Mientras Gobierno y Justicia alardean que la dirigente independentista se rinde, los catalanistas lo consideran una argucia para salir en libertad
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena puso en libertad bajo fianza de 150.000 euros a Carme Forcadell, presidenta del Parlament, una de las máximas dirigentes del proceso independentista tras creerse las palabras de ella que afirmó que la declaración unilateral de independencia que aprobó el Parlament el 27 de octubre tuvo solo un valor “simbólico” y carecía de efectos jurídicos, acatando al mismo tiempo la aplicación del artículo 11 de la Constitución por el que el Gobierno de Rajoy ha tomado el control de la Generalitat, ha disuelto el Govern y el Parlament y ha convocado elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.
Con esta actuación del Supremo, que huele tanto a mentira de Forcadell para salir en libertad como a un intento del Gobierno y de la Justicia de dar un nuevo plazo a los independentistas para que vuelvan a la normalidad constitucional, respiran más tranquilos los dirigentes del PSOE y de Podemos que quieren evitar a toda costa que los comicios del 21D se conviertan en un plebiscito a favor de Cataluña o de España, lo que daría ventaja claramente a ERC por un lado y a Ciudadanos por el otro. Las escenas de unas pocas decenas de manifestantes cortando las vías del AVE y las carreteras ante la pasividad policial -siguiendo instrucciones del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido han ido en el mismo sentido de dar alas a los extremos.
El juez Llarena dictó así mismo libertad bajo fianza de 25.000 euros para Lluís Guinó, Anna Simó, Lluís Corominas y Ramona Barrufet, todos ellos miembros de la Mesa del Parlament y la libertad para Joan Josep Nuet. Eso el mismo día en que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela rechazaba los recursos de los miembros del Govern a los que mandó a prisión la semana anterior por el peligro de fuga y por el hecho de que se negaron a declarar manteniéndose en su postura de apoyar la declaración de independencia que hizo el Parlament el 3 de noviembre.
Carme Forcadell, que pasó una noche en Alcalá Meco, depositó ya la fianza de 150.000 euros impuesta por el juez Pablo Llarena tras declarar en el Tribunal Supremo por los delitos de sedición, rebelión y malversación. La ANC ya había anunciado que cubriría la fianza tanto de Forcadell como de los exmiembros de la Mesa del Parlament, que asciende a 250.000 euros. "La caja de solidaridad cubrirá las fianzas de los miembros de la Mesa del Parlament. ¡No estáis solos! Libertad", ha afirmado vía Twitter tras saberse la decisión del juez. En otro tuit, añade: "La presidenta del Parlament de Catalunya dormirá en la cárcel. ¿Su crimen? Cumplir el mandato del pueblo. Libertad".
Prueba de la confusión creada por el juez Llarena es que mientras el Gobierno de Rajoy y sus medios de información afines difunden a los cuatro vientos que Forcadell ha renunciado a la República independiente, Puigdemont, Junqueras y sus grupos de apoyo ignoran esta declaración ante el juez y la consideran una manera inteligente de evitar la cárcel preventiva.
El PDeCat, el partido de Artur Mas, mantiene además su intento de presentar una candidatura única independentista encabezada por el president huido, Carles Puigdemont, que ha arremetido contra los dirigentes de la Unión Europea por no haber intervenido para que los catalanes pudieran votar en referéndum si quieren o no abandonar España.
Los dirigentes de Esquerra Republicana están convencidos que si van solos pueden ganar las elecciones, pero al mismo tiempo temen que si la burguesía catalana acaba pactando con Madrid ellos se queden colgados de la lámpara independentista sabiendo que el trato judicial que les darían sería mucho más duro que a los de la antigua Convergencia que ya fueron juzgados por el referéndum del 9N y solo recibieron penas pecuniarias y de inhabilitación.