La comisión de investigación del Congreso sobre el supuesto uso partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz arrancará el próximo miércoles con las comparecencias del exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso y del propio exministro.
Tanto De Alfonso, que está citado a las cuatro de la tarde, como Fernández Díaz, que comparecerá inmediatamente después, contarán con diez minutos de intervención inicial y, a continuación, cada grupo dispondrá de quince minutos para formularle las preguntas que considere oportunas, a las que deberán responder en ese momento, siguiendo el modelo de los interrogatorios judiciales. Tras atender a cada grupo, cerrará el compareciente con una intervención final de cinco minutos.
Este formato, que fue propuesto por el PSOE y se acordó sin apoyo del PP, ya se ha utilizado en el pasado en otras comisiones de investigación como la de Gescartera o la de los atentados del 11M y permitirá que las comparecencias sean más ágiles y evitará las grandes exposiciones iniciales que tienen lugar en cualquier comparecencia ordinaria.
Fernández Díaz y De Alfonso son los protagonistas de aquella conversación grabada en el despacho del ministro que abrió la polémica al desvelarse supuestas maniobras policiales, mediáticas y judiciales contra formaciones de la oposición. Ellos inaugurarán la ronda de comparecientes que desfilarán por la comisión de investigación, aunque no se descarta que la oposición vuelva a citarles más adelante.
Eso sí, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha enviado una carta al Congreso para recordar que la citación de De Alfonso, al ser magistrado, está sujeta al marco legal de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPEJ).
Así, señala que no puede responder a cuestiones que afectan a su jurisdicción y que, según el artículo 399.1 de la LOPJ, puede contestar preguntas por escrito o en su despacho, una prerrogativa que en el Congreso no creen que vaya a producirse. De hecho, De Alfonso no es el primer magistrado que comparece en una comisión de investigación del Congreso y además ya compareció personalmente en el Parlament por el mismo tema.
Tras los testimonios de Fernández Díaz y De Alfonso, el resto de comparecientes llegarán en mayo, según el acuerdo alcanzado por los grupos, que también han decidido prorrogar un mes más, hasta finales de junio, los trabajos de la comisión, al considerar que los tres meses iniciales previstos no iban a ser suficientes para hacer las correspondientes conclusiones.
Esta decisión provocará que coincidan más tiempo de lo inicialmente previsto los trabajos de dos comisiones de investigación: la de Fernández Díaz y la relacionada con la crisis bancaria, que está previsto que eche a andar entre finales de abril y principios de mayo.
De entrada, el presidente de la comisión, el nacionalista vasco Mikel Legarda, ha convocado a los grupos para el próximo 18 de abril, justo después de Semana Santa, para tratar de definir los comparecientes a los que citarán en próximas semanas. Para entonces se espera que tengan ya en su poder la documentación que consideran necesario reclamar para afrontar el trabajo de la comisión de investigación de los próximos meses.
En su última reunión, los grupos trataron de acordar los documentos que la comisión solicitaría, pero el consenso fue imposible casi desde el principio porque el PP, el PSOE y Ciudadanos cuestionaban la mayor parte de las peticiones de información de los independentistas catalanes al considerar que excedía el objetivo para el que se creó la comisión.
Por ello, decidieron votar una a una todas las solicitudes de documentación que planteó cada grupo y fue ahí donde los 'populares', los socialistas y el partido naranja echaron por tierra las pretensiones de ERC y PDeCAT, y algunas de Unidos Podemos, alegando que buscaban convertir la comisión en una justificación del proyecto independentista catalán, confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
Así, la comisión rechazó, entre otras cuestiones, la documentación relativa a las conversaciones que tuvieron lugar en 'La Camarga' --entre la dirigente del PP Alicia Sánchez Camacho y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez-- o el informe enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores que dirigía José Manuel García-Margallo a las embajadas contra el proceso soberanista catalán.
Pero también se censuraron otras solicitudes relacionadas con el ático de Ignacio González o con el 'pequeño Nicolás' y otras tantas por falta de concreción o por pretender hacer de la investigación sobre la gestión de Fernández Díaz una causa general, añadieron las mismas fuentes.