¿Quisieron el presidente y el Rey dejar fuera de este crucial cambio de postura a la Corona para evitar un desgaste innecesario de forma muy parecida a lo que ocurrió con Juan Carlos I en la Marcha Verde que organizó Hasan II mientras Francisco Franco agonizaba en Madrid?.
¿ Actuó en solitario Pedro Sánchez saltándose todos los procedimientos legales que le obligaban?. ¿ Fue el propio Felipe VI quien le dijo a su Primer Ministro que no quería tener nada que ver con la misiva a Mohamed VI?. ¿Tenían los Servicios Secretos españoles alguna información sobre las intenciones marroquíes de organizar una segunda Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla?. Todas estas preguntas siguen sin respuesta.
El Sahara era, es y seguirá siendo un tema de Estado. Uno de esos para los que la Constitución, en sus artículos 56, 62 y 63, señala que el Rey “ asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especial entre en las naciones de su Comunidad histórica…”.
El Sahara lo era y para la ONU lo sigue siendo con España como potencia descolonizadora y sujeta a las resoluciones de ese organismo, que acoge desde 1976 el respeto a la voluntad del pueblo saharaui. Las sucesivas declaraciones del ministro Albares no hacen sino aumentar la confusión política y constitucional.
Pedro Sánchez, salvo que se saltara esas obligaciones que exige la Carta Magna no tenía más remedio que explicarle a Felipe VI las razones del cambio de opinión de España, en su condición de Jefe del Estado, y consensuar la carta que pensaba dirigir a Mohamed VI, así como las posibles consecuencias de la misma, de las veladas alusiones a la soberanía de Ceuta y Melilla y la necesidad de nuestro país de que no hubiera ningún ataque o reivindicación marroquí sobre las dos ciudades.
Nada se ha dicho, ni por parte de La Moncloa, ni por parte del palacio de La Zarzuela del cumplimiento obligado que establecen los artículos 62 y 63 de la Constitución sobre el papel del Rey en las relaciones internacionales de España. El primero de ellos, y de forma textual dice: “corresponde al Rey ser informado de los Asuntos del Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros”. El tema del Sahara , al igual que la intervención de nuestro país en la guerra de Ucrania, lo era y lo seguirán siendo.
El segundo de los artículos, el 63, es aún más categórico en lo referente al papel que nuestra Carta Magna reserva al Monarca en los temas de política exterior: “ al Rey le corresponde manifestar el consentimiento del estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados de conformidad con la Constitución y las Leyes”.
Ni Pedro Sánchez, ni Felipe VI han informado sobre el ineludible cumplimiento de estos artículos, ni tampoco se han interesado en preguntar ninguno de los partidos y organizaciones políticas, ni por la derecha, ni por la izquierda.
Las sonrojantes y reiteradas explicaciones del ministro Albares sobre el tema dadas en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados, además de faltar a la verdad y escudarse en una interpretación de las resoluciones de las Naciones Unidas totalmente sesgada y falsa en su literalidad - su antecesora en el cargo, Gonzalez Laya, ya se ha encargado de explicarlo hace unos días - ha contado con la ignorancia de sus señorías o el deseo de los dirigentes de la oposición de no querer inmiscuir a la Corona en un tema sobre el que, en palabras de José María Aznar, España pagará las consecuencias durante mucho tiempo. Algo en lo que coincide con varios presidentes autonómicos, tanto del PP como del PSOE.
El presidente del Gobierno no puede dejar al Rey fuera de los asuntos de Estado como parece que viene haciendo desde hace meses. Felipe VI tiene una responsabilidad, unos derechos y unas obligaciones en todo lo referente a la política exterior que permiten un pequeño pero efectivo control sobre las decisiones del Ejecutivo, sobre todo cuando éstas rompen con una línea de actuación de casi medio siglo y ponen en riesgo presente y futuro la seguridad de España.
El regreso de la embajadora de Marruecos coincide con la apertura de la verja que separa las dos ciudades españolas del territorio marroquí, sin que la misiva - mal escrita y con una deplorable sintaxis gramatical - haya tenido la más mínima respuesta sobre lo solicitado: la entrevista de Pedro Sánchez con el Monarca alahuíta y un mínimo compromiso de respetar la soberanía de Ceuta y Melilla dentro del Estado español.
Los motivos para tensar las relaciones con Argelia, nuestro principal proveedor de gas, por el cambio de postura en el Sahara y con el Polisario, llevan a pensar que junto a las necesidades políticas y estratégicas de nuestro país hacia USA y la Unión Europea, pueden existir otras más personales y directas. Incluso se afirma en foros públicos que la carta se redacto primero en Rabat y que se envió a La Moncloa tras contactos previos llevados a cabo por nuestro ministro de Exteriores. Una carta pactada con Mohamed VI para evitar “males mayores” en una situación crítica para España.
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