La libertad de expresión molesta

Con los editores de diarios en papel. Esos que durante años han perdonado la vida a los inquilinos de la Moncloa a cambio de muchos millones en publicidad institucional. Campañas muy costosas que sólo iban al El País, a El Mundo, ABC, Vanguardia, etc, y que la irrupción de la prensa digital les ha dejado con el culo al aire.

Vamos por partes para que se entienda. Durante muchos años los editores del papel, casi todos, vendían su alma al partido en el poder por un puñado de millones que les han permitido gozar de una salud económica suficiente para que sus propietarios mantuvieran lujosas mansiones en Soto Grande, Marbella, por ejemplo, sus secretarias, escoltas -esto de ser acompañado por guardaespaldas da mucho prestigio-, sus lujosos Audis blindados con chófer, cuando no aviones privados, como los que siguen en propiedad del Grupo Prisa, editora de El País. Fue a partir del 95. Con la llegada de los periódicos digitales empezaron a mermar los lectores de los diarios de papel y permitió la salida de medios digitales que no estaban dispuestos a venderse al poder. Entre otras cosas porque el poder, los gobiernos, no los consideraron peligrosos y los ignoraron.

Han pasado los años y los casos de corrupción, de chanchullos, de robos que los políticos estaban acostumbrados a que no se publicaran, porque para eso pagaban a los del papel, resulta que se filtraba por las redes sociales y acababa en los digitales que eran devorados por millones de lectores, que antes eran fieles del ABC, de El País... En estos últimos años no han parado las conversaciones entre editores del papel y los gobiernos de turno para que les ayudaran. Y en la actualidad nos encontramos con que las editoriales están en quiebra técnica a la vez que el gobierno de Soraya y su ejército de abogados que la asesoran -Mariano Rajoy pasa de todo- entienden que la libertad de expresión que antes controlaban se les escapa por la gran difusión de los digitales, y que no hay manera de amordazarlos.

Y entonces se pone en marcha, con la complicidad de los editores agrupados en la AEDE, el mecanismo para acabar con esa influencia de los medios digitales en la sociedad. De la noche a la mañana se cuela la famosa Tasa Google en la nueva Ley de Propiedad Intelectual. Quienes creen que sólo se trata de que los agregadores, Google mayormente, paguen una tasa a los editores son unos ingenuos. Soraya y los de AEDE tienen muy claro que Google y los demás no van a pagar porque dejarán de indexar a los medios digitales a partir del 1 de enero del 2015, fecha en que entra en vigor la nueva ley. El resultado es que se calcula que el tráfico caerán entre un 50 y un 80 por ciento, por lo que muchos digitales, muchísimos, se verán abocados al cierre. Los de AEDE tienen marca y entienden que volverán a ser quienes lideren la información y la opinión. Y el gobierno de Soraya espera que en el año electoral dos mil quince los digitales no le restrieguen los cientos, miles, de casos de corrupción que han aupado al Podemos a ser la esperanza de regeneración de la vida política española.

Ya saben. Este gobierno y los diputados y senadores del PP han optado por intentar silenciar la opinión pública. Han optado por tratar de acabar con la libertad de expresión de los digitales. Es su manera de entender la democracia.