La crisis económica ha suscitado un debate sobre la necesidad de racionalizar las distintas estructuras político-administrativas que ha llevado incluso, a algunas voces, a cuestionar el modelo vigente. Así, desde el Gobierno y el partido que lo sustenta hay apelaciones a la necesidad de "racionalizar el desarrollo autonómico" para ganar en eficacia, evitar duplicidades y asegurar la "unidad de mercado". Es decir, el Partido Socialista, de paladín de la España plural y campeón del federalismo, pasa ahora a defender veladamente una segunda LOAPA.
Pero desde el Partido Popular se va incluso más allá y su Presidente de honor, José María Aznar, afirma sin ambages que el Estado de las Autonomías no es viable. Para quienes utilizan la crisis económica como coartada para iniciar esta ofensiva recentralizadora quizá sea conveniente recordar algunos datos: La crisis no tuvo su origen en el gasto público. El déficit público es consecuencia del descenso de ingresos motivado por la crisis y de la movilización de ingentes recursos públicos para paliar una crisis originada en el sector privado. El porcentaje de déficit público atribuible a las comunidades autónomas es sensiblemente inferior al porcentaje del gasto público que tienen la responsabilidad de gestionar, pese a que casi un 70 % de ese gasto lo absorven servicios públicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales, dónde no es fácil reducir el gasto sin debilitar servicios y prestaciones esenciales para el bienestar de la población.
Aún hoy la deuda pública del Estado español es sensiblemente inferior a la de muchos Estados de nuestro entorno (57,4 del PIB). De ese 57,4 % del PIB, un 44, 1% corresponde la deuda de la administración central, mientras que la de las comunidades autónomas tan sólo representa el 9,9% y un 3,4% la de los ayuntamientos. Por lo tanto, los datos desmienten categóricamente la falsa imagen de que las Comunidades Autónomas son despilfarradoras y amenazan la sostenibilidad del modelo. ¿Por qué entonces esta ofensiva? Muy sencillo, la crisis está intentando ser aprovechada para lograr una mayor concentración de la riqueza y del poder económico, y ello requiere también una mayor concentración del poder político que lo haga viable.
Esta, y no otra, es la verdadera razón de esta ofensiva. Sí lo que se trata es de racionalizar estructuras administrativas para ganar en eficacia y evitar duplicidades, hay otros caminos posibles: Adecuar la dimensión de la administración central al reparto competencial existente. ¿Es lógico que tras más de treinta años de democracia el número de Ministerios siga siendo prácticamente el mismo, pese a que muchas de las competencias han sido transferidas a las comunidades autónomas? Implantar la administración única, asumiendo que las Comunidades Autónomas también son Estado, de forma que sean ellas quienes ejecuten en su territorio las competencias del Estado central. Avanzar en la plena autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas. Con el actual modelo se da la paradoja de que existe una alta descentralización en la gestión del gasto y un alto grado de centralización en la gestión de los ingresos.
Si se apela a la necesidad de una mayor responsabilización de las Comunidades Autónomas deben asumir ellas la gestión tributaria, para que exista una correspondencia entre generación de ingresos y políticas de gasto, contribuyendo también, en la que parte que les corresponda, al sostenimiento del Estado común. Revisar el papel del Senado, para adecuarlo en su composición y funciones a su condición de Cámara territorial. Un Senado como el actual, reducido al papel de Cámara de segunda lectura, si que genera duplicidades innecesarias y resta eficacia a la labor del legislativo. Impulsar fórmulas de cooperación y agrupación de ayuntamientos, para superar la actual atomización municipal, y suprimir las Diputaciones Provinciales.
Si de lo que se trata es de racionalizar estructuras administrativas ¿es lógico que en estos treinta años se haya desarrollado un nuevo modelo de organización político territorial sin antes revisar el modelo provincial preexistente? Y por último, a los que afirman que es ridículo que existan 17 defensores del pueblo, recordarles simplemente que fueron precisamente ellos los impulsores del café para todos, sin duda para diluir, en ese totum revolutum, la identidad nacional vasca, gallega y catalana. En consecuencia se debe asumir como normal la asimetría en el desarrollo del autogobierno, inherente al propio diseño contemplado en la Constitución, pues no hay nada más injusto que tratar por igual realidades diferentes.
Por lo tanto, es necesario superar la dinámica de generalización y emulación en el desarrollo autonómico, admitiendo con naturalidad que Galicia, Euskadi y Catalunya son realidades nacionales que exigen un tratamiento singular.
(*) Francisco Xesús Jorquera Caselas es portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados