Son veinte nombres. Todos tienen grandes carreras jurídicas a sus espaldas. Los veinte fueron elegidos por el Congreso de los Diputados. Deberían haberse marchado de sus puestos hace 34 meses. No quieren y no les dejan. Veinte disparos contra España y su democracia.
El Congreso y el Senado son culpables desde la política. Llevan así desde hace 35 años, tras el primer desencuentro entre Felipe González y Manuel Fraga, perpetua de pro Aznar, Zapatero y Rajoy. El propio Consejo desde la Judicatura bajo la apariencia de impedir un vacio constitucional, que siempre se ha solucionado. Las poderosas Asociaciones judiciales están detrás del escenario.
Podrían dimitir en Bloque y crear una crisis institucional que obligara a Sánchez y Casado a ponerse de acuerdo o cargar con la vergüenza. Su presidente, Carlos Lemes ha dicho que no lo harán para no dañar a la democracia. Se olvida que un antecesor suyo en el puesto, Pascual Sala, lo llevó a Cabo y obligó a los partidos a pactar ante el “agujero” que se había creado en uno de los tres pilares de la Democracia.
El presidente del PP pone como condición un cambio previo que no aparece en la Constitución por más que intente acogerse a ella. El presidente del Gobierno quieren primero el acuerdo para cambiar el Consejo y luego se hablará de las modificaciones del sistema.
Tres culpables que se lanzan las culpas unos a otros. Lesmes - que pudo haber sido cambiado por Manuel Marchena junto a los otros diecinuve compañeros en un primer acuerdo entre PSOE y PP - hace de presidente/portavoz y cierra la posibilidad de una dimisión en bloque.
Casado insiste en que quiere que sean los jueces quieres elijan a su Consejo, sin detallar la fórmula de elección de los 12 jueces y magistrados que aparecen en la Constitución, al margen de los 8 que deben elegir entre el Congreso y el Senado.
Los 20 forman el Consejo General del Poder Judicial, una institución “peculiar” creada en nuestra Constitución para separar los poderes y dar más libertad a los jueces. Al principio eran 8 personas de reconocido prestigio en el mundo judicial los que elegía la clase política a través del órgano de la soberanía nacional que son las Cortes Generales. Los otros doce los elegían los jueces.
Así funcionó durante los primeros cinco años, de 1980 a 1985, el tiempo de sus mandatos. Luego, con el PSOE en el poder, Felipe González de presidente y Fernando Ledesma de ministro de Justicia, se cambió la fórmula, Avalada por el tribunal Constitucional a solicitud de la entonces Alianza Popular de Manuel Fraga.
Los doce miembros provenientes de la Magistratura, en todos sus niveles, los eligirían también las Cortes. El PSOE de las mayorías absolutas pactó con el primer partido de la oposición el reparto de los sillones: 14 para los nombres que proponían los socialistas; seis para los que iban a “representar” a la oposición conservadora.
Durante quince años el sistema se mantuvo. Los dos grandes partidos sumaban los tres quintos necesarios y terminaban poniéndose de acuerdo. En 2001, con el PP en el Poder, con José María Aznar de presidente, y Alberto Ruíz Gallardón como ministro de Justicia, se volvió a cambiar el sistema. Se mantuvo la elección de los 12 magistrados por el Parlamento pero debería hacerse entre los 36 nombres que propuiseran las Asociaciones de jueces. Un Matiz que mantuvo a la política y a los partidos como parte esencial del control del sistema judicial.
Para llegar a ese número de 36 se adoptó un camino que favorecía alos jueces que pertenecíán a alguna asociación, pese a que la mitad de ellos no pertenece a ninguna. A la Asociación Profesional de la Magistratura se le asignaron diez; a la de Jueces por la Democracia cuatro; y a la Francisco de Vitoria otros 4. La otra mitad provendría de candidaturas en solitario e independientes. Muchas normas para llegar aún único resultado, que es el que se mantiene hasta hoy: los dos grandes partidos pactan los nombramientos y el número depende que cuál de ellos gobierna en ese momento.
O se pacta o se eternizan en su sillón los últimos elegidos. En eso estamos y parece que el bloqueo permanecerá hasta las elecciones generales. Ni los miembros del CGPJ quieren irse dando un sonoro portazo, ni Sánchez quiere dar la impresión de que su rival le dobla el pulso. Ni Casado quiere renovar y espera a hacerlo cuando él esté sentado en La Moncloa. Sus promesas son las mismas que hizo Mariano rajoy antes de ganar las elecciones en 2011. Luego dejó todo como estaba.
Los que están en el escenario son bien visibles y críticables. Mucho más los dirigentes políticos. Entre bastidores están las tres grandes asociaciones, con cerca de la mitad de los Asociados en la APM (44%), casi un 30% en la Francisco de Vitoria, y algo más de un 25% entre Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FLI). Clara mayoría conservadora con más del 70 por ciento y que es la razón profunda del enfrentamiento político. La izquierda no quiere dejar el CGPJ en manos de la derecha a través de una elección gremialista, mientras que la derecha cree que por ese camino estrán mejor representados sus intereses. Todo lo demás son Adornos dialécticos.
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