“El Plan de Recuperación y Resiliencia ha sido concertado por el Gobierno con los principales grupos de capital del IBEX 35 y sus grandes consultoras, sin transparencia, sin participación social, sin control público ni parlamentario”, afirman desde el grupo ecologista español.
Para los ecologistas se trata en realidad de una operación de rescate público favorable a los grandes capitales privados, especialmente las grandes empresas financieras, energéticas, tecnológicas, constructoras y de la industria de la automoción.
Un plan que, bajo la proclama del ‘crecimiento verde y digital’, infla nuevas burbujas especulativas, como el vehículo eléctrico, el hidrógeno verde, las baterías, los megaproyectos de energías renovables del oligopolio energético y del sector inmobiliario, la digitalización de la agricultura y del turismo masivo. Burbujas que necesitan enormes cantidades de recursos materiales y combustibles fósiles, y que acelerarán la crisis sistémica actual.
El Plan responde así a una nueva estrategia de acumulación y recomposición del capital financiero a costa del sobreendeudamiento público, y reforzará la privatización y su control sobre sectores estratégicos (agua, energía, minerales, tierras).
Ecologistas en Acción recuerda que “los primeros 69.500 millones de euros aprobados para el Estado español, dentro del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, bajo los eufemismos de ayudas europeas o transferencias no reembolsables, no serán gratis para la ciudadanía, aunque sí para los beneficiarios privados”.
Además, “la llegada de estos fondos está condicionada a la ejecución de una batería de recortes sociales –afirman los ecologistas-. Los que incluye el Plan y los exigidos por la propia arquitectura económica de la UE –que llegarán por fases– a la vez que su devolución a los mercados de capitales internacionales. Se realizará fundamentalmente mediante contribuciones adicionales de los Estados miembro al presupuesto comunitario (es decir, dinero adicional de los contribuyentes) y unos nuevos impuestos que están, en su mayoría, por definir”.
La organización manifiesta su oposición a esta “nueva ofensiva del capitalismo verde y digital” y plantea un Plan urgente de transición ecosocial, en el escenario de crisis social, ecológica y de decrecimiento de recursos energéticos y materiales. Concretamente plantea las siguientes propuestas:
– Rechazo a los fondos NGEU y a los programas de rescate con dinero público a empresas multinacionales.
– Realización de una auditoría independiente de los rescates públicos que el Gobierno ha concedido a grandes empresas, para identificar las deudas ilegítimas.
– Eliminación del papel protagonista de la banca privada y del sistema financiero como intermediarios en la gestión de la crisis.
– Priorización del financiamiento público mediante la reorientación de partidas no sociales de los presupuestos, con la aplicación de medidas fiscales sobre las grandes fortunas y con una reforma fiscal ambiental.
Realización de reformas estructurales y políticas, que faciliten el decrecimiento ordenado e igualitario, tales como:
- Desprivatización y desmercantilización de los servicios esenciales (educación, salud, pensiones, cultura) y ámbitos estratégicos (energía, vivienda, banca, agua, alimentación, transporte).
- Plan de transformación y relocalización del sistema económico, productivo y comercial con objetivos sociales, climáticos, energéticos y ecológicos vinculantes en 2025.
- Reparto del trabajo, disminución de la jornada laboral y renta garantizada.
- Protección y gestión de los ecosistemas terrestres y marítimos de valor natural, en la clave de la soberanía alimentaria y energética.
- Acceso a la tierra y a los medios para la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico y fortalecimiento de los canales cortos de comercialización para las empresas agrícolas familiares y los pequeños productores.
- Moratoria al despliegue del 5G.
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