El cambio tiene una justificación jurídica y una necesidad práctica. La justificación se basa en la necesidad de que España se parezca al resto de Europa en ese aspecto; la necesidad descubre que el Gobierno de Pedro Sánchez necesita los apoyos de sus socios de investidura, catalanes, vascos y marxistas, para aprobar los Presupuestos Generales y mantener la actual Legislatura.
Nada nuevo dentro de las guerras políticas a las que estamos acostumbrados desde hace 40 años, que se han agravado en los últimos cuatro, con un partido, el PSOE, con menos votos y escaños que ningún otro que hasta gobernado en la España democrática, y que necesita negociar para alcanzar y mantenerse en el poder.
El presidente Sánchez no tiene más remedio que ceder y cambiar, le gusto mucho o poco. Lo viene haciendo desde junio de 2018. En el lado opuesto y con los cambios de liderazgo, tanto el PP como Vox y Ciudadanos creen que no tienen más remedio que oponerse a todo y si ese todo se extiende por varias áreas de la gobernanza del país, mejor que mejor.
Sedición y Ley trans unidas son irresistibles para la oposición. Un doble ataque con el que llegar hasta las elecciones y que no es nuevo y lo podemos encontrar en el debate social y político que se produjo tras lo ocurrido en Cataluña hace cinco años.
La línea que separa las dos palabras que aparecen citadas dentro del titulo XXII de la Constitución es tan delgada que deja a la interpretación de los jueces el colocar a un lado u otro lo sucedido el 1 de octubre de 2017 y las posteriores condenas. Los nueve artículos entre los que se mueve a nivel jurídico la batalla política de estos días van del 544 al 549, con la supresión o cambios en los 557, 559 y 573.
A partir de esos textos, tan alejados de la vida diaria de los ciudadanos como los nuevos que articulan la Ley estrella del Ministerio de Igualdad, lo que vemos cada día son los proyectiles que se lanzan los partidos con la vista puesta en la ocupación de sus posiciones en las instituciones municipales y autonómicas, primero, y en las del gobierno central meses más tarde.
No se trata tan sólo de determinar si la evidente violencia que se produjo en directo y televisada en las calles de Cataluña y en el Parlamento, buscó colapsar las instituciones y cambiar las leyes, con la posterior determinación por parte del tribunal que juzgó a los encarcelados o huidos si traspasaron con sus palabras, más que con sus hechos, esa línea que separa la sedición de la rebelión.
No se produjo un debate técnico entre juristas tal y como aparece en las interpretaciones que se han hecho desde el minuto uno. Son ya los proyectiles electorales que utilizó y van a seguir utilizando nuestra clase política.
La sentencia fue la primera pero no iba a ser la última como era fácil pronosticar y que habría recursos por ambas partes fuesen cuales fuesen las penas, que no tenían, como se comprobó, que fuesen iguales en su consideración para todos los enjuiciados.
Puede que los jueces consideraran que unos cometieron sedición y otros rebelión dependiendo de los comportamientos que tuvieron y del puesto que ocupaban. Se movieron así entre los ocho años - en la menor de las penas posibles - y los quince que aparecen dentro de la sedición; y los treinta - la mayor de todas - que contempla la rebelión agravada.
La fiscalía mantuvo el delito de rebelión mientras que la abogacía contempló en sus conclusiones la sedición. Las dos instituciones que son jerárquicas y dependen del gobierno de turno se movieron en un arco real y penal de quince años.
Y ese tiempo fue esencial para medir la estancia de los acusados en la cárcel. Esa es la parte que está en juego en estos días del otoño de 2022. Salvo que hubiesen aparecido los indultos directos y personales. No sucedió y la calificación final que apareció en las sentencias ha permitido a algunos estar en la calle en tres o cuatro años.
Si estuviéramos hablando de rebelión y sedición como lo hicimos en el 23-F, sin la inevitable referencias a las elecciones que se han ido celebrando en cascada en el plazo máximo, todo se reduciría al tiempo de castigo de unos delitos evidentes, públicos y demostrables al cien por cien.
Pero están las urnas y los deseos políticos de los partidos y sus dirigentes de utilizar otra vez a Cataluña como arma con la que combatir al adversario en cada una de las convocatorias.
Lo harán los partidos de alcance nacional y los de ámbito autonómico. Desde la derecha del PP, Vox y Ciudadanos para hablar de “entreguismo” del gobierno de Pedro Sánchez a cambio de los votos que recibió en la moción de censura, un “pago en diferido” que estaría haciendo el líder del PSOE para mantenerse en La Moncloa y sacar adelante los Presupuestos Generales de 2023.
En el lado contrario, con el socialismo y los apoyos de las distintas confluencias que se agrupan en Podemos e Izquierda Unida, más los independentistas de derechas e izquierdas, se insistirá en que se trata de aplicar los cambios legales que marcaba el ordenamiento jurídico y que la violencia que se produjo aquel uno de octubre no se puede calificar de sedición e incluso de rebelión y se quede en desordenes públicos . Incluso que lo hubo fue una manifestación política en la calle acompañada de declaraciones en sede parlamentaria que en ningún caso debería tratarse con el código penal.
Nuestra clase política está atrapada en varias telas de araña. Las mo sas somos todos los ciudadanos. La más constitucional y estructural a nivel del Estado es la de Cataluña, con varios “arácnidos” moviéndose por ella, desde Puigdemont a Aragonés e incluso Illa, pasando por Torra, Aragonés y Junqueras, con Sánchez, Feijóo, Abascal y Arrimadas, e incluso Iglesias y Díaz moviéndose en la delgada línea de los cambios constitucionales.
Los que, por desgracia, pagamos las consecuencias somos todos los ciudadanos y no solamente los que viven en Cataluña. Y el primer ejemplo lo vamos a ver y vivir en todos los territorios, hasta los más alejados de nuestra esquina noreste.
La tranquilidad de la que deberían gozar los magistrados es una quimera. Estuvieron y estarán bajo la presión constante de las encuestas políticas, de los resultados electorales y, sobre todo, de los miles de artículos y opiniones que se se viertan en los medios de comunicación. Incluso es más que probable que el comisario más famoso de nuestro tiempo aparezca por medio a través de alguna de las grabaciones que estaban en su fonoteca.
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