En esa semioscuridad que producen las convocatorias electorales, el juicio del “Process” avanza y comprobamos que cada ojo de los implicados lo veía de forma muy distinta. Cien miradas y cien formas distintas de ver y entender lo que ocurrió entre junio y octubre de 2017
Los doce que se sientan en la Sala del Supremo no son ni de lejos los “Doce del patíbulo” que llevara al cine Robert Aldrich en 1967 con Lee Marvin, Donald Sutherland y Charles Bronson de principales protagonistas. Aquellos eran criminales confesos y condenados dispuestos a luchar por una futura libertad si conseguían sobrevivir en su lucha contra los nazis. Allí hubo tiros y muertos por doquier en la ficción cinematográfica.
Estos, con Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Raúl Romeva a la cabeza son confesados independentistas que esperan una previsible y dura condena al estar la mayoría acusados de rebelión por el juez Pablo Llarena y con los cuatro fiscales ( Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno ) que mantienen las directrices de la Fiscal general, María José Segarra, y el teniente fiscal, Luís Navajas. Aquí estamos en el momento clave de saber si para la Justicia hubo violencia para intentar separar a Cataluña de España o se trató de una serie de manifestaciones orales en el Parlament y con ocupación de calles en varias ciudades.
Lo más probable es que sean cuales sean las sentencias el camino de los tribunales será largo y conflictivo, con los mismos ojos mirando de forma muy diferente los mismos hechos. Pasaremos del Supremo al Constitucional y de éste a Estrasburgo, un tiempo de espera que los futuros condenados - al margen de las penas impuestas - podrán tenerlo en prisión o en libertad y ya aún más divididos en lo político, en lo partidista y en lo personal.
Los testigos son importantes, tanto los que presenciaron y provocaron los acontecimientos como los que de forma indirecta tuvieron importancia decisiva en los hechos, desde los agentes de las fuerzas de seguridad del estado a los políticos que, como el lendakari Urkullu, participaron en los contactos para evitar la Declaración unilateral de independencia, la aplicación del 155 y la posibilidad de unas elecciones autonómicas que supusieran, de hecho, una gran encuesta sobre los deseos de los ciudadanos catalanes.
El factor fundamental es el tribunal, desde el presidente a los otros seis membros del mismo. Los siete tienen una larga experiencia en la Judicatura, quieren aplicar la Ley y partimos de que intentarán ser justos. Las diferencias están y estarán en su interpretación de los textos que definen pruebas, testimonios y las correspondientes penas.
Manuel Marchena, presidente y ponente, estuvo a punto de no serlo tras el ofrecimiento de que pasara a ser la cabeza del Consejo General del Poder Judicial. Rechazói la propuesta y desde su caracterización como moderadoi ya ha demostrado que quiere que el juicio sea rápido para que no se mezcle con el proceso electoral.
Moderado es considerado Andrés Martínez Arrieta mientras que tanto a Antonio del Moral como a Juan Ramón Berdugo y a Andrés Palomo del Arco se les asigna un talante más conservador. Y en el lado opuesto a Luciano Varela y a Ana Ferrer - la única mujer en el tribnal - se les coloca en el ala progresista de la Magistratura.
Del equilibrio en la interpretación de la Ley dependerá que a Oriol Junqueras le condenen a 25 o a 12 años; que a Josep Rull, Raülk Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa y Joaquín Forn les caigan 16 u once años; que Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell se mueven entre 17 y 10; mentras que a los otros como son Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila la Fiscalía les mantiene la misma petición, siete años.
Y siempre quedarán a la espera de lo que decidan sobre su propio y singular futuro los siete fugados, huídos o “refugiados políticos” como gustan de considerarse, desde Carles Puigdemont a Anna Gabriel pasando por Meritxell Serret, Antoni Comín, Lluis Puig, Clara Ponsatí y Marta Rovira. Podrán volver a España y con toda seguridad ser detenidos, procesados y juzgados o permanecer en Bélgica, Escocia y Suíza durante muchos años. Es otra parte de la misma historia.
Está en juego la credibilidad de nuestro sistema judicial, de su independencia respecto a los poderes políticos, de la vigencia de nuestras leyes y la propia imagen de la España democrática en el mundo. Doce personas se están jugando su libertad, y otras siete su “exilio” o su aceptación de las reglas del juego con su regreso a sus hogares. Por medio se quiera o no existen cuatro elecciones en apenas tres meses y un problema de estructura política y social que estev país nuestro lleva arrastrando desde hace trescientos años respecto a una parte de su territorio. Y al que en algún momento habrá que intentar dar una solución para evitar que la sentencia de Ortega y Gasset sobre Cataluña siga de plena vigencia dentro de otros trescientos años: es un problema sin solución.
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