El presidente de la Generalitat tendría que haber dimitido desde hace días. Carlos Mazón se resiste a hacerlo y deja su continuidad, no en manos de los ciudadanos, que ya están comprobando que la tragedia se va a alargar en el tiempo y que sus vidas han cambiado para siempre, sino en la decisión del presidente de su partido. Alberto Núñez Feijóo ha pedido que sea Pedro Sánchez y su Gobierno quien coja la gestión de la crisis y aparte a su compañero de la misma. Se equivoca, para exigir a Sánchez responsablidades, como lo está haciendo ya su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, debe primero alejar al PP de las responsablidades que resultan evidente en la dolosa gestión que se hizo ante el destructivo poder de la DANA.
Es muy posible que la cifra de muertos llegue a los 250, si tenemos en cuenta los cuerpos sin identification el número de desaparecidos, pero el presidente del Partido Popular tiene la obligación de pedir al presidente Valenciano,
Carlos Mazón, que dimita por los evidentes fallos que tuvo su gobierno. Feijóo debe obligar a Mazón a dimitir o hacer que el partido le retire de forma pública su confianza,
para poder exigir luego al Gobierno de Pedro Sánchez que asuma los errores que hayan cometido alguno de sus membros, desde el de Transición ecológica al de Interior o de Defensa.
Los políticos no han esperado ni 48 horas para volver a pagar a España, y en especial a los valencianos, con la más miserable de las peleas. No se trata de esperar a que se ponga punto final a la emergencia de la crisis para afrontar las obligadas dimisiones o ceses, entre otras razones por la imposibilidad de cerrar ese capítulo, al que se van a ir sumando otras desgracias, por ejemplo la que resultará del arreglo de todo el sistema del alcantarillado, que se convertirá en un bloque de barro solidificado.
El actual gobierno de Mazón no puede ser el que dirija la larga salida de la monumental crisis social y económica a la que está abocada la Generalitat, como principal afectada, pero también el resto de España. Feijóo tiene una gran ocasión para dar ejemplo ante los ciudadanos de firmeza, sin pensar en el aprovechamiento político que pueda hacer el Gobierno central y la izquierda. No es el Partido Popular y mucho menos su presidente el que ha fallado. Ha sido un dirigente concreto, una persona en concreto quien lo ha hecho. Tiene que aparecer una escalera de responsablidades, que pasarán del ámbito politico al judicial, es evidente e inexorable, pero en el primer peldaño está Carlos Mazón. Le guste poco o nada.
En ese proceso aparecerá la Confederación Hidrográfica, aparecerá el Ministerio al que pertenece, incluso aparecerán las posibles dejaciones que se hayan cometido en gobiernos anteriores de la Generalitat por no haber llevado adelante obras de encauzamiento de los cauces, y desde luego, si se quieren evitar más tragedias, las necesarias y burgentes modificaciones de los planes urbanístios que permiten construir en puntos que son inundables o que posibilidad, con esas barreras de edificaciones, que las aguas coincidan en un mismo caudal. Los Ayuntamientos deben tomar nota y no buscar en el urbanismo los ingresos que necesitan para su funcionamento.
El paso dado por Vox y Santiago Abascal de querellarse contra Pedro Sánchez y varios de sus ministros, sin hacerlo contra el presidente de la Generalitat, parece más un error y un deseo de aprovechar el dolor y la indignación de los ciudadanos como arma política contra la izquierda en el poder, y para separarse de su compañero dentro de la derecha española, el PP, más ahora que ve en la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos como una oportunidad que les lleve a convertirse en el privilegiado interlocutor con la Casa Blanca. Demasiada política y demasiados agravios almacenados. Ha sido en julio de este año cuando Carlos Mazón se quedó sin la mayoría parlamentaria tras la decisión de Vicente Barrera, lider de Vox en esa Comunidad y en ese momento vicepresidente del gobierno autonómico, de abandonar el Ejecutivo por el problema de la emigración.
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