Una de las principales aportaciones que Unión Progreso y Democracia ha hecho a la política española en sus tres años y medio de vida ha sido la de romper tabúes y llamar a las cosas por su nombre. Nuestra tarea consiste en hacer pedagogía política, analizar con rigor los problemas y sus causas, poner a nuestro país ante un espejo que no distorsione las imágines y vernos como somos para actuar en consecuencia. Cuando tomamos la decisión de crear un partido político nacional, progresista, laico y transversal, allá en el otoño de 2007, poca gente hablaba en España de crisis económica y muchos menos aún de crisis política.
Pero desde que nacimos hemos venido explicando que los problemas de España no se resumen en la crisis económica, financiera y social. Nuestro hecho diferencial con otros países europeos no es que dupliquemos la tasa de desempleados de la UE; o que el fracaso escolar sea en España más del doble que en los países OCDE; o que seis de cada diez jóvenes españoles estén en paro. Todo eso es nuestro drama, si. Pero si la crisis económica y social ha golpeado con mayor virulencia en España es porque nuestro país tiene una de enorme debilidad política, unas instituciones comunes vacías de competencias y contenido y una clase política decidida a mantener un entramado institucional que le permita garantizarse la alternancia en el poder mientras el país se hunde ante sus ojos. Lo que sufrimos hoy es consecuencia de años de despilfarro económico y de irresponsabilidad política.
Les hablaré de las medidas que llevamos años planteando con el rechazo de toda la Cámara y que meses después de rechazarlas todos consideran –al menos de boquilla- imprescindibles. Pero antes quiero analizar cómo hemos llegado a esta situación y quienes son los responsables de que España sea hoy un Estado residual. Hoy que todo apunta a que la crisis económica llevará al partido socialista a perder las elecciones generales después de haberse hundido en las municipales y autonómicas del 22 de mayo pasado , conviene recordar cómo se socavaron los cimientos de nuestra convivencia. Más que nada para evitar que se repita la historia.
Fallos del Gobierno
Lo peor ocurrió en la primera legislatura de Zapatero, aunque eso no le costara electoralmente nada al Partido Socialista. Fue en la primera legislatura en la que se rompieron todos los acuerdos de Estado, en la que los socialistas se afanaron en cavar una zanja entre conciudadanos para recuperar la maldita imagen de las dos Españas. Fue en esa primera legislatura en la que se pusieron en marcha reformas de la Constitución vestidas de nuevos Estatutos de Autonomía. Fue en esa legislatura en la que se rompió el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y el Gobierno reconoció a ETA como su interlocutor político, colmando así las aspiraciones de treinta años de terror y muerte. Lo peor pasó mientras la clase económica, mediática, sindical y política del país le reía las gracias al Presidente del “cambio tranquilo”.
Lo peor pasó mientras los barones del partido socialista se las prometían felices en cada uno de los rincones de España a la par que su jefe hacía trizas todo el legado de la Transición. Entre el 2004 y el 2008 se diseñó y ejecutó la ruptura de todos los puentes, de todos los lazos entre españoles. Y ningún contrapoder democrático – ni político, ni económico, ni social, ni mediático- cuestionó ese suicidio político de la España surgida tras la Constitución del 78. Fueron años en los que el PSOE hacía las leyes para dividir; fueron años en los que el PP caía (y se rebozaba) en todos los charcos que le servía el partido que gobernaba España. Fue la época en la que el partido de la oposición llevaba al Constitucional el Estatuto de Autonomía de Cataluña e impulsaba reformas similares (letra de Estatuto, alma de Constitución) en las CCAA en las que gobernaba o aspiraba a gobernar.
Fue la época en la que se juntaron los estrategas de la ruptura y los acomplejados de la unidad. Fue el principio del fin de un Estado fuerte, con capacidad para impulsar y garantizar la cohesión, la solidaridad y la igualdad entre españoles. En esos infaustos años se trabaron los pactos entre quien ostenta la titularidad del Gobierno de España y los partidos políticos que no creen en España como nación. En esa legislatura nos perdimos (y nos perdieron) el respeto como país. Lo que hoy nos está pasando no es más que la consecuencia lógica de todo lo que se hizo para romper nuestra convivencia y nuestra fuerza como sociedad y como país. Es verdad que la crisis económica acelera la percepción de la catástrofe; pero la catástrofe ya estaba aquí cuando nuestras cifras económicas seguían dando positivo.
