Gestha considera que esta medida "no es oportuna", pues alejará todavía más el cumplimiento del déficit "sólo por favorecer el juego y a unos pocos agraciados", y recuerda que Bruselas ya corrigió al alza sus estimaciones para el desvío presupuestario de España, que cerraría 2018 en el 2,6%, cuatro décimas por encima del objetivo pactado con las autoridades comunitarias.
En este sentido, señala que esa corrección se produjo sin contar los aproximadamente 1.500 millones de euros extras que costará ligar la subida de las pensiones al IPC, a lo que se comprometieron el Gobierno y el PNV de cara a la aprobación de los PGE; ni el repunte que está experimentando el precio del petróleo durante las últimas jornadas, lo que también dificultará el saneamiento de las cuentas públicas.
Si finalmente se aprueba la enmienda al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, la nueva exención se aplicaría también a los premios de las comunidades autónomas, así como a los de Cruz Roja y la ONCE.
Los técnicos destacan que se trata de "un pacto sorpresivo, de una medida de última hora que ni siquiera figura en la actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021 que recientemente envió el Gobierno a Bruselas", y critica que 40.000 euros es una renta "lo suficientemente significativa como para tener que tributar por ella, independientemente de que se haya obtenido por el azar o por el esfuerzo diario de trabajadores o de autónomos".
De igual modo, apunta que los declarantes que ingresan rentas por debajo de los 40.000 euros (futuro umbral exento de loterías) son 17,9 millones de personas, es decir, el 92,3% de los declarantes del IRPF.
Por último, avisan de que esta medida puede abrir una puerta para que el lobby del juego privado, que en 2015 movió más de 23.200 millones, pida una mejora equivalente en la tributación de sus premios, lo que supondría "otro agujero en la recaudación de las arcas públicas", así como un incremento de las externalidades negativas en lo referente al fenómeno de la ludopatía, con su correspondiente coste social.
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