La Audiencia Nacional ordenó practicar ayer miércoles entradas y registros en las sedes de Iberdrola en Madrid y Bilbao después de admitir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra la compañía, indicaron a Europa Press en fuentes jurídicas.
En concreto, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno adoptó la decisión tras admitir una denuncia de Anticorrupción contra Iberdrola Generación por un delito relativo al mercado y los consumidores.
La investigación se refiere a un presunto delito presuntamente cometido por los directivos o empleados de la empresa que adoptaron las decisiones que llevaron al "alza artificial del precio de la energía eléctrica en el período transcurrido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013".
Fue precisamente en diciembre de 2013 cuando el Gobierno se vio obligado a suspender el sistema de fijación de precios trimestral de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y crear el actual Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).