El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha asegurado que la tarjeta que empleó en Caja Madrid y repartió a varios de sus consejeros y altos cargos "era de libre disposición" y no era preciso "la justicación de los gastos que se realizaban". "El Banco
de España y Hacienda nunca pusieron tacha alguna ni vieron irregularidad durante 23 años", ha concretado.
Ha agregado que él recibió la tarjeta cuando llego a la caja como consejero de manos del secretario general de la entidad que le dio a entender que era un complemento retributivo.
Así, el expresidente de Caja Madrid ha responsabilizado a su antecesor en el cargo, Jaime Terceiro, explicando que no había un solo circuito en Caja Madrid para la emisión de tarjetas, por lo que había unas que se otorgaban por el Comité de Medios de la caja y, al margen de éstas, estaban las 'black', que dependían directamente del presidente.
En respuesta a las preguntas del fiscal Alejandro Luzón, Blesa ha manifestado que se trataba de tarjetas remuneratorias de libre disposición y que era el presidente el que habilitaba una tarjeta y una cuenta donde se contabilizaban esos datos. En este sentido recordó que él fue consejero durante la etapa de mandato de Terceiro y que él mismo gozaba de una tarjeta durante esas fechas.
FALTA DE INFORMACIÓN
Blesa se ha referido además a diferentes consejos celebrados en 1988 para hablar del inicio de esta práctica de la cual, ha dicho, ha conocido más información con el paso del tiempo. "He sabido más detalles en relación con los fundamentos de emisión de las tarjetas ahora que en aquel momento", ha argumentado y ha añadido que él la recibió confiando en los órganos internos de la caja.
Al respecto, ha agregado que no conocía muchos hechos relacionados con las tarjetas opacas al fisco y que "la información ha ido uyendo a lo largo del proceso".
Blesa es el primero de los 65 encausados en someterse al interrogatorio en el marco del juicio por las tarjetas 'black' que comenzó el lunes con las cuestiones previas.
Blesa, que presidió Caja Madrid entre 1996 y 2010 se enfrenta a una petición fiscal de 6 años de prisión y multa de 108.000 euros. Gastó de forma directa 436.688,42 euros con su tarjeta black aunque se le reclama una indemnización que abarca la
cantidad completa que gastaron sus consejeros y altos cargos durante su mandato,