordinarias del 77 que luego se transformaron ilegalmente en constituyentes. Varias cúpulas partidistas designan el 100 % de los representantes del pueblo mucho antes de que el ciudadano los ratifique en una pura ficción que llamamos elecciones. El ciudadano no elige a nadie, tan sólo presta resignadamente su consentimiento, con la posibilidad de variar entre dos o tres opciones, a las verdaderas decisiones tomadas por la oligarquía del momento.
Un vuelco electoral en una partitocracia no insufla savia nueva en las instituciones. Los nuevos concejales y alcaldes responderán a las mismas premisas marcadas desde los cuarteles generales que quienes les han precedido. No nos engañemos, existen tantas pruebas como queramos ver. La Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento más endeudados corresponden al partido que promete reducir el gasto público. El mismo que va a prestar apoyo a los presupuestos deficitarios de la Generalitat, desafiando el plan de consolidación fiscal que España se ha comprometido ante Europa a cumplir. Es lógico que así lo haga, pues para gobernar nuestro país, Rajoy depende más de CiU que de los españoles, de quienes sabe que, al no poder votar al PSOE de Rodríguez Zapatero por pura higiene mental, le votarán necesariamente a él, haga lo que haga, y sin embargo, si le falta algún escaño para obtener la mayoría absoluta, podrá contar para gobernar España con quienes abominan de ella. Así de sencillo y así de triste.
Además de falsear el concepto de representación, los partidos designan a las altas magistraturas del Poder Judicial, colocan a sus peones en las Cajas de Ahorro y designan a las personas que se encuentran al frente de las principales instituciones públicas, como la Fiscalía del Estado, el gobernador del Banco de España, el Defensor del Pueblo, etc., sin contar en absoluto con la opinión ciudadana.
Necesidades nacionales
España necesita la democracia como sistema que garantice la libertad política al ciudadano para elegir, controlar, sustituir y destituir a sus representantes y gobernantes de forma que dichas facultades aseguren que toda acción política vaya encaminada hacia el bien público.
Necesitamos una verdadera representación de la sociedad civil en el Estado, al mismo tiempo que una estricta división de sus poderes fundamentales. Y necesitamos también reconvertir el legado clásico de la participación a los tiempos posmodernos que vivimos.
Constituye un derecho inherente al ciudadano participar si lo desea en las cuestiones que le afectan y además es la mejor vía para focalizar la acción política en torno a sus intereses. Se puede defender esta postura sin temor a encontrarnos en inferioridad de condiciones frente a cualquier otra, incluida por supuesto la aristocracia y el elitismo pluralista de base schumpeteriana.
En una oclocracia como la que vivimos, donde la mediocridad de los dirigentes es la verdadera moneda de cambio, la participación ciudadana cobra, todavía más, una importancia capital. La sociedad civil tiene demostrada capacidad para distinguir lo que le conviene de lo que no le conviene. Y dispone de líderes sociales mucho mejor formados que los tristes cuadros de funcionarios de partido que acaban siendo el engranaje perfecto del parlamentarismo de listas de partido. No contar con una bien organizada participación ciudadana es un grave error práctico y una enorme deficiencia democrática.
Transcurridos más de treinta años, parece obvio que la Constitución española es incapaz de garantizar estos principios observados. Y a mi juicio, también resulta patente que en el fondo de las protestas del 15 de mayo subyace el sentimiento de querer acercarse hacia estas metas, aunque no se haya acertado, de momento, en la estrategia, por haber entremezclado las demandas democráticas con las propuestas de carácter económico.
Para llegar a tal situación, se hace necesaria la unión de todos los españoles en aras a modificar las reglas de juego engañosas que tenemos y convertir a la clase dirigente en clase diligente. Para hacer del mandatario político, un mandado del ciudadano.
En este proyecto inicial, consistente en cuestionar lo existente y deliberar en libertad sobre las distintas soluciones que se propongan a nuestro problema de déficit democrático, hemos de unirnos todos los españoles, de izquierda y de derecha, centralistas y federalistas, republicanos y monárquicos, laicos y religiosos, tradicionalistas y posmodernos, ecologistas, etc. Y convocar un referéndum oficioso a escala nacional cuyo clamoroso éxito abra las puertas a un proceso constituyente que conquiste la libertad política.
(*) Lorenzo Abadía. Doctor en Derecho. Autor del Libro “Mando a distancia. Herramientas digitales para la Revolución democrática”.
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