La crisis económica en nuestro país se ha agudizado. Hoy estamos peor que ayer. En estos 17 meses ha crecido el número de parados según la EPA en 677.000 personas, a un ritmo de 40.000 parados mensuales, más los de este trimestre. Este año van a ser desahuciadas de sus casas unas 300.000 familias que no pueden pagar la hipoteca porque han perdido el empleo. El crédito sigue llegando lento y caro a las pymes y a los autónomos. Aumenta el número de personas en exclusión social. Las recortadas partidas de ayuda de los servicios sociales de los ayuntamientos se agotan en los primeros 6 meses del ejercicio; más de 1,1 millones de parados están sin ayuda; 1,2 millones de familias tienen todos sus miembros en paro, crece el número de personas a las que se reduce su ayuda, al pasar de la prestación al subsidio, y se han reducido y limitado la ayuda de 426 euros.
Hoy hay más pobres y más ricos que hace 17 meses. La inflación se sitúa en el 3,6 % y la previsión del PIB es de un 0,8 % para 2011, lo que significa que la economía está estancada. Paro, inflación y estancamiento económico forman un cóctel peligroso.
Los datos anteriores sólo vienen a demostrar que las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la crisis han sido, además de injustas, inútiles, y sólo han generado más sufrimiento para demasiada gente y desesperanza para el conjunto de la ciudadanía.
La política de recortes en los Presupuestos de 2010 y en la inversión pública a principios del mismo año, coincidiendo con el primer ataque significativo contra la deuda soberana de Grecia, Portugal, Irlanda… y España, marcó una tónica lesiva para la economía y el empleo. El 12 de mayo de ese año el presidente del Gobierno nos decía en el Congreso que había que ‘sufrir ahora para ser más felices en el futuro’ porque había que dar señales positivas a los mercados. Aplicaba así el ‘tijeretazo’ con unos 15.000 millones de euros en recortes salariales, económicos y sociales. Ese día situaba a la democracia de rodillas ante los mercados especulativos internaciones.
Se puso en marcha la reforma laboral con la falsa excusa de crear más empleo estable. Fue contestada por la Huelga General del 29-S. Se aprobó en el Congreso el Presupuesto para 2011, el más raquítico de todas las legislaturas de Zapatero, con un recorte medio del 9 % sobre el del año anterior. Recortes en empleo o inversión pública en partidas como las de Fomento o Medio Ambiente, que llegaban a reducirse en un 30 %.
Paralelamente se hacían concesiones a determinados sectores empresariales, como las de la reunión que el presidente del Gobierno mantuvo con los representantes de las 37 mayores entidades financieras y empresariales.
La aprobación del anteproyecto de ley de Reforma de Pensiones a principios de 2011 certificaba la voluntad del Gobierno de continuar cargando la crisis sobre las espaldas de los que no eran responsables de ella para continuar contentado a los mercados y a los banqueros.
Sin embargo, la reducción del déficit público como justificación de la política de ‘ajuste duro’ se podía haber resuelto con la búsqueda de mayores ingresos, teniendo en cuenta que, según los datos de la Agencia Tributaria, una cuarta parte del PIB no paga impuestos en España. Ello significa que 250.000 millones de euros están fuera del control de Hacienda y que la política de reducciones fiscales, más a los más ricos, aplicadas en los 15 años de gobiernos de José María Aznar y Rodríguez Zapatero han sido responsables de generar un 40 % del déficit público, según los datos aportados por el propio Fondo Monetario Internacional.
Esta línea de actuación, de lucha contra el fraude fiscal, reforma fiscal progresiva y lucha contra la economía sumergida que llevamos pidiéndole al Gobierno desde Izquierda Unida y los sindicatos desde el inicio de la crisis es la que podía haber contribuido a dar una salida social a la misma, obteniendo recursos para abordar la reducción del déficit público, el incremento de la inversión pública del Estado y la generación de empleo, manteniendo las transferencias a las CC.AA. y ayuntamientos, invirtiendo en Educación, en I+D+I, en sectores de servicios públicos y en energías renovables, entre otros. Sin embargo, la ausencia de voluntad política y el servilismo del Gobierno al poder financiero y especulativo, así como a determinados sectores empresariales, lo ha impedido. Valga como botón de muestra que la Agencia Tributaria vio recortado su presupuesto un 6,1 y 5,7 % los años 2010 y 2011, respectivamente.
