Su cometido único y principal es defender la Constitución.No es un órgano político o sometido a intereses partidistas pero muchas veces a lo largo de los últimos años lo ha parecido. Hoy, 19 de diciembre de 2022 lo parece. ¿ Quien tiene la culpa de esa deformada imagen que se proyecta sobre los ciudadanos?. Diré que en primer lugar y de forma destacada la tienen los políticos o, mejor dicho, los líderes de los partidos políticos; en segundo lugar los propios miembros del Tribunal Constitucional; y en tercer lugar los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
Los requisitos formales y constitucionales para formar parte del Tribunal se cumplen más o menos bien. Sus miembros son magistrados y juristas con prestigio y solvencia, de experiencia acreditada y con una larga carrera profesional a sus espaldas. Los problemas arrancan en los caminos que se han diseñado para llegar a esa meta. De sus doce miembros, cuatro los elige el Congreso y otro cuatro el Senado, lo que obliga a los dos grandes partidos a tener que negociar y pactar cada uno de los nombres, tratanto acercar a los elegidos a los postulados partidistas que defienden, ya sea el PSOE o el PP.
¿Qué ha ocurrido hasta ahora?: que al final los que se sientan en esas ocho plazas, cuatro dependen de la voluntad de la dirección del Partido Socialista, y otros cuatro de la dirección del Partido Popular. Un empate que se traslada con excesiva frecuencia a los dictámenes del Tribunal en temas fundamentales para la interpretación y defensa de los artículos constitucionales que aparecen en la Carta Magna desde su aprobación en Referendum en 1978.
La salida del habitual Laberinto al que llevamos observando e desde hace 44 años, con los cambios que se han aprobado a lo largo de ese tiempo, está en manos de los otros cuatro integrantes del Tribunal,dos por parte del Gobierno y otros dos por parte del Consejo General del Poder Judicial.
Si el Gobierno, del color que sea, parte con ventaja por esos dos sillones de los que dispone, el CGPJ está en el centro de la balanza. Su composición, que también está politizada nos guste mucho, poco o nada, determina esos dos nombres que aporta al Constitucional. Con un añadido a las normas: en caso de empate, seis a seis, que se puede dar en algunas votaciones, el voto de calidad del presidente es el que decide. Hoy sería el de Pedro González Trevijano, elegido por el Gobierno de Mariano Rajoy y cuyo mandato por nueve años terminó el pasado mes de junio.
El ex rector de la Univeridad Juan Carlos I, al igual que le ocurre a su compañero Antonio Narváez - que sustituyó a Enrique López (hoy Consejero en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ) cuando éste dimitió a consecuencia del acidente de tráfico cuando circulaba con su moto por Madrid y los índices del control de alcoholemia, está recusado por Unidas Podemos al considerar que ambos son jueces y parte del proceso dentro de los cambios que se tienen que dar en el Tribunal Constitucional.
Debería haber doce integrantes del Tribunal pero sólo hay once por la demisión por motivos de salud en julio de este año, a consecuencia de un I tu es, de Alfredo Montoya. Esa es la razón por la que se le atribuye al ala conservadora siete votos, mientras que el ala progresista tan sólo cuenta con cuatro. Si por parte del Gobierno de Pedro Sánchez - que es lo que está procurando desde hace meses - Trebijano y Narvaez fuesen sustituidos por dos nombres afines al Ejecutivo, la ecuación cambiaría por completo.
A lo que estamos asistiendo son a maniobras dilatorias por parte del PP y justo lo contrario por parte del PSOE para llevar adelante los cambios legislativos que hagan posible dos modificaciones cruciales en los apoyos externos que recibe Pedro Sánchez por parte de los independentistas catalanes, los delitos se sedición y malversación. Sin esas dos palabras la batalla dentro de los Laberintos constitucional y judicial se mantendría, pero sin ese cariz de tragedia griega que les acompaña.
Es evidente la utilización política, partidista y electoralista que el cambio en la desaparición y cambio penal de esos dos delitos que aparecen en la sentencia de los condenados por el Procés catalán está haciendo el Gobierno de Pedro Sámchez; pero igual de evidente y por los mismos motivos es la estrategia del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.
Es una batalla contra el tiempo y las aprobaciones en el Congreso y en el Senado, de ahí la petición de medidas cauteralísimas que pide la derecha de forma global y la exigencia de respeto a las votación por mayoría absoluta que ha tenido lugar en el Congreso; y que puede repetir se de igual forma en el Senado.
El resultado será malo para la Democracia. El Gobierno quiere ir muy deprisa y la oposición quiere detener por completo el vehículo. Un choque político que desgasta aún más todo lo que tiene que ver con esa “ tercera pata” del sistema que es el Poder Judicial.
Si (
No(