La economía no es lo único que falla en España
Y es que no es sólo la economía lo que falla en España; aquí lo que está en crisis es la política. Paralelamente a la burbuja inmobiliaria, en España se fue formando una burbuja política –duplicidades, despilfarro, falta de control sobre las políticas y los recursos públicos, vaciamiento del Estado…-- que ha ido destruyendo nuestra capacidad como país para enfrentarnos en las mejores condiciones a la crisis económica. El pecado mortal de la política llevada a cabo por José Luís Rodríguez Zapatero es que por adanismo, para negar al padre, de forma calculada y fría, jugando a ser el “estadista” que protagonizara la segunda transición, ha liquidado la incipiente comunidad política española.
Es verdad que Zapatero ha podido hacerlo porque España es una democracia imberbe, sin cuajo suficiente, sin vertebración civil, demasiado joven para organizarse ante los poderosos. Una sociedad que vivía muy por encima de sus posibilidades y prefiere creer a quienes le dan cada día buenas noticias que a quienes alertaban sobre las graves consecuencias de romper nuestra comunidad democrática. Lo que ocurrió en España durante esa primera legislatura hubiera resultado imposible en cualquier país serio.
Nadie está a salvo de que llegue al poder un gobernante iluminado y sin escrúpulos, un salvador; pero las democracias serias tienen contrapoderes que actúan en defensa del interés general cuando los responsables de defender los valores comunes pierden la cabeza. Piensen en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en EEUU… E imagínense que llega al Gobierno un tipo dispuesto a romper la tradición republicana, la unión entre Alemanias, el atlantismo, los principios de la Constitución norteamericana… Ni con mayorías absolutas en las cámaras le hubieran dejado hacerlo; porque detrás de todos esos nombres propios de país hay ciudadanía.
¿Dónde está el origen?
Si el origen de la crisis financiera está en que se relajaron los mecanismos de control sobre el riesgo; el origen de nuestra crisis política está en que se relajaron los mecanismos de control sobre la democracia. Somos una democracia débil en la que se sigue considerando meritorio la piratería y el aventurerismo. Por eso los que cortan el bacalao, -con tirantes o sin ellos, haciendo sesudos informes o sin hacerlos, con togas o con títulos honorarios, jubilados de lujo o nuevas y rutilantes estrellas-, permanecieron callados aunque sabían que vivíamos en una burbuja política que también iba a estallar. Defender los valores comunes se llama patriotismo; pero el patriotismo requiere de patriotas, y en España no los hay; no al menos entre los que tienen capacidad y poder para actuar.
Quien nos iba a decir que, tantos años después, iban a seguir teniendo validez la sentencia Emilio Castelar en su discurso de dimisión el 2 de enero de 1874: “Aquí, en España, todo el mundo prefiere su secta a su patria”… Nuestra crisis es de sistema y no tiene solución si no abordamos la reforma del modelo de Estado. Por eso las propuestas que Unión Progreso y Democracia ha venido haciendo estos años abordan la crisis desde la doble dimensión política y económica. Planteamos antes que nadie la necesidad de un Pacto de Estado y de una estrategia global ante la crisis que nos permitiera caminar hacia una economía competitiva, eficiente y equitativa. Pero ni se ha hecho un diagnóstico común ni hay un acuerdo global que permita dar forma a ese imprescindible Pacto de Estado. Los unos y los otros están a lo suyo, a garantizarse la alternancia y la supervivencia en todos y cada uno de sus chiringuitos de poder.
