Un simple cambio en la ley electoral reduciría la tensión política y los problemas entre autonomías y entre partidos. La ley es injusta en la representación política y otorga, desde los inicios de la democracia, un exagerado beneficio a los partidos nacionalistas, en contra de las formaciones con presencia en toda España.
Basta con mirar los votos y su representación en escaños desde los lejanos 1977/79, cuando la santificada Ley D’Ont , por un lado, y el porcentaje mínimo para tener representación parlamentaria junto a la articulación provincial del voto, hizo que los dos millones y medio de votos del PCE valieran lo mismo en escaños que los ochocientos mil de la catalana CiU.
La sobre representación en el Congreso y en el Senado de las formaciones nacionalistas/independentistas, con su concentración de votos en sus respectivos territorios y su falta de existencia en el resto de España, es la causa final y básica de los problemas que existen hoy en nuestro país.
Si ERC, Junts, la Cup, el PNV, Bildu o el BNG tuvieran que tener los diputados proporcionales en razón de la simple regla de tres a nivel de los votos conseguidos en toda España se habría evitado el chantaje permanente que han estado haciendo y que hacen a los dos grandes partidos.
Ese cambio tan necesario debería estar acompañado de una reforma integral del Senado y de su auténtico papel como Cámara regional o Cámara de los Parlamentos autonómicos. le dotaría a nuestra segunda Cámara estatal de funciones que ahora no tiene y sería, de verdad, el lugar donde debatir y resolver los problemas estructurales que se han ido acumulando en estos 40 años con el desarrollo de los Estatutos autonómicos en las 17 Autonomías, no contemplados inicialmente por la inercia de los redactores de la Constitución y sus deseos de recuperar las Leyes de la II República.
Consagrar dos caminos distintos para la evolución del Estado Autonómico de ha demostrado que era un disparate. Ni en el siglo XX y menos en el XXI ningún territorio querrá ser menos que otro. El fantasma trasnochado de los llamados derechos históricos está en la base de las reivindicaciones y deseos independentistas, con olvido claro, manifiesto y malintencionado que León, por ejemplo y al igual que Murcia, fue Reino antes o al mismo tiempo que Aragón, por entonces cabeza de un territorio que abarcaba lo que era Cataluña, Baleares y parte de Francia e Italia.
Lo mismo podemos decir de Cantabria, de Asturias y de Euskadi, mucho más “ castellanas “ que son las hoy dos Castillas. Andalucía consiguió su estatus histórico simplemente por la constancia de un presidente llamado Rafael Escuredo y por ser el lugar de nacimiento de los “ jóvenes turcos” que se hicieron con el poder en el PSOE que conquistó y manejó Felipe González durante veinte años.
Mientras los partidos políticos no asuman esa realidad estructural de la ley electoral e imponga que los plazos legislativos son de cuatro años y no se pueden cambiar en ningún territorio con rupturas de las Legislaturas y adelantos electorales, España seguirá con el mal político agarrado a sus entrañas y sin solución salvo la quirúrgica, que es la no deseable por la violencia que implica.
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