El juez de refuerzo Álvaro Martín, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y
otros 24 ex altos cargos de la Administración autonómica, entre ellos seis exconsejeros, y ha impuesto a Griñán una fianza de 4.214.702 euros.
En un auto fechado el día 3 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez abre juicio oral contra los expresidentes y los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y
Antonio Fernández en el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, la denominada pieza 'política'.
El juez, además, acuerda crear una pieza separada de responsabilidad civil y requiere a Griñán y a la exconsejera de Hacienda Martínez Aguayo para que presten, cada uno de ellos, una fianza de 4.214.702 euros; al exconsejero de Empleo José Antonio Viera para que lo haga en la cantidad de 6.229.108 euros, mientras que al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo le pide una anza de 3.763.332 euros, apercibiéndoles de que, en caso de no hacer frente a dichas fianzas en el plazo de 30 días, se procederá a declarar el embargo de bienes.
En el auto, el juez también abre juicio oral contra los exviceconsejeros Agustín Barberá, Justo Mañas, Gonzalo Suárez, Jesús María Rodríguez, y José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel
Alberto Rivera, y los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez, Lourdes Medina y Javier Aguado.
También abre juicio oral contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano; el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez; los ex directores generales de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, Antonio Valverde y Jacinto Cañete, y el exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río.
El instructor abre juicio oral contra los 26 acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito de asociación ilícita --delito del que únicamente acusa el PP-A--, mientras que también abre juicio oral por un delito continuado de malversación de caudales públicos contra 18 de los acusados, entre ellos Griñán, Viera, Fernández, Martínez Aguayo y Vallejo. De este modo, no abre juicio oral por el delito de malversación ni contra Chaves, ni contra Zarrías, ni contra Magdalena Álvarez, entre otros.
El juez abre juicio oral contra los 26 ex altos cargos referidos "atendidas las exigencias del principio acusatorio y a la vista del contenido de los escritos de acusación formulados" por Fiscalía Anticorrupción, PP-A y sindicato Manos Limpias --la acusación que ejerce la Junta ha pedido el archivo de esta 'pieza'-- "y de la evaluación que en éste momento procesal merecen los datos que se desprenden de las diligencias practicadas".
En el auto notificado este viernes a las partes personadas en la pieza 'política' de los ERE, el magistrado ratifica asimismo las medidas cautelares de carácter personal acordadas en la causa.
EMBARGO
El juez explica que el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que "desde que resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandará que preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva
puedan declararse procedentes, decretándose el embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades, si no prestare la fianza exigida".
En este sentido, el magistrado de refuerzo crea una pieza separada de responsabilidad civil y exige una fianza de 4.214.702 euros a Griñán y a Martínez Aguayo; de 6.229.108 euros a Viera, y de 3.763.332 euros a Francisco Vallejo, apercibiéndoles de que, en el caso de no prestar dicha fianza en el plazo de 30 días, se procederá a decretar el embargo de bienes "en cuantía suficiente" para cubrir dicha cantidad.
Sobre los otros 14 procesados por indicios de un delito continuado de malversación de caudales públicos, el juez acuerda traer a la pieza 'política' de los ERE las piezas de responsabilidad civil creadas en la causa matriz.
Para la determinación de estas cuantías, el juez explica que "se ha atendido al criterio de los ejercicios durante los cuales se participó, presuntamente, por los acusados en la malversación, ponderando el número de implicados que hubo en cada uno de esos ejercicios, de lo que cabe seguir un reparto de la responsabilidad en atención a ese número de responsables, aunque finalmente pueda acabar siendo exigida de un modo solidario".
PONDERACIÓN
Asimismo, y según pone de manifiesto el magistrado instructor, "se ha ponderado la existencia de otros procedimientos en los que también se exige el reintegro de estas sumas, por lo que se aplica una reducción hasta el diez por ciento de la cantidad
cuantificada" por la Fiscalía Anticorrupción en cada ejercicio, "lográndose así la suma total que se exige aanzar a cada acusado".
El magistrado acuerda dar traslado de los escritos de acusación a los 26 ex altos cargos procesados para que, tras ello y en el plazo común de 30 días, presenten sus respectivos escritos de defensa "frente a las acusaciones formuladas", señalando que "si las partes acusadas no presentaren el escrito en el plazo señalado se entenderá que se oponen a la acusación y seguirá su curso el procedimiento".
Al efecto de cumplir con este traslado, el juez concede un plazo de cinco días para que los acusados comparezcan "de manera voluntaria" en el Juzgado.
En atención a la pena "señalada al delito perseguido", el juez declara órgano competente para el conocimiento y enjuiciamiento de la causa a la Audiencia Provincial de Sevilla, todo ello en un auto contra el que no cabe recurso, excepto en lo relativo a
la situación personal de los acusados.
LAS PENAS SOLICITADAS POR LAS ACUSACIONES
El juez procesó a los 26 ex altos cargos referidos por medio de un auto dictado el 31 de mayo donde explicaba que fue entre 2000 y 2011 cuando "se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse 'procedimiento específico', cuyo objeto era era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada pero no inferior a 854.838.243 euros".
Tras el procesamiento, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, que fue procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación,
mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Manos Limpias se adhirió a este petición.
De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento especíco para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
Por su parte, el PP-A ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.