Los sindicatos dan palos de ciego

Uno de los aspectos más importantes de la gran manifestación convocada por la plataforma Cumbre Social, que reúne a sindicatos y decenas de asociaciones sociales, ha vuelto a ser la falta de un objetivo claro por parte de los dirigentes de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, que une y otra vez intentan recuperar la iniciativa política que perdieron tras el estallido del 15-M en el año 2011 y de la salida a la calle masiva de los funcionarios –muchos de ellos de derecha- que se produjo tras el anuncio de Mariano Rajoy, a principios de verano, de suprimirles la paga extra de Navidad.

La derecha española, tras su holgada victoria del 20-N, donde consiguieron la mayoría absoluta con un programa que han ido violando desde el primer día, estaba convencida de que el desprestigio que habían acumulado la socialdemocracia -especialmente el PSOE, pero también IU- y los sindicatos, hacia posible prescindir de ellos para gobernar, con mano de hierro, España.

La única duda era, según un dirigente del PP, el papel de los nacionalistas, con un Bloque Nacional Galego, totalmente descabezado, una Bildu amenazante tras el éxito electoral de las elecciones municipales, un PNV que sigue utilizando el doble lenguaje ya sea en Madrid o en el País Vasco, y una Cataluña que sigue siendo, como decía Pujol, una “máquina de hacer catalanes”.

Estas tesis de la derecha se convirtieron en una realidad evidente en los seis primeros meses del Gobierno de Rajoy –justamente hasta la revuelta de los funcionarios, la huelga de los mineros, el aniversario del 15-M y las acciones de los jornaleros andaluces- ya que gran parte de los ciudadanos colocan en la misma balanza al PP con el PSOE y en una menor medida con IU y los sindicatos. Además, el Gobierno del PP parecía haber encontrado un buen aliado táctico en el presidente catalán Artur Mas que en muchas de sus medidas de recortes sociales se había adelantando a Rajoy. “Al final, Mas es más de derechas que catalán”, decían los líderes del PP.

Las protestas populares de antes del verano –incluidas las que se hicieron en Cataluña contra el Gobierno de Mas- llegaron a asustar un tanto al Gobierno central que tuvo que articular un cambio radical en la actuación de la policía antidisturbios, temeroso el ministro de Interior, Jorge Fernández, de que los excesos que se cometieron en los primeros meses –lo de los estudiantes valencianos pudo acabar en tragedia- provocaran levantamientos populares, todo a ello a pesar de que en los meses anteriores a la victoria del PP desde las cavernas mediáticas de la derecha e incluso desde el Gobierno de Madrid, léase Esperanza Aguirre, se pedía “mano dura” contra los manifestantes.

El problema de la Policía es que para “negociar” las manifestaciones necesita interlocutores claros en la otra parte y tanto en el 15-M, como entre los mineros o los funcionarios, no había dirigentes conocidos con los que cuales llegar a acuerdos. En definitiva, el Gobierno comprendió enseguida que necesitaba a los dirigentes sindicales para que las “manis” no pusieran en peligro el orden público. La nueva táctica del Gobierno dio sus frutos en la marcha de los mineros a Madrid, donde en todo momento fueron escoltados por la policía.