Garzón, víctima de un ajuste de cuentas

Ahora se marcha a dirigir la Cátedra de Derechos Humanos que un viejo judío multimillonario, de esos que sólo existen en Estados Unidos, le ha montado en una Universidad de Seattle. Poco más se puede decir de los tres juicios a que ha sido sometido y que con precisión matemática los magistrados de la Sala de lo penal del Supremo han cumplido: condena en el caso de las escuchas del Gürtel, con una sentencia de libro, alabada por todos los juristas sin corazón; prescripción en el caso de los cobros ilegales realizados a través de la Universidad de Nueva York, que era el más incómodo para los jueces porque de haberse celebrado hubieran salido muchos nombres de magistrados del supremo que han cobrado u sigue cobrando de entidades financieras y de otros lugares no demasiado claros por conferencias o asistencia a actos; y, por fín, la absolución en el asunto de los crímenes del franquismo, donde se le dice claramente que lo ha hecho todo mal (¿igual que cuando ilegalizó Egin, o cuando metió en la cárcel a la dirección de Herri Batasuna, con el apoyo de todos los que ahora le condenan?), pero que lo hizo sin intención de prevaricar.

Es decir que lo que en el caso Gürtel se le considera hecho aposta, con premeditación, en el del franquismo fue porque no sabia lo que hacia. Que el juez estrella de la Audiencia nacional es un mal instructor es algo que se conoce desde que dió su primeros pasos en la lucha contra la droga, metiéndose en berenjenales donde nadie se atrevía a hacerlo y llevando a muchos narcotraficantes a las cárceles de donde luego sus compañeros de Sala los sacaban con el mismo argumento: el sumario se ha instruido sin garantías o con falta de pruebas. Pero nadie dijo entonces nada porque la policía era incapaz o no quería luchar contra el tráfico de drogas y muchos políticos, especialmente en Galicia y en otras regiones, tampoco.

El contrabando de tabaco y luego el de drogas era una actividad comercial casi normal hasta que Garzón instruyó los casos Nécora, Pitón, etc, y se inventó la fórmula del narco arrepentido, sin que nadie le apoyara. Cuando Garzón inició la investigación de los crímenes del GAL volvieron los aplausos de la misma derecha que ahora le ha condenado por acusar a dirigentes del PP en el caso Gürtel, ya que en esa ocasión les sirvió para echar a Felipe González del Gobierno.

Menuda cara se le puso al juez estrella cuando el propio presidente del Gobierno socialista le propuso en una finca de Toledo, donde les reunió José Bono, que le acompañara como número dos de la lista por Madrid e incluso le ofreció entrar en el siguiente Gobierno para limpiar las cloacas policiales del estado. Picó y a los dos años tenía que irse por la oposición de casi todo el PSOE de que pudiera entrar a saco en la depuración. De ahí vienen sus odios con la entonces secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, que ha estado empujando con todas sus fuerzas en el Poder Judicial hasta ver al magistrado condenado. Por no hablar de los favores realizados al Gobierno de Aznar en la persecución de todo tipo de organización que tuviera la más mínima convivencia con ETA. Desde familiares a organizaciones juveniles, periódicos o empresas, todas fueron criminalizadas por Garzón, unas con motivo y otras sin él como se ha demostrado en las sentencias absolutorias finales, mientras especialmente la derecha del PP le aplaudía sin cesar. Hasta que llegó el “caso Gürtel”, que ha sido la perdición de Garzón: su atrevimiento a meterse en los entresijos de la corrupción política, que no solo afecta al PP, por supuesto, pero que fue finalmente su perdición, especialmente cuando en el propio PSOE comenzaron a surgir las dudas sobre volcarse en el Gürtel, máxime cuando desde las filas de la derecha comenzaron a sacarle temas como Ciempozuelos, Andalucía, y amenazarle con muchos más. Pero donde más ha notado el juez Garzón la animadversión de la profesión y de los políticos de ambos bandos, implicados directamente en la famosa Ley de Amnistía, que hizo borrón y cuenta de nueva de los crímenes del franquismo, ha sido su intento de intentar hacer un juicio a la dictadura, no solo por los años de la guerra, sino hasta 1975. La misma izquierda que le aplaudió cuando perseguía Pinochet o a los militares argentinos, son los que se cerraron en banda a que en España se reabriera el caso de Franco. Prueba de la unanimidad de la derecha e la izquierda en este caso ha sido que mientras la demanda inicial contra Garzón fue presentada por los ultras de Manos Limpias, y luego Falange, la instrucción del asunto fue llevado por un destacado miembro de Jueces por la Democracia, Luciano Varela.

De esta pinza no podía librarse el ex juez estrella de la Audiencia Nacional. Perdido el apoyo socialista, donde ni Zapatero ni Rubalcaba que lamentan ahora su “pérdida” hicieron nada por atajar la caza a Garzón que a la que se habían unido parte de sus jueces, la condena estaba servida y solo era cuestión de decidir los tiempos y los motivos. Alia jacta est. No importa, en este caso, que la Justicia española haya quedado malparada internacionalmente o que todo el mundo en España sepa que ya es imposible investigar judicialmente la corrupción política o que la derecha haya demostrado que sigue siendo franquista en el fondo. Lo importante era quitarse de en medio a un antiguo colaborador del régimen que había empezado a salirse del tiesto y que removía las aguas pantanosas.