Las empresas militares y de seguridad privadas son la reencarnación moderna de una larga tradición de contratistas privados de la guerra y proveedores de la fuerza física: corsarios, bucaneros y mercenarios.
Durante la Revolución francesa, en Versalles, Luis XVI y sus familia estaban protegidos por mercenarios suizos. En el siglo XXI, los generales norteamericanos en Irak, el presidente de Afganistán y tantos otros están protegidos por empleados de empresas militares y de seguridad privadas.
En el seno de las Naciones Unidas la cuestión de los mercenarios y de las repercusiones de las actividades de las empresas privadas que ofertan en el mercado internacional servicios de asistencia, asesoría y seguridad militares sobre el disfrute de los derechos humanos ha sido mandatada desde 2005 a un grupo colegial de 5 expertos independientes: el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios.
En el transcurso de estos últimos veinte años ha habido en los países occidentales, principalmente en los Estados Unidos de América y el Reino Unido, un desarrollo espectacular de las empresas militares y de seguridad privadas (EMSP). Dicho desarrollo es, en parte, debido a la generalización de contratar al exterior (externalización) funciones militares y de seguridad a empresas privadas por gobiernos, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales así como por compañías transnacionales. Y en gran parte debido a la inseguridad que han creado los atentados terroristas cometidos a principios del siglo XXI.
Esas empresas prestan sus servicios en zonas de conflicto de baja intensidad y en situaciones de post-conflicto como Afganistán, los Balcanes, Colombia, Iraq, la Región de los Grandes Lagos de África (Congo, Ruanda, Burundi), Somalia o Sudán. Asimismo, paralelamente a esta privatización de la guerra en el plano internacional se ha producido un aumento en todo el mundo de la demanda de servicios de seguridad y protección de bienes en el plano nacional. Algunas de esas empresas militares y de seguridad privadas, como Blackwater y sus subsidiarias o afiliadas tal que Total Intelligence son incluso una amenaza al funcionamiento de las instituciones democráticas.
La situación en Libia presenta unas características hasta ahora desconocidas. Por una parte la guardia pretoriana del coronel Gadafi habría sido capacitada por empleados de empresas militares y de seguridad privadas occidentales y por la otra el mismo Gadafi estaría reclutando mercenarios para utilizarlos contra su pueblo ya que muchos militares libios que no pertenecen a la tribu de Gadafi se han negado a disparar contra sus hermanos. Hace un par de años la prensa destapaba un escándalo en el que comandos alemanes en activo habrían estado capacitando a la guardia de Gadafi. Por otra parte, varias fuentes fiables señalan que una empresa militar y de seguridad privada israelí estaría contratando mercenarios para Gadafi.
En Libia circula la información de que los “snipers” que disparan contra la población serían originarios de algunos países europeos. Un agravante a los posibles crímenes de lesa humanidad que se hayan podido cometer en Libia habría que añadir la utilización de mercenarios contra sus propios ciudadanos en un país que es parte en la Convención internacional contra los mercenarios.
La utilización masiva de contratistas privados en las operaciones militares de Iraq y de Afganistán, las violaciones de derechos humanos que algunos de ellos han cometido han focalizado la atención internacional y generado un debate sobre el tipo de funciones que las empresas militares y de seguridad privadas deberían o no deberían hacer y cómo se deberían regular y controlar sus actividades.
Desde 2001, la utilización de contratistas privados en Irak y Afganistán y las violaciones de derechos humanos que han perpetrado ha suscitado una seria preocupación y generado un debate en el ámbito internacional respecto a las funciones que las empresas militares y de seguridad privadas deberían desempeñar, que normas se les deberían aplicar y como se deberían controlar sus actividades.
Precisamente por las consecuencias que las actividades de esas empresas militares y de seguridad tienen en el disfrute de los derechos humanos, el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios ha recomendado en sus informes de 2010 al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas la elaboración de un instrumento vinculante que regule y controle sus actividades en el ámbito nacional e internacional. Para facilitar la discusión, el Grupo de Trabajo ha redactado y presentado un proyecto de convención internacional para la regulación, supervisión y control de las empresas militares y de seguridad privadas.
Dos filosofías enfrentan a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en cuestiones tan transcendentes como la soberanía de los estados y las consecuencias que implica la contratación externa de la utilización legítima de la fuerza a contratistas privados sin mecanismos de regulación ni de vigilancia.
La posición de los países occidentales en el marco de Naciones Unidas ha sido un rechazo total de cualquier mecanismo de regulación y de control. Su posición es comprensible dado que la nueva y floreciente industria de la seguridad reside en los países occidentales y en particular en el Reino Unido y en los Estados Unidos de América, donde se encuentra el 70% de las EMSP. Sin embargo, su posición, no es justificable ya que el objetivo del nuevo instrumento legal no es de prohibir las actividades de las EMSP, lo que actualmente resultaría completamente irrealista. El propósito principal del instrumento internacional sería de establecer normas mínimas en el ámbito nacional e internacional con el fin de que los Estados regulen las actividades de las EMSP y su personal y establezcan mecanismos de vigilancia y control dado el impacto negativo que tienen las actividades de dichas empresas en el disfrute de los derechos humanos.
Los Estados Miembros del Grupo Occidental, principalmente Estados Unidos de América y el Reino Unido, que favorecen la autorregulación por las mismas empresas, han desacreditado las resoluciones presentadas en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas argumentando que esas empresas son entidades comerciales legítimamente registradas y que sus empleados no son mercenarios sino contratistas privados. Dichas empresas ejecutan contratos de gobiernos, principalmente de los Estados Unidos, de compañías multinacionales, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales facilitando, entre otras actividades, formación de personal, inteligencia y seguridad pasiva. Asimismo, los países occidentales consideran que el Consejo de Derechos Humanos no es el foro apropiado para debatir esos temas.
Dejadas sólo a su autorregulación, las empresas militares y de seguridad privadas continúan sin aplicar las buenas prácticas. Las torturas cometidas en la cárcel iraquí de Abou Ghraib, las ejecuciones sumarias perpetradas en Nissour Square, Bagdad, así como la falta de procedimientos en el reclutamiento del ex soldado Danny Fitzsimons diagnosticado con desordenes de estrés post traumático en enero del 2004, mayo del 2008 y junio del 2009 pero contratado por ArmorGroup y enviado a Irak sin reconocimiento médico alguno y el asesinato de dos de sus colegas y las heridas a un tercero cometidos por él 36 horas después de su llegada deberían ser suficientes para demostrar la necesidad de reglamentar y controlar las actividades de soldados privados.
La resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos prevé la creación de un grupo intergubernamental de composición abierta con el mandato de elaborar un instrumento legal vinculante para reglamentar y controlar las consecuencias de las actividades militares y de seguridad privadas en el disfrute de los derechos humanos, sobre la base de los principios, elementos principales y el texto del proyecto de una posible convención propuestos por el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios.
La resolución fue adoptada, el 1 de octubre 2010, por 32 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones. El voto negativo de las delegaciones del Grupo Occidental (salvo las abstenciones de Noruega y Suiza) muestra que los intereses de la nueva industria en expansión de la seguridad – se estiman a más de 100 mil millones de dólares los ingresos anuales - han estado bien defendidos, como lo fueron en otras numerosas ocasiones. A este efecto, cabe mencionar que la consulta regional para los Estados Occidentales que debía celebrarse en Madrid en octubre del 2010 tuvo que ser anulada por falta de interés de los gobiernos occidentales en participar en dicha consulta.
La primera sesión del grupo intergubernamental de composición abierta establecido por el Consejo de Derechos Humanos tendrá lugar en Ginebra del 23 al 27 de mayo de 2011.
El voto negativo de los Estados Occidentales (entre los que se incluye el de España, miembro del Consejo de Derechos Humanos), a pesar de las modificaciones hechas por los patrocinadores de la resolución para conseguir un consenso, indica la firme voluntad por parte de los Estados en donde radica la nueva industria corsaria del siglo XXI de no entrar desde el principio en un debate de fondo sobre todas las cuestiones que plantean las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas, como la privatización de la seguridad y de la guerra.
Si no queremos volver a los tiempos de las grandes compañías como la Bay Hudson o la Indian Company que dominaban territorios inmensos y llevaron incluso Inglaterra a una guerra no querida por sus monarcas, o lo que sería peor, a la edad media en que las multinacionales remplazarían a los señores feudales, la sociedad civil y la opinión pública internacional tienen que ejercer suficiente presión sobre sus gobiernos en particular en los países occidentales.
(*) José L. Gómez del Prado es presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios