El miedo a las urnas que todos ocultan

Desde la derecha, en la que hay que meter a los nacionalistas vascos del PNV y a los catalanes del PdeCat, no pasa día en el que no demanden al presidente del gobierno la convocatoria de elecciones generales o amenacen con obligarle a ese trámite, ya sea por la aprobación o no de los Presupuestos Generales, por la situación de Cataluña y el fantasma del artículo 155, o por la acumulación de dimisiones y acusaciones hacia miembros del Gabinete.

A la cabeza de las demandas están Pablo Casado y Albert Rivera. Lo que dicen y lo que desean son dos cosas muy distintas. Hablan para su electorado pero, de verdad, prefieren que la Legislatura se alargue lo más posible para que, mientras tanto, comprueben en otros y en otros ámbitos su propia fuerza como líderes.

Al nuevo presidente del PP no le apetece tener que poner en juego su cargo y su futuro en unas elecciones generales en las que según todos los sondeos su partido va a perder votos y escaños. Si sólo sucediera eso, sería malo pero pasajero, el problema está en la posibilidad cierta de que Ciudadanos le adelante y se convierta en segunda fuerza política. Es más que posible que Casado no resistiera y que sus enemigos internos demandaran otro cambio en la presidencia de los populares, empezando por José María Aznar y terminando por Núñez Feijóo, con los adormecidos miembros estrella del último gabinete de Mariano Rajoy.

Desde Ciudadanos como grupo y de Albert Rivera como líder ocurre lo mismo. Hasta ahora sus pretensiones de adelantar al PP han fracasado en las urnas y por dos veces. Creen que tienen otra oportunidad, pero Rivera prefiere que llegue - si es que lo hace - tras pasar por la criba de los comicios en Andalucía y en las municipales y autonómicas del próximo mayo. Si el 2 de diciembre Juan Marín, su candidato a la presidencia de la Junta, se coloca por delante del popular Juanma Moreno, tendrá discurso de futuro presidente de España o de compañero de gobierno de un PSOE en minoría. Si se adelantaran las generales y siguiera en tercera posición por tercera vez y ante otro candidato del PP como es Casado su crédito y su futuro se verían más que comprometidos.

El caso de los nacionalistas es parecido, con matices importantes y diferenciadores. Al PNV no le interesa poner en cuestión sus actuales pactos con el gobierno central. Ni los que consiguió con Mariano Rajoy, ni los conseguidos con Pedro Sánchez. Sus seis diputados valen su peso en oro, pero si las urnas cambiaran el mapa y la futura mayoría parlamentaria no dependiera de ellos, sus demandas y exigencias perderían fuerza. Y mucha. Van despacio pero seguro, consiguiendo ventajas sobre ventajas y sin alarmar en demasía.

En el seno del nacionalismo catalan de derechas la situación es más compleja por la propia división en la que viven por la falta de un liderazgo claro - no lo tienen desde que se marchó Jordi Pujol - y por la acumulación de escándalos, corruptelas y situaciones jurídicas y legales en las que se mueven. Ni Puigdemont, ni Torra son capaces de negociar en nombre de la amplia y moderada burguesía catalana; y su distancia respecto a ERC, su compañero de aventura, se irá alargando en el transcurso de los meses. Los unió el maximalismo de la independencia y poco más.

En el ámbito de la izquierda ocurre lo mismo, empezando por el PSOE, dentro del cual no existe la paz y la concordia de la que aparentemente hacen gala. Parece que las encuestas les sonríen y que tras la conquista del poder por Pedro Sánchez puede regresar a los 120 escaños en unas elecciones generales. Saldrían del agujero en el que les metieron las dos últimas citas con las urnas, pero tendrían que poder gobernar. A Sánchez no le bastaría con ganar - algo que no tiene seguro - tendría que mantener el poder con nuevas negociaciones más complejas que las que le llevaron en junio a La Moncloa.

Prefiere, por tanto, que sea en Andalucía y en el resto de las Comunidades en las que se pruebe la nueva y recobrada fuerza de sus siglas. Si no es así, siempre puede culpar a sus compañeros autonómicos, desde Susana Díaz a Emiliano Garcia Page, sin olvidar a los principales alcaldes. Diciembre y mayo como dos enormes encuestas y un tiempo que necesita para afianzarse ante los españoles y el resto de Europa. Con un añadido personal para no convocar elecciones generales anticipadas: a nadie le gusta perder el poder tan trabajosamente conquistado en unos pocos meses.

Lo que en el PSOE y en Pedro Sánchez es esperanza de mantener el poder y el claro liderazgo en la izquierda, en Podemos y Pablo Iglesias es incertidumbre. Han conseguido, por fin, ser “partido de gobierno” pese a no participar en él, tal y como no se cansa de repetir el líder. Situación que cuanto más dure, mejor, salvo que tuvieran la convicción de que van a ganarle a los socialistas, algo que no parece que puedan conseguir.

Si Podemos baja en votos y en representación parlamentaria, mejor que lo vaya haciendo a nivel autonómico y local que no en el estado. Es la lógica aplastante de Iglesias. Y para empezar - y con las diferencias y divisiones internas en torno a las corrientes que lo habitan, con Anticapitalistas al frente - Andalucía reúne todas las características: puede ser un laboratorio para un futuro gobierno de unidad o puede que Teresa Rodríguez se estrelle y le permita a Iglesias confirmar ante los suyos que la moderación es el camino. Y en mayo de 2019 más de eso mismo.

Hecho el recorrido por todos los dirigentes de los grande grupos que tienen representación parlamentaria, la conclusión sólo puede ser una: digan lo que digan en público, desean lo mismo: que sean otros los que se examinen en las urnas.