El juez Arturo Zamarriego ha procesado a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás', por un delito de estafa consistente en hacerse pasar por un alto cargo del Estado que, a cambio de dinero, resolvía problemas a personas que previamente habían sido captadas con la participación de seis personas, entre ellos cuatro policías municipales y un guardia civil.
En su auto previo a la apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Zamarriego ve indicios de participación en ese delito de estafa, entre otros, del excoordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid Emilio García Grande.
Antes de abandonar su plaza como titular del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid para pasar a la Audiencia Provincial, Zamarriego ha notificado a las partes que disponen de un plazo de diez días para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
El juez ve indicios de delito en la actuación del 'pequeño Nicolás' que, ayudado por estos policías, "accedieron en varias ocasiones (desde julio de 2013 hasta octubre de 2014, cuando fue detenido) a información de carácter confidencial perteneciente al Ministerio del Interior que obraba en las bases de datos policiales".
Concretamente, acusa de un delito de pertenencia en organización criminal a Francisco Nicolás, Emilio García Grande y los policías municipales Jorge G.H. y Felipe G.S.
El juez les imputa, además, el de cohecho y relevación de secretos, incluyendo en esta tipología al resto de procesados: el también policía municipal José Luis G.C., el guardia civil adscrito a la Casa Real Francisco Javier S.L. y el extrabajador de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Juan Julián Munguira.
"El modus operandi", acredita el juez, "siempre fue el mismo: Francisco Nicolás facilitaba a uno o varios de los investigados placas de matrículas de vehículos, líneas de teléfonos o números de identificación (...) Acto seguido, éstos, aprovechando su condición de agentes del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid procedían a extraer de dichas bases la información requerida y se la facilitaban a Francisco Nicolás a cambio de promesas y remuneraciones económicas".
De esta forma, el magistrado concluye que Emilio García Grande y los policías Jorge G.H. y Felipe G.S actuaban "bajo la dirección superior de Francisco Nicolás". "Durante este periodo también contactó de la misma forma y con el mismo fin a otros agentes y funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado", añade.
El auto recoge la reunión el 29 de septiembre de 2014 del 'pequeño Nicolás' y el empresario Javier de la Rosa Martín en el interior de un vehículo de alta gama aparcado en las inmediaciones de Madrid-Atocha y las gestiones que emprendió este joven al sospechar que había sido espiado por policías desde una motocicleta.
Por este motivo, Francisco Nicolás contactó Francisco Javier S.L., guardia civil de la Casa del Rey, quien le facilitó los datos relativos a la matrícula de esa motocicleta, según este agente "reservada para la Secretaría de Estado para los Servicios Generales", a cambio de que este joven "influyera favorablemente en los exámenes de promoción interna que estaba preparando".
El pasado mes de noviembre, el Juzgado de lo Penal número 25 de Madrid condenó a Francisco Nicolás por decir que el CNI pinchó su teléfono. El juzgado le impuso una multa de 4.320 euros y lo absolvió del delito de injurias.
En otro auto fechado también el 17 de marzo, el juez Zamarriego desestima el recurso planteado por la defensa del excomisario José Manuel Villarejo pidiendo que se declaren nulas por romper la cadena de custodia las pruebas aportadas en el 'caso Nicolay', una derivada del 'caso Nicolás' en la que se investiga la grabación y difusión de una conversación entre policías y agentes del CNI.
Villarejo había pedido que no se admitiera un CD y pendrive aportados por la comisión que presidía Marcelino Martín Blas, ex jefe de Asuntos Internos grabado en la conversación que motivó la apertura de este pieza separada.
La petición de Villarejo, sostiene el juez, "resulta extemporánea toda vez que el procedimiento no se encuentra en el trámite legalmente previsto para el análisis de eventuales vulneraciones de derechos fundamentales".