Los mismos que critican la intención - hasta ahora intención declarada - del Gobierno son los mismos que aplaudieron la venta de Endesa al Gobierno italiano, y los mismos que no dicen nada a que el Estado italiano tenga el 20% de Telecom Italia, o que en Francia ese mismo Estado tenga el 13,3% de Orange, o que en Alemanía el 13,8% de Deustche Telecom esté en manos del Estado. Compañías estratégicas para la seguridad nacional de todos esos países, al igual que también sucede en Noruega, Suecia o Suiza. Dos varas de medir o de defender tapándose un ojo.
Era y sigue siendo una buena noticia que el fondo saudí STC tenga un 4,9% y quiera llegar al 9,9%, aportará estabilidad y desarrollo de los distintos negocios de la compañía. El presidente ha tardado un año en conseguir esa presencia de un fondo árabe, algo en lo que le llevaba ventaja el presidente de Iberdrola: al igual que es muy bueno que dos entidades financieras como son el BBVA y el Grupo Caixa mantengan alrededor de un cinco por ciento de la compañía cada uno. Da estabilidad y afianza un núcleo duro de caracter español, esencial para el futuro de las telecomunicaciones y su papel en la Defensa en toda Europa. Aquellos que no quieren verlo y proclaman que el Estado debe estar fuera de las empresas “privadas” tienen escasa o nula voluntad de defensa del estado, al margen del color del Gobierno de turno.
Más parece que las críticas se basan en un supuesto intento por parte de Pedro Sánchez y la izquierda en general de hacerse con el control de las principales entidades del país. Una idea sin base argumental, perecedera en el tiempo - que siempre es finito para todo partido en el Gobierno - y que intenta que España sea diferente del resto de Europa.
Nunca debió quedarse el Estado como tal fuera del accionariado de Telefónica. Su privatización total, que comenzó en 1989 con Felipe González en la presidencia y Carlos Solchaga y Juan Claudio Aranzadi en la ejecución, basada en la necesidad de tesorería en las arcas públicas, terminó en 1997 de la mano de José María Aznar, Rodrigo Rato y Josep Piqué por los mismos motivos.
El dirigente socialista colocó primero a Luís Solana en la presidencia durante siete años y más tarde, por el mismo periodo, a Cándido Velazquez. A la persona que había colocado la UCD de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, el ex ministro Salvador Sánchez Terán se marchó sin que nadie elevara el grito al cielo por la supuesta intromisión del Ejecutivo en una compañía que era, en aquellas fechas, la más importante del país.
Si el gran cambio comenzó con Cándido Velazquez, la conversión y expansión internacional, con cambio de modelo financiero, se desarrolló primer con Juan Villalonga, más tarde con Cesar Alierta hasta desembocar en el actual presidente Jośè María Alvarez Pallete. Una transformación necesaria y urgente, por dos razones fundamentales: el cambio tecnológico a nivel internacional y las deudas asumidas en ese necesario desarrollo.
Si Villalonga utilizó a Telefónica como proyecto financiero en su desarrollo, en toda Latinoamérica, lo mismo hizo Alierta en Europa y hasta en China, sobre todo en Gran Bretaña y Alemania. Pallete ha construido su propio proyecto sobre aquellos mimbres, con cambios tan obligados como los que han sufrido el resto de las telecos de todo el mundo tras las sucesivas regulaciones nacionales del mercado y la aparición de las redes internacionales. Un cambio que alcanza a los sistemas de distribución y que alcanza al sistema financiero y tiene una importancia de primer orden en los niveles de empleo, educación y sostenabilidad social.
El actual Gobierno de Pedro Sánchez podrá durar toda la actual Legislatura, tan cargadas de problemas estructúrales, y hasta puede que se alargue en el tiempo, pero terminará cediendo el poder al centroderecha. En ese periodo los nacionalistas presionarán, al igual que lo harán por la derecha y la izquierda las nuevas formaciones políticas. Sería todo un ejemplo de defensa del estado que vieran a Telefónica, al igual que a Indra, Iberdrola o Repsol como compaías a las que defender con la presencia accionarial del Estado.
La mejor defensa para la seguridad y para el equilibrio social, pese a que muchos no lo vean o prefieran defender otras hipótesis más “liberales”, las mismas que siempre recurren a ese mismo y denostado Estado cuando aparecen las grandes crisis, tal y como ocurrió en 2008 y b2020, por no echar la vista más hacia atrás. Para controlar el mal uso del poder están los tribunales, la oposición y por supuesto los medios de comnicación. Esa es la tarea que les corresponde desde siempre y dentro del ámbito que protege nuestra Constitución.
Si (
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