La infancia es una etapa de incuestionable relevancia para el desarrollo del ser humano y es, a la vez, la época más vulnerable, en la que más necesidad de apoyo y de ayuda se tiene. Es indudable que el siglo XX ha sido decisivo en la configuración de los Derechos fundamentales del niño y en la consideración del menor como un ser con identidad propia y relevante, protagonista activo de la construcción de la sociedad. La Declaración de los Derechos del Niño, de 1959, y la posterior Convención de Naciones Unidas, en 1989, desarrollaron normas de obligado cumplimiento para los países y gobiernos que las ratificaron, la práctica totalidad de los del mundo. España lo hizo el 6 de diciembre de 1990.
La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido decisiva para la infancia. Dentro de su marco, en nuestro país y a lo largo de estos años se ha modificado la legislación nacional y autonómica, se han creado organismos específicos de defensa de los niños; se han producido cambios en los sistemas de protección y en los de justicia de menores; se han ampliado los periodos de educación obligatoria y educación gratuita, se ha mejorado la difusión y aplicación de los derechos de la infancia, etc…
Sin embargo, a pesar de estos avances sustantivos, quedan aún muchos aspectos en los que mejorar y profundizar. Los cambios sociales que se han producido, a tan vertiginosa velocidad, han configurado un marco distinto que exige respuestas rápidas y una acción conjunta y coordinada entre los principales agentes de socialización y atención del niño: la familia, la escuela, las Administraciones, el entorno...
Debemos partir de la base de que nuestra infancia, los niños de España, viven en general en un contexto óptimo y que muchos de los problemas que padecen niños en otras partes del mundo, en Europa en general no se dan: el acceso a medicamentos o a agua potable, una educación obligatoria y universal, el trabajo infantil, etc… Sin embargo, pese a este aparente panorama positivo, UNICEF ha alertado recientemente de que existe un porcentaje estimable de niños que vive en España en situación de pobreza. Es cierto que no se trata de una pobreza como la de los niños del Tercer Mundo, que mueren de hambre o que carecen de los recursos más básicos, pero sí de situaciones que limitan considerablemente el desarrollo adecuado de esos menores afectados. Y un dato que puede resultar sorprendente a este respecto: España ocupa el quinto lugar de la Unión Europea en pobreza infantil y la situación económica actual induce a pensar que este dato puede empeorar.
Tenemos en este sentido un trabajo importante que hacer. Hay situaciones localizadas muy concretas y conocidas, como las de los niños que viven en los poblados chabolistas, cuyas condiciones de salubridad, higiene, escolarización y protección son inadmisibles. Las Administraciones deben resolver este problema lo antes posible y de forma definitiva, así como acometer con diligencia la situación de aquéllos niños que viven estados de necesidad y que precisen de la atención de los sistemas de protección, de modo que en 2020 no podamos ya hablar de estas situaciones de precariedad extrema.
Uno de los aspectos en los que debemos avanzar aún más es el de la creación de recursos específicos para la infancia. Si bien se han creado muchos nuevos, lo cierto es que España tiene una de las dotaciones más bajas de Europa. Un aspecto, por ejemplo, en el que desde el Defensor del Menor hemos insistido reiteradamente es el de la creación de la especialidad de Psiquiatría Infantil, desde el convencimiento de que se trata de unos pacientes con características específicas que resultan más difíciles de abordar desde la psiquiatría general. Cada vez se detectan más trastornos de comportamiento, de déficit de atención y de salud mental entre los niños y adolescentes, lo que lleva a plantear en qué estamos fallando para que esto sea así. En paralelo, surge la necesidad de adoptar medidas tendentes a tratar estos problemas de la forma más adecuada posible.
Inversión en políticas sociales, familiares y de infancia
La inversión en políticas sociales, familiares y de infancia ha crecido en España en los últimos años pero aún estamos lejos de alcanzar la media de los países de la Unión Europea. En la UE el gasto en familia e infancia en 2008 representó el 2.3% del PIB ; en España, sólo el 0’7%. La familia necesita más apoyos, en inversiones, en ayudas, en desarrollo de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral y este ha de ser otro de los objetivos claros para los próximos años.
La educación debe ser una prioridad para cualquier sociedad. Entendida como elemento clave para la formación de la persona pero también como formación académica. España, en este aspecto, obtiene resultados preocupantes, tanto en rendimiento como en abandono y fracaso escolar (más del 31% de la población deja definitivamente los estudios después de finalizada la Educación Secundaria) Este es un aspecto claramente mejorable y que debe marcarse como elemento sustancial para cualquier gobierno, de cara a 2020. La mejora del sistema educativo, que lleve en paralelo una mejora en los resultados que obtienen nuestros estudiantes, debe reflejar una actuación coordinada y consensuada por las fuerzas políticas y los profesionales implicados en la docencia. Hay que cambiar un modelo que parece no estar dando buenos resultados intentando que la incidencia sea igual en todas las comunidades autónomas. Estudiar en un lugar u otro de España no puede suponer ventajas o desventajas para los alumnos.
En materia educativa es importante también que en los próximos años se siga trabajando tan positivamente como hasta ahora en el refuerzo de alumnos con necesidades especiales y de alumnado de origen extranjero que necesita más apoyo. Igualmente lo es aumentar los esfuerzos para combatir el acoso escolar y el ciberbullying, que se produce cada vez con más frecuencia, en paralelo a la utilización masiva de las nuevas tecnologías por parte de los menores. La Institución del Defensor del Menor ha editado precisamente este año una Guía para que los profesores y demás personal docente sepan cómo tratar los cada vez más frecuentes casos de ciberacoso que se están produciendo en nuestro país.
El papel de las nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías, efectivamente, se han configurado de forma rápida y decisiva en instrumentos que unen a su innegable utilidad un número incierto de riesgos y problemas que poco a poco van emergiendo. Las redes sociales, los accesos a contenidos inadecuados en Internet, el empleo de los teléfonos móviles, la grabación y difusión de imágenes a través de ellos, son elemento que pueden, mal utilizados, plantear serios problemas a nuestros menores. Para controlarlo debemos trabajar conjuntamente padres, instituciones, empresas vinculadas al sector y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El Defensor del Menor firmó, en 2007, un Protocolo con todas las empresas vinculadas a las TIC por el que se comprometían a trabajar en defensa de los menores promoviendo el conocimiento y uso adecuado de estas tecnologías. Los trabajos de seguimiento de este Protocolo están confirmando que se avanza positivamente en este camino. Es un reto inculcar a nuestros hijos una cultura de responsabilidad en la utilización de las tecnologías, ponerles en conocimiento de los riesgos que pueden asumir si lo hacen inadecuadamente, informarles sobre qué conductas son inadecuadas y cuáles, incluso, son ilegales. En definitiva, abordar la llamada alfabetización digital, que debería abarcar no solo a los niños y adolescentes sino también, de forma imperiosa, a los padres, que estamos obligados a ejercer la patria potestad también en un mundo virtual que en realidad desconocemos bastante.
En paralelo, también haría falta ajustar adecuadamente los contenidos televisivos que se emiten en los horarios de protección a la infancia que, lejos de protegerla, pueden ocasionar daños a su integridad psicológica e influir negativamente en su proceso de maduración. La autorregulación no está funcionando y se hace imprescindible aplicar las leyes y sanciones tal como están previstas en las directivas internacionales y en las normas nacionales del sector, de modo que la acción ejemplarizante pudiera servir de freno a determinadas conductas.
En temas relacionados con la salud de los menores, dos preocupan por su creciente incidencia sobre la población infantil y adolescente: la obesidad y los trastornos del comportamiento alimentario (anorexia y bulimia). Casi un 28% de los niños de entre 7 y 27 años tiene sobrepeso u obesidad; la vida sedentaria, especialmente, y hábitos alimenticios inadecuados en otros muchos casos, son las causas más frecuentes de estos trastornos. Promover una verdadera política preventiva, que inculque hábitos de vida saludables, con un aumento de actividades deportivas y al aire libre, es también un objetivo a conseguir.
Respecto a la anorexia y la bulimia, habría que añadir, además de la necesaria prevención, más unidades de tratamiento especializado basándose en la experiencia de aquellas que están funcionando de forma óptima en la actualidad.
En España, más del 56% de menores de entre 14 y 17 años declara haber consumido alcohol durante los últimos 30 días y casi un 20% dice haber consumido cannabis. Son datos de la Encuesta estatal de uso de drogas que reflejan que también en este aspecto hay un importante trabajo por realizar, especialmente en materia preventiva, ya desde la Educación Primaria, teniendo en cuenta que cada vez los niños se inician antes en los consumos de alcohol y otras drogas.
En el ámbito de la protección, especialmente frente a los malos tratos y a los abusos sexuales, hay que desarrollar más mecanismos rápidos y eficaces de coordinación que permitan que no pasen inadvertidos los casos en los que los niños son maltratados y que las actuaciones sean tan inmediatas como sea posible. Frente a un maltrato no podemos permitirnos llegar tarde porque las consecuencias pueden ser fatales.
La pornografía infantil y los abusos sexuales que se difunden a través de la red son una variante nueva, asociada a las nuevas tecnologías, que está permitiendo que un delito que antes se daba en solitario y en secreto ahora se produzca casi en red. En este sentido, se está trabajando de forma muy diligente por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Precisamente el Senado ha aprobado recientemente una moción que propone la creación del Agente Encubierto en la red, iniciativa que desde el Defensor del Menor hemos planteado en reiteradas ocasiones. La reforma del Código Penal también ha contribuidos a luchar contra esta lacra pero habrá que seguir avanzando en ese camino para estrechar aún más el cerco a los pedófilos y pederastas que, a través de las redes sociales, están contactando fácilmente con nuestros menores; con muchos de ellos llegan a conseguir incluso citas personales, aspecto sobre el que debemos insistir permanentemente para que nuestros hijos no desvelen a nadie su identidad , no accedan a chantajes y mucho menos queden con desconocidos.
Pero no siempre el menor es víctima. Muchas veces es el causante del daño, el verdugo, el menor infractror. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor, a pesar de haber sido enormemente cuestionada, es una norma que en general funciona y que está permitiendo que un elevado porcentaje de menores con medidas judiciales no vuelva a delinquir al salir de los centros. Sin embargo, plantea dos carencias importantes que hay que subsanar: las penas para los delitos más graves, que deben elevarse, y el tratamiento a las primeras faltas o delitos en el tramo 12-14 años, que deberían ser respondidas con medidas educativas de carácter obligatorio. Si hay un colectivo susceptible de recuperarse y de reinsertarse en la sociedad, es el de los menores. Pero las penas, además de perseguir la corrección y resocialización del menor, deben también servir de resarcimiento a la víctima y de pago por lo que se ha hecho. Y el menor deber ser consciente desde pequeño de que lo que ha hecho está mal y ha producido un daño, a veces irreparable, a otras personas.
Como vemos, dentro del privilegio que supone haber nacido o vivir en un país como España, no podemos dejar de ver también sombras que esconden problemas importantes para una parte de nuestra infancia y que deben ser corregidos. El año 2020 es un plazo razonable para avanzar en todos estos aspectos. Construir una sociedad sana y con futuro pasa, necesariamente, por trabajar adecuadamente con los más pequeños y por implementar políticas y acciones que defiendan sus derechos y amplíen su bienestar. Esta es la prioridad que debemos marcarnos todos los que, de una u otra manera, trabajamos para la infancia.
(*) Arturo Canalda es Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid