La última etapa de expansión de la economía española (1994-2007) fue intensa y duradera, permitiendo un importante crecimiento –un 3,5 % anual en promedio-, creación de empleo –que superó el 3 % anual- y la convergencia hacia el nivel medio de renta per cápita de los países del núcleo de la UE.
Sin embargo este auge se logró siguiendo un patrón de crecimiento que terminó generando importantes desequilibrios. La disponibilidad de crédito en condiciones muy favorables, en un contexto de expectativas muy positivas y aumento de la población, supuso un fuerte impulso para la demanda interna. Con ello, se reorientó una parte importante de la inversión y el empleo hacia los sectores no comercializables internacionalmente y se creó una burbuja en el sector inmobiliario. Una consecuencia de este proceso fue el elevado endeudamiento de familias y empresas financiado en buena medida con ahorro exterior, lo que supuso un aumento considerable del endeudamiento neto de nuestra economía frente al resto del mundo. El rápido crecimiento de la demanda provocó presiones alcistas sobre los costes y precios que contribuyeron a deteriorar la competitividad, realimentando la necesidad de financiación exterior.
En este contexto, se desencadenó la crisis financiera internacional, que ha afectado muy intensamente a España, poniendo en evidencia las debilidades estructurales y los desequilibrios macroeconómicos acumulados en el pasado. El impacto de la recesión, amplificado por la dualidad y rigidez del mercado laboral, ha provocado un fuerte incremento del desempleo, particularmente en el sector de la construcción residencial e industrias relacionadas. Por otra parte, la caída de la actividad –junto con las medidas discrecionales para amortiguar el impacto de la crisis- se ha traducido en un importante déficit público. Con la crisis se ha producido en España el inicio de una fuerte corrección de los desequilibrios. El ajuste en el sector privado está bastante avanzado: familias y empresas han corregido rápidamente su necesidad de financiación para contener su deuda. Los hogares han restringido su inversión en vivienda y han elevado su ahorro hasta alcanzar en 2009 una tasa históricamente elevada, del 18 % de su renta disponible.
Por su parte, las sociedades no financieras han corregido su necesidad de financiación, llegando incluso a tener capacidad de financiación neta a lo largo de 2010, lo que les ha permitido fortalecer sus balances. Este proceso de ajuste afecta con especial intensidad al sector inmobiliario, donde los excesos fueron más evidentes. La inversión residencial que alcanzó un máximo del 9,3 % del PIB en 2006, se ha reducido drásticamente, volviendo a tener en 2010 el mismo peso que en 1995 (4,4 % del PIB). En definitiva, se observa una contención en el gasto privado que permite sanear balances y corregir excesos pasados, pero que inevitablemente tiene un efecto contractivo sobre la actividad económica.
El sector público también está asumiendo su parte del ajuste, llevando a cabo un ambicioso proceso de consolidación presupuestaria, que comenzó con la elaboración de los presupuestos para 2010 y se aceleró en mayo de ese año, ante la gravedad de las tensiones financieras desencadenadas por la crisis griega. Gracias a este esfuerzo, ha sido posible recortar en casi dos puntos del PIB el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, con un balance en 2010 del 9,2 % del PIB, mejorando en una décima el objetivo planteado.
Concreción de desequilibrios
Además, el Gobierno está desarrollando un amplio programa de reformas estructurales para corregir aquellos puntos débiles que vienen afectando a nuestra economía desde hace años, pero que se han puesto más claramente de manifiesto con la crisis. Los principales objetivos de las reformas adoptadas son: eliminar trabas a la actividad empresarial -especialmente en el sector servicios-, lograr un funcionamiento más eficiente del mercado de trabajo, garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo e impulsar la reestructuración y el fortalecimiento del sector financiero, en particular de las cajas de ahorros. La corrección de los desequilibrios y las reformas estructurales están impulsando una profunda reorientación de nuestro modelo económico. Una transformación que requiere tiempo, pero que está en marcha y que debe permitir iniciar una nueva etapa de crecimiento más equilibrado y sostenible. Un nuevo periodo de expansión, quizás con tasas de crecimiento menos espectaculares que en el pasado, pero más sólido y sostenido.
No es posible determinar qué actividades o sectores económicos concretos serán los protagonistas del crecimiento en el futuro. Y, desde luego, esa no es una tarea que corresponda al Gobierno. Son los emprendedores privados quienes deben ir descubriendo y apostando por aquellos sectores con mayor potencial de futuro. El objetivo del Gobierno es garantizar un entorno macroeconómico estable y una regulación económica adecuada, que facilite el desarrollo de la actividad empresarial en un entorno de competencia y evite introducir distorsiones. Además, debe reforzar los pilares del crecimiento y el bienestar a largo plazo, mejorando la educación y las infraestructuras públicas, fomentando la innovación y un funcionamiento eficiente de los mercados.
En todo caso, sí podemos anticipar algunos de los principales elementos en los que se apoyará el crecimiento en el futuro: · Un patrón de crecimiento más diversificado, menos concentrado en sectores concretos –como la construcción residencial- y menos dependiente del endeudamiento. No en vano, si exceptuamos la construcción, para el resto de sectores los niveles de deuda les siguen permitiendo tener margen para crecer. Y en adelante, los financiadores requerirán una mayor participación de las propias empresas en los proyectos de inversión, que, por lo tanto, deberán contar con mayores recursos propios. · Una economía más competitiva y orientada al exterior. La demanda externa debe ser el motor de la recuperación. Para ello es preciso continuar estimulando la internacionalización de la actividad empresarial. Éste es un campo en el que las empresas españolas han avanzado mucho en los últimos años, pero es necesario ampliar el número de medianas empresas que compiten en otros mercados. Para competir internacionalmente, es fundamental lograr una evolución moderada de los costes que proporcione ganancias inmediatas de competitividad.
A medio y largo plazo, la clave de la competitividad es el crecimiento de la productividad sobre la base de la innovación y la mejora del capital humano.
La innovación en el sentido más amplio tendrá una importancia creciente y debe ser una preocupación constante de todas nuestras empresas. No se trata solo de potenciar aquellos sectores más tecnológicos e innovadores, sino de lograr impulsar la innovación en todos los rincones de nuestra economía.
La economía del futuro estará cada vez más basada en el conocimiento. Por ello, es necesario mantener el esfuerzo para que el sistema educativo y la formación estén permanentemente orientados a las necesidades presentes y futuras del mercado de trabajo.
Para potenciar los factores anteriores, es necesario eliminar cualquier obstáculo al crecimiento empresarial, pues las empresas de mayor tamaño son en general más productivas, innovadoras e internacionales. Un elemento diferenciador de nuestro tejido empresarial en relación al de nuestros principales socios europeos es el elevado peso de las pequeñas empresas. En España más del 90% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores y eso introduce un sesgo a favor de los bienes y servicios no comercializables internacionalmente y condiciona el crecimiento de la productividad a largo plazo. · Ganarán peso aquellas ramas de actividad dirigidas a atender necesidades vinculadas a los cambios demográficos de carácter estructural, como la mayor esperanza de vida y el envejecimiento de la población.
Los cambios en la regulación y supervisión que se están promoviendo en los foros internacionales favorecerán un sector financiero que, en lugar de contribuir a las fluctuaciones económicas como en el pasado, ayude a amortiguarlas, financiando un crecimiento más equilibrado y estable. La reestructuración del sector refuerza su solvencia, garantizando la disponibilidad de capital para el desarrollo de la iniciativa empresarial.
El crecimiento permitirá crear empleo más estable, menos vulnerable frente a eventuales fluctuaciones económicas que el pasado. La reforma laboral facilitará la reorientación de la inversión y el empleo hacia nuevas actividades de mayor valor añadido y permitirá que las condiciones laborales se ajusten a la realidad económica de cada empresa.
Otro elemento que debe estar presente en nuestro modelo económico ha de ser la eficiencia energética. Constituye un elemento clave para mejorar la sostenibilidad y también permitirá reducir nuestra dependencia energética del exterior, así como una reducción de costes que favorezca de la competitividad.
Para facilitar el desarrollo de la actividad privada también es fundamental contar con una administración más eficiente que reduzca al máximo las cargas administrativas para ciudadanos y empresas. Es necesario agilizar su funcionamiento, aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la gestión. Además, en un Estado descentralizado como es España, el creciente protagonismo de las administraciones autonómicas y locales exige un esfuerzo adicional para mejorar la coordinación entre los tres niveles administrativos.
La economía será menos propensa a incurrir en desequilibrios y tendrá mayor capacidad para adaptarse a los cambios en el entorno económico. El euro ha incentivado el crecimiento durante la etapa de auge y nos ha protegido frente a la inestabilidad financiera global. Pero, al mismo tiempo, supone una restricción importante sobre los instrumentos a disposición de los Gobiernos para hacer frente al impacto de la crisis y puede aumentar el riesgo de contagio una vez que la inestabilidad alcanza a algún Estado miembro. Por eso, es esencial dotar a nuestra economía de una mayor flexibilidad para hacer frente a eventuales shocks negativos. Igualmente, es necesario seguir trabajando a nivel europeo para fortalecer la gobernanza económica del euro, mejorando las medidas para prevenir futuras crisis y dotándonos de instrumentos más eficientes para hacerles frente cuando no sea posible prevenirlas.
Además, el crecimiento económico debe ser compatible con el mantenimiento del nivel de protección social que ha caracterizado tradicionalmente al estado de bienestar europeo.
Hay que garantizar el mantenimiento de las políticas sociales que protegen a los más vulnerables. En definitiva, el patrón de crecimiento de nuestra economía está en pleno proceso de transformación. Cada vez se apoya más en la productividad y la mejora de la competitividad, para aprovechar el potencial que ofrecen los mercados internacionales, al mismo tiempo que se facilita un crecimiento sostenible de la demanda interna, de modo que no dependa de un endeudamiento creciente. De esta forma, se están sentando las bases de una etapa de crecimiento sostenido y más equilibrado, capaz de crear empleo más estable y mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto.
(*) Elena Salgado es vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda