Me respondieron con otra pregunta: ¿Es posible hacerlo con tan baja productividad en el país?
Evidentemente -respondí- para ser plenamente competitivos tenemos también que mejorar nuestra productividad. Pero para eso son justamente la innovación, la creatividad, la aplicación de nuevas tecnologías y el desarrollo del capital humano los elementos clave que nos tienen que permitir mejorar la productividad, y hacerlo además sin destruir empleo. Porque hasta ahora en España la productividad del trabajo sólo ha crecido cuando el nivel de desempleo es más elevado, como en los periodos 1978