El Gobierno no ha adoptado ni una sola medida frente a los responsables de la crisis.
Salvo la tímida medida de incrementar dos puntos en dos nuevos tramos del tipo marginal del IRPF y añadir un nuevo tramo, y algún punto más los beneficios del capital, no se han adoptado medidas frente a los responsables de la crisis para que contribuyeran social y justamente en su salida. Rodríguez Zapatero incumplía una vez más su palabra de establecer un impuesto a los más ricos.
Mientras tanto, los reducidos ingresos a la Hacienda Pública proceden cada vez más de las rentas del trabajo y de los impuestos indirectos en comparación con los provenientes de los beneficios del capital. El tipo medio efectivo recaudado en 2009 del Impuesto de Sociedades, después de las bonificaciones fiscales, sólo llegó al 10 %. Sólo 10 entidades financieras y empresas del sector energético han declarado unos beneficios en 2010 de 37.000 millones de euros.
El presidente del Santander afirmaba la semana pasada que era el ‘claro ganador de la crisis’, con unos beneficios netos del periodo 2007/2010 de unos 35.000 millones de euros, con un reparto de dividendos a los accionistas de unos 19.000 millones.
Tampoco ha habido austeridad en los salarios de los altos directivos y ejecutivos de las empresas cotizadas en Bolsa, que recibieron en 2010, cada uno, unas retribuciones medias anuales de 1 millón de euros.
Algunos son insaciables y cabe recordar aquí lo que les decía hace años a un grupo de empresarios un alto responsable de marketing, y lo digo con sumo respeto a las personas que tienen esta discapacidad: “En un país de cojos, éstos entienden que otros vayan andando con normalidad, pero lo que no aceptarán, antes o después, es que otros salgan corriendo haciendo mofa de los que caminan con dificultad”.
El escenario de las elecciones
Así, el decreto de convocatoria de las Elecciones Municipales y Autonómicas nace precedido de este panorama injusto y de sufrimiento de tanta gente, en medio de la bancarización de las cajas de ahorro, de la catástrofe nuclear de Fukushima que cuestiona con más intensidad, si cabe, la energía nuclear, de la decisión en la UE de poner en marcha el llamado ‘Pacto del Euro’ que obligará a profundas reformas legales y que es una especie de nueva Constitución Europea neoliberal encubierta, y con una intervención militar en la ya guerra civil de Libia.
Igualmente, asistimos a una seria crisis de la democracia originada por la desafección alimentada por la corrupción. Una crisis política en el liderazgo del partido del Gobierno, una elevada desconfianza de la ciudadanía tanto hacia el jefe del Gobierno como hacia el máximo responsable del PP, según se desprende de todas las encuestas.
La evolución de la crisis confirma nuestro análisis
Por tanto, vamos a unas elecciones en un contexto de profunda crisis económica, con más expectativas de agravamiento que de mejora. En todo caso, la gestión de los ayuntamientos y gobiernos autonómicos durante la próxima legislatura (2011-2015) va a estar en clave de crisis y, especialmente, en clave de un elevado paro, porque no hay ninguna previsión de que el desempleo mejore de forma clara antes de 2016.
Todo ello con unos ayuntamientos en dificultades financieras por la asunción de competencias de gasto que competen a otras administraciones (se calcula en un 35 %), situación agravada por no haber resuelto la financiación local, a pesar de los compromisos gubernamentales de abordarla en paralelo a la financiación autonómica. Quiero destacar que la iniciativa presentada por IU en el Parlamento, el pasado 8 de marzo fue rechazada por el grupo el grupo del PSOE y contó con la abstención del PP.
De esta forma, podemos afirmar que hay más elementos de preocupación que de ‘brotes verdes’ porque a los datos ya apuntados hay que añadir que este mes es muy posible que el Banco Central Europeo aumente los tipos de interés. Eso será un freno añadido a nuestras posibilidades de relanzamiento de la actividad económica. Si ahora el crédito es escaso, el futuro anuncia crédito escaso y caro.
Las amenazas sobre nuestra deuda soberana tienen más que ver con la debilidad de nuestra economía para impulsar un crecimiento significativo y sostenido que con la situación de la deuda pública, que aunque está creciendo todavía se mantiene en niveles moderados en comparación con otros países de la UE. Pero el Gobierno no responde a esa realidad.
Las medidas del Gobierno no sirven para avanzar en la salida de la crisis
En consecuencia, seguimos pensando que las medidas que está adoptando el Gobierno sirven para cosas muy distintas a las que tienen que ver con la salida de la crisis. Sirven esencialmente para detraer recursos que serían útiles para la creación de empleo y el impulso de la economía real y dirigirlos hacia los beneficios de la banca privada. Todo lo que se está haciendo por parte del Gobierno va en esa dirección: garantizar beneficios al capital financiero que facilite su saneamiento ante la importante deuda que tiene como consecuencia de sus aventuras especulativas relacionadas con la ‘burbuja inmobiliaria’.
Por eso no hay crédito para la pequeña y mediana empresa, por eso no hay crédito para las familias, de forma que pueda aumentar más el consumo privado, por eso no se impulsa la economía real de forma que se pueda crear empleo.
Paul Krugman, premio Nobel de Economía, y no sabemos si todavía asesor del presidente Rodríguez Zapatero tras el fichaje de Boyer, subrayaba en un artículo publicado en el diario ‘El País’ el pasado 27 de marzo el dramático error que están suponiendo las políticas europeas de austeridad, recorte del gasto público y demolición del Estado del bienestar.
La reforma laboral no está sirviendo para lo que se anunció, la contratación indefinida sigue siendo tan escasa como la que había antes del inicio de la aplicación de la reforma, y de eso va a hacer ya 10 meses.
La reforma de las cajas de ahorro es la mayor entrega de recursos al capital financiero privado. Esta reforma que el Gobierno ha puesto en práctica con el apoyo del Partido Popular representa la más gigantesca transferencia de recursos hacia el capital financiero producida en nuestro país desde 1939. Y lo quieren justificar, además, con una situación crítica de las cajas, consecuencia de una operativa bancarizada y especulativa.
¿Cuánto tiempo hace que no se habla de Islandia en nuestros medios de comunicación? ¿Tendrá algo que ver que en este país resolvieron sus problemas financieros mediante un referéndum por el que la ciudadanía se negó a pagar o a respaldar la deuda de los bancos privados con dinero público? Sólo ha ocurrido que Islandia ha comenzado a salir de la crisis. No es pequeña cosa.
Tal vez haya que aceptar que en España los bancos sean demasiado grandes para dejarlos quebrar, porque entonces nos quedaríamos sin instrumentos financieros en nuestra economía. Pero la respuesta a eso no es la política del Gobierno, la respuesta es la creación de una Banca Pública sin prácticas especulativas y que pueda hacer lo que los bancos privados no quieren o no pueden. Por eso entendemos que la reestructuración de las cajas de ahorro es una oportunidad difícilmente repetible para crear esa Banca Pública.
Estamos radicalmente en contra de la privatización y bancarización de las cajas de ahorro y estaremos radicalmente en contra de que dentro de unos años las cajas que ahora sean prácticamente nacionalizadas sean devueltas al capital privado. Por eso vamos a desarrollar una campaña política para reivindicar su carácter público y para que sean el polo de Banca Pública que la economía española necesita. En esto tienen que jugar un papel importante los parlamentos autonómicos que se elijan en las próximas elecciones.
La equivalencia de las políticas de PP y PSOE
Todas estas políticas neoliberales aplicadas por el Gobierno de Rodríguez Zapatero han llevado a un desencuentro importante entre la base social que le aupó a La Moncloa y sus políticas.
Como dice Eduardo Galeano ‘que duro es escoger entre lo mismo y lo mismo’. A ello nos ha conducido un bipartidismo grabado a fuego en la Transición, cuyo objetivo es que nada cambie en lo fundamental y para ello se ha subordinado la democracia al interés de los poderes fácticos, para que no puedan consolidarse opciones alternativas en la política de este país. Y digo ‘elegir entre lo mismo y lo mismo’ cuando las políticas que aplica en lo fundamental el Gobierno del PSOE son las que recomienda FAES y su presidente José María Aznar en un documento fechado el 30 de marzo de 2009 con el título ‘Ideas para salir de la crisis. Una contribución para el debate. Aznar propone 16 puntos que nosotros hemos resumido en 7 bajo la denominación de ‘Los Mandamientos de FAES’.
Veamos:
1) Recorte del gasto público, recorte de empleo público, austeridad y privatizaciones de empresas públicas: cumplida por el Gobierno del PSOE.
2) Rebajas de impuestos: cumplida.
3) Una profunda reforma laboral: cumplida.
4) Reforma del sistema de pensiones, cumplida por el Gobierno y en trámite parlamentario.
5) Reestructuración financiera, privatización de las cajas de ahorros y reforma de la regulación financiera: cumplida.
6) Modificación del modelo energético, centrales nucleares: cumplida.
7) Reestructuración del modelo autonómico: en la mesa del Gobierno.
Tanto es así que la crítica a la política del PP elaborada desde la fundación que dirige el antiguo ministro Jesús Caldera se centra más en aspectos cuantitativos que en los ejes esenciales antes señalados, compartidos por ambas fuerzas.
Además, a esto sin duda habría que añadir el esfuerzo por la mayor competitividad, la liberalización de servicios, la unidad de mercado y la apertura comercial, que son componentes importante del ‘Pacto del Euro’, en el que nuestro Gobierno aspira a ser alumno aventajado, al igual que ha hecho junto con el redescubrimiento de la guerra como mecanismo humanitario que ya hizo suyo Aznar en Irak.
El ‘Pacto del Euro’ tendrá una influencia decisiva en la gestión de las corporaciones locales y, muy especialmente, en la de las CC.AA.
El ‘Pacto del Euro’ supone un ataque sin precedentes contra la Europa social y democrática. Es una vuelta de tuerca más contra los derechos laborales y sociales de los trabajadores de la Unión Europea y contra los sindicatos. Si queremos tener otro ejemplo más del acuerdo de fondo entre las posiciones neoliberales y social-liberales que en España representan principalmente PP, CiU y PSOE, lo podemos encontrar en las medidas contenidas en esta resolución del Consejo Europeo.
El Pacto, con la excusa de reforzar la competitividad, pretende reducir aún más la participación de los salarios en la renta nacional, ligando los aumentos salariales al incremento de productividad lo que, de paso, vacía de sentido la negociación colectiva. Busca alargar la edad de jubilación para debilitar los sistemas públicos de pensiones y desarrollar buena parte de las iniciativas restrictivas de derechos y servicios sociales que ya están en aplicación en nuestro país con el impulso del Gobierno del PSOE.
El ‘Pacto del Euro’ es también un ataque a la Europa democrática, ya que quienes no lograron imponer la Constitución Europea por el rechazo de los pueblos intentan ahora una ‘Constitución implícita’ con el ideario neoliberal como eje.
Este Pacto obligará a modificar las legislaciones fundamentales de los 27 países que forman la UE. En España, además, condiciona los Estatutos de Autonomía de las CC.AA. y el nivel de prestación de los servicios sociales, que dependen de las autonomías y en algunos casos de los ayuntamientos.
El intento de trasladar a la legislación la limitación del déficit y la utilización del superávit constituye un severo ataque a las competencias autonómicas y municipales. No es cierto que estas instituciones tengan una participación preocupante en la deuda pública. A finales de 2010 la deuda de la Administración Central era del 46% del PIB (487.870 millones de euros), la de las CC.AA. del 10 % (110.455 millones de euros) y la de las corporaciones locales sólo del 3,3 % del PIB (35.442 millones de euros).
Por todo lo anteriormente explicado, reclamamos que los contenidos de ese Pacto se sometan a referéndum. Izquierda Unida, de acuerdo con el Partido de la Izquierda Europea (PIE) va a desarrollar en toda Europa una campaña con ese objetivo.
En España, Izquierda Unida propondrá en el Parlamento las iniciativas necesarias para oponernos a esas medidas y estaremos hombro con hombro con los sindicatos para defender los salarios y la negociación colectiva.
Resulta sorprendente que, antes de comparecer en el Parlamento, el presidente del Gobierno haya informado de estas cuestiones a los 44 grandísimos empresarios y banqueros, en una reunión donde uno de ellos se permite pedirle que agote la legislatura y que remate la faena. Es curioso que este mismo banquero haya salido presumiendo de ser el claro ganador de la crisis de acuerdo con los jugosos beneficios obtenidos en los últimos ejercicios y que ya hicimos referencia anteriormente.
Con ello, se refuerza y consolida la percepción de nuestro pueblo de que quien manda realmente en España es la Banca y las grandes empresas. Hasta ahora, sabemos que daban los consejos (o sería mejor decir las orientaciones) por teléfono o en discretas reuniones. Ahora se hace de forma expresa y con ‘bombo mediático’.
La lucha contra el neoliberalismo
Hemos situado la lucha contra el neoliberalismo en el eje de nuestro discurso y de nuestros programas porque el neoliberalismo representa el mayor ataque a los derechos de los trabajadores y a la democracia. Entendemos el neoliberalismo como la expresión más acabada del capitalismo moderno y en él coinciden PP y PSOE.
Nuestra propuesta, nuestra política y nuestra gestión deben declarar ayuntamientos y comunidades Autónomas como escenarios políticos libres de neoliberalismo. No estamos planteando ninguna propuesta ideologizada. Hay espacios concretos para aplicarla: una determinada forma de entender las relaciones laborales en el ayuntamiento puede no ser neoliberal; una fiscalidad municipal progresiva, aún en los límites estrechos de la actual legislación, puede superar los conceptos neoliberales. Combatir la especulación inmobiliaria es claramente antineoliberal.
Pactamos con nuestros electores, nos comprometemos con la gente de izquierda.
Estamos ya en campaña electoral y del único pacto que proponemos es con nuestros electores. Es un compromiso de Izquierda Unida con la gente de izquierdas. De ese compromiso forma parte la idea de que ni por activa ni por pasiva permitiremos un Gobierno de la derecha en ningún sitio y frenaremos las políticas neoliberales, vengan de donde vengan.
De ese compromiso forma también parte la idea de nuestros acuerdos políticos tendrán una ‘geometría variable’ que dependerá de la mayor o menor coincidencia programática y del correspondiente compromiso en la gestión que alcancemos. En cada sitio hay que analizar y valorar muy cuidadosamente la experiencia, allí donde ha habido acuerdos de gobierno, y sopesar la repercusión que lo local y más próximo a los ciudadanos tiene sobre la percepción global de nuestra política y nuestra coherencia.
Es el momento de pensar en todas estas cosas, aunque para hablar de ello tendremos tiempo suficiente una vez conocidos los resultados, que serán también una orientación relevante de lo que piensan los ciudadanos.
Izquierda Unida cumple 25 años
El próximo 27 de abril es el 25 aniversario de Izquierda Unida. Nuestro recorrido es joven pero, fructífero, con aciertos y errores.
No estamos trabajando en estas elecciones para ganar un punto o dos o unos centenares de concejales. Estamos decididos a intentar conquistar, con toda modestia pero con determinación, la confianza de una parte importante de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Aspiramos a ser una fuerza de gobierno en función de la confianza que nos dé el pueblo. La democracia española y la cohesión social requieren una fuerza con propuestas alternativas, radicales en cuanto que intentan ir a la raíz de los problemas, pero rigurosas y solventes. Reivindicamos la plena legitimidad para aspirar a aplicarlas democráticamente.
Nuestra propuesta es que el cambio de modelo productivo sea el terreno de debate democrático para negociar una política que permita una salida real de la crisis.
(*) Cayo Lara es coordinador general de Izquierda Unida. El presente texto se elaboró a partir de una conferencia en Nueva Economía Fórum.