Sufrimos las consecuencias de un proceso de descentralización autonómica guiado por fines de clientelismo político, que continúa en permanente revisión al alza pese a que ya ha llegado demasiado lejos. Conviene recordar que los ciudadanos no han sacado ventaja de este estado de cosas. El fracaso del sistema educativo, las crecientes desigualdades en el acceso a servicios públicos esenciales como la sanidad, la discriminación lingüística con respecto al idioma común en las regiones que cuentan con dos lenguas cooficiales, la inseguridad jurídica que se deriva de una administración judicial obsoleta y fragmentada, y la falta de una verdadera igualdad de oportunidades ante las Administraciones Autonómicas y Locales para licitar en sus concursos o para obtener de ellas ayudas y subvenciones, son problemas relevantes que se dejan sentir con una intensidad cada vez mayor.
El imposible desarrollo de una política eficaz
Con la actual organización territorial es prácticamente inviable el desarrollo de una política eficaz para impulsar la salida de la crisis, pues el Estado no dispone de los recursos suficientes y se ve impelido a malgastarlos en dar satisfacción a los intereses espurios de los gobiernos regionales, en especial de aquellos que, ostentados por coaliciones nacionalistas, intercambian reconocimientos competenciales o dotaciones presupuestarias por su apoyo político en el Parlamento de la Nación. Es preciso imponer un estricto marco de disciplina financiera en las Administraciones Públicas que impida el derroche de unos recursos que son muy escasos, así como evitar un endeudamiento que puede llegar a pesar gravemente sobre las generaciones futuras y causar daños al sector privado de la economía.
Por eso desde Unión Progreso y Democracia hemos rechazado las medidas de parcheo, populistas o negativas que se han ido adoptando por el Gobierno a lo largo de la actual legislatura, y que en muchas ocasiones –como es el caso de la Financiación de las CCAA o de las ayudas indiscriminadas e incondicionadas a la banca, o los dos lamentables Plan E— han contado con el apoyo del Partido Popular. Frente a la desidia del Gobierno y el acompañamiento acomplejado del partido de la oposición hemos propuesto la reforma del Estado Autonómico para evitar gastos ineficientes y duplicidades. No nos hemos quedado en las propuestas de recortes de consejerías y cargos de libre designación (en las que se ha “dormido” el PP en el Congreso de los Diputados mientras seguía practicando esa misma política en las instituciones en las que ellos gobernaban), sino que hemos hecho un planteamiento completo exigiendo al Gobierno que utilice todos los instrumentos que le da la Constitución para acabar con este estado de cosas.
Según un estudio que publicamos hace más un año, si las diecisiete CCAA utilizaran para su gestión los criterios Maastricht (las tres más eficaces y más eficientes), se evitaría un gasto superfluo de 26.000 millones anuales. Fíjense que es casi el doble de los 15.000 millones de reducción del déficit a que estamos obligados en dos años y que el Gobierno ha decidido solventar con medidas antisociales de ajuste sobre las pensiones y salarios de los funcionarios y reducción del Presupuesto de la Ley de Dependencia. Pero cabe recordar, ahora que tanto PSOE y PP hablan en los mítines de estas cosas, que cuando han tenido oportunidad en el debate parlamentario de apoyar estas propuestas siempre han optado por no hacerlo y por negar la necesidad e incluso la capacidad constitucional de adoptar estas medidas.
La imperiosa necesidad de restaurar la unidad del mercado interior
Hemos insistido también en la necesidad de restaurar la unidad del mercado interior, porque la proliferación de regulaciones en el ámbito autonómico (más de 100.000 normas con contenido económico hay en España) ha dado lugar a la existencia de barreras crecientes a la libre circulación en el mercado interior español. Por eso hemos exigido en sede parlamentaria la intervención del Estado para restablecer la unidad del mercado mediante la remisión a las Cortes Generales de leyes de armonización de las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas en materia económica, de forma que se cumpla de manera efectiva el artículo 139.2 de la Constitución. Ni al PSOE ni al PP se les ha movido un pelo a la hora de rechazar esas propuestas. Otra de las cuestiones a las que ni el PP ni el PSOE han querido enfrentarse a fondo es el sistema de financiación autonómica.
Hemos propuesto la integración de todas las CC.AA. en un sistema común y solidario de financiación, a fin de ajustar el modelo territorial a criterios de igualdad entre los ciudadanos. Y hemos rechazado el nuevo Sistema de Financiación Autonómica (11.000 millones) que transfiere a las CCAA determinados impuestos -como el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales- en cuantías que impliquen dejar en sus manos la mitad o más de la correspondiente recaudación, lo que deja al Estado muy disminuido para poder afrontar los graves problemas por los que atraviesa la economía. Pero otra vez salieron adelante las medidas más inoportunas porque se volvieron a juntar la pulsión frívola y dependiente de los nacionalismos y la actitud acomplejada y deudora de las taifas regionales o locales. Otra de las reformas pendientes, que tiene un componente económico y político, es la de las Cajas de Ahorro.
Recuerden que el Presidente Zapatero sostuvo en su periodo de negación de la crisis que nuestro sistema financiero era el más solvente del mundo. Luego insuflamos miles de millones de euros a los bancos y después otros miles más a las Cajas de Ahorro, que representan el cincuenta y uno por ciento más o menos de ese sistema financiero tan loado por el presidente más visionario de la democracia española. La propuesta de reforma de las Cajas de Ahorro, su profesionalización y la expulsión de los cargos políticos de sus órganos de dirección ha sido llevada en más de una ocasión por UPyD al Congreso de los Diputados – la primera vez en octubre de 2008-- sin recibir el apoyo del PSOE ni del PP.
Más aún: juntos ambos partidos perpetraron una reforma que mantenía el mismo sistema politizado e insolvente y que meses más tarde se mostró un fracaso. Porque el desastre en el que se ha convertido la llamada reestructuración de esta mitad de nuestro sistema financiero tiene en buena parte su origen en haber permitido que las fusiones se llevaran a cabo con criterios político-autonómicos, sin tener en cuenta criterios verdaderamente empresariales (solvencia de cada caja, necesidades de cada una antes de fusionarse, etc). Si cuando UPyD propuso la reforma se hubieran hecho las cosas bien (primero despolitizar y luego reestructurar con criterios de mercado) estaríamos en una situación completamente diferente.
Iniciativas del partido
En cada una de las reformas estructurales pendientes -desde la reforma del mercado de Trabajo, hasta la política energética, pasando por el modelo educativo, la investigación o la reforma de la justicia, la reforma fiscal y la lucha contra el fraude o la ley electoral-- hemos presentado iniciativas que se han saldado con el rechazo de la mayoría de la Cámara y la confirmación del pacto de hierro entre el PSOE y el PP. Si, porque ambos partidos, que practican una beligerancia radical en temas menores están tan de acuerdo en que nada cambie que son, como dice un amigo mío, como la Visa y la Master Card: distinto dueño, mismo objetivo. La burbuja política ha estallado; y hoy nadie se atreve a negar que lo que está en crisis es el sistema, aunque sólo nosotros nos atrevamos a proponer su reforma. Pero a esta situación no hemos llegado de forma inevitable.
El Estado ha quedado reducido a la impotencia por las cesiones de los grandes partidos (PSOE y PP) a unas minorías nacionalistas cuyos votos necesitan para llegar o mantenerse en el poder. Ambos dos son responsables pero, para ser justos, hay que decir que si bien este proceso autodestructivo se inició hace décadas ha sido llevado a sus últimos extremos bajo el mandato de los Gobiernos presididos por José Luís Rodríguez Zapatero. El partido político del que soy la Portavoz defiende la Constitución española, sus valores y principios como elementos básicos imprescindibles para garantizar en España la estabilidad democrática, la igualdad y el progreso.
Eso exige la cohesión institucional y simbólica del Estado encargado de definir y garantizar los derechos concretos de los ciudadanos. El fetichismo de la diferencia a ultranza nos parece una solemne majadería política de la que se alimentan y viven numerosos mangantes de la política local y unos cuantos iluminados. Proponemos que se revise la Constitución para delimitar con claridad la atribución de competencias entre el conjunto de las instituciones. Tras más de treinta años de desarrollo democrático, ha llegado la hora de hacer una revisión del título VIII de la Carta Magna analizando las consecuencias que ha tenido -para hacer efectivos los derechos fundamentales que la Constitución consagra- una distribución competencial indefinida y sin ni límites claros.
Para configurar ese modelo de Estado federal y cooperativo proponemos una reforma constitucional que defina y concrete los techos competenciales de las diecisiete comunidades autónomas, todas por igual, y cierre la distribución de competencias entre el Estado las CCAA y los Entes Locales. También proponemos una reforma urgente de la ley electoral, para que esta respete un principio constitucional y democrático básico: el de que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones. Cambiar la ley para regenerar la democracia y para que los ciudadanos recuperen el control sobre la política. Proponemos la reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, el sistema de composición y elección del Tribunal Constitucional y el sistema de elección del Fiscal General del Estado.
España es un ejemplo de justicia lenta, ineficaz y carente de independencia; y sin justicia independiente no es posible combatir de manera eficaz una de las mayores lacras de nuestra sociedad, la corrupción política y económica. Unión Progreso y Democracia es un partido inequívocamente nacional, que defiende el Estado. No creemos que el populismo o la autarquía sean fórmulas para resolver los problemas de los españoles. No somos una federación de partidos regionales al estilo PSOE o PP; tampoco somos un partido antinacionalista, aunque no nos gustan los nacionalismos, ni los pequeños ni los grandes, ni los nacionales ni los periféricos, de los antiguos ni los modernos.
Podría decir muchas cosas al respecto, pero me quedo con la definición de Orwell: “El nacionalismo no es otra cosa que el patriotismo echado a perder”. Nacimos para defender los valores comunes del Estado; por eso somos un partido nacional, porque no creemos que la culpa de lo que pasa en España la tengan los partidos nacionalistas, sino que los responsables son los partidos otrora nacionales que han adoptado los tópicos nacionalistas y han renunciado a garantizar una nación de ciudadanos más libres y más iguales. La alternativa a quienes se han homologado al nacionalismo no es más nacionalismo. La alternativa es más Estado y más democracia.
Queremos ser un instrumento para movilizar a millones de ciudadanos que se sienten huérfanos de la política, que llevan demasiado tiempo votando en blanco, no votando o eligiendo entre el que no le gusta y el que le gusta menos todavía. La democracia necesita de la política; y los partidos políticos son imprescindibles para configurar las instituciones democráticas. Por eso, además de explicar nuestras propuestas, hacemos un llamamiento a la participación política. Escuché un día a Enrique Múgica la siguiente reflexión: “La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos”. Esa es la tarea en la que estamos empeñados.
El daño de las malas decisiones
Hoy no hay nadie que se atreva a negar que Zapatero es, con mucho, el Presidente que ha tomado las decisiones más negativas para España, el que más crédito ha despilfarrado, el que menos ha hecho por la cohesión y por la igualdad entre españoles. Pero quiero recordar que fue revalidado al frente del Gobierno después de cuatro años en los que su incompetencia como gobernante había quedado claramente en evidencia. Más allá de la imputación de responsabilidades que señalé antes, los ciudadanos también han de asumir la suya.
¿No sería una terrible muestra de irresponsabilidad -o de resignación- que ese ochenta por ciento de ciudadanos que dice desconfiar de los dos grandes partidos les volvieran a dar millones de votos? Por eso apelamos al libre albedrío de los ciudadanos; porque son los únicos que pueden hacer, con su compromiso y su voto, que quienes son responsables del estado de cosas en el que vive España no sigan dirigiendo nuestras vidas y nuestro futuro. Unión Progreso y Democracia es únicamente un instrumento para dar la oportunidad de reencontrarse y de comprometerse a millones de ciudadanos que no se sienten de ningún frente, que no tienen más enemigos que los que lo son de la democracia. Somos, como la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos, gentes normales, españoles sin complejos.
(*) Rosa Díez es portavoz de UPyD y diputada por Madrid.