Más allá de las protestas por la detención de Pablo Hasél en las calles de las principales ciudades españolas, que resaltan aún más las diferencias de criterios y programas del PSOE y de Podemos, amplificadas además por los grandes medios de comunicación, lo que se está vislumbrando en el horizonte político español es una encrucijada de caminos en la que tanto Sánchez como Iglesias tendrán que decidir el camino a seguir cada uno.
La situación es muy parecida a la que sufrió el Gobierno de Zapatero en 2011 cuando decidió achantarse ante las exigencias de los hombres de negro, BCE, FMI y Comisión Europea, para reformar el artículo 135 de la Constitución y primar la estabilidad presupuestaria. Una decisión que a la postre provocó el hundimiento del PSOE en las elecciones del 20 de noviembre de ese mismo año.
Tanto Sánchez como Iglesias han primado en su programa de gobierno de coalición la lucha contra las desigualdades sociales y la eliminación de todas las leyes y trabas para lograr una democracia plena, como la libertad de expresión o incluso la posibilidad de que se puedan celebrar referéndums de independencia.
Tras un año de gobierno y en medio de la pandemia, el camino se ha llenado cada vez de más dificultades hasta el punto de que incluso surgen discrepancias entre sectores sociales que antes estaban en plena sintonía con los dos partidos de Gobierno.
Ese es el caso de la leyes de igualdad y de tránsgénero, donde, especialmente en esta última las divergencias entre feministas y transexuales ha llegado incluso a los tribunales. Con las primeras se alinea la vicepresidenta Carmen Calvo, y con las segundas la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ambas encabezaron hace un año el 8 de marzo la polémica manifestación feminista y ambas cogieron el Covid.
En el caso de la Ley mordaza poco o nada ha hecho el Gobierno de coalición para eliminarla, lo mismo que la reforma del Códigho Penal para despenalizar las críticas a la Corona o a otras instituciones del Estado, cosa a la que se oponen importantes sectores de las "fuerzas vivas".
Con la "Iglesia hemos topado" cuando el gobierno ha sacado adelante la Ley Celaá que pone pequeños impedimentos a la financiación estatal de las escuelas religiosas que patrocinó en su momento el Gobierno de Felipe González.
Si a eso se suma, los tímidos intentos del Gobierno para recuperar parte de las propiedades de las que se venido apoderando la Iglesia durante los mandatos de Aznar, Zapatero y Rajoy, es un milagro -seguramente atribuible al Papa Francisco- de que no haya estallado de nuevo la guerra con los obispos como en tiempos de ZP por el matrimonio homosexual.
En cada uno de estos puntos y en otros muchos más, se abre a cada momento la encrucijada de qué camino seguir, si el de romper con el pasado o rendirse ante las evidencias de los muchos baches que hay en la carretera.
Se da por hecho de que si Sánchez no dependiera de Podemos hacia tiempo que hubiera renunciado a seguir adelante con su programa progresista, pero eso tampoco está tan claro, ya que una gran parte de su electorado -no tanto su partido- es el que le ha empujado precisamente en esa dirección.
Lo mismo le pasa, en otro sentido, a Pablo Iglesias, ya que cualquier concesión ante el sistema le puede restar apoyos de sus votantes que paradójicamente le respaldan más cuanto mayores son los ataques de los grandes medios de comunicación. El problema es cuantoi podrán aguantar los dirigentes morados tanta presión mediática
Tanto uno como el otro están condenados a sostenerse uno al otro que solo un cambio de la noche a la mañana del presidente socialista podría romper, sabiendo que Iglesias no podría apoyar en ningún caso una moción de censura contra él. Pero en ese caso, Sánchez repetiría con casi total seguridad el camino que Zapatero emprendió en agosto de 2011, para dar la victoria a Rajoy, en este caso a Casado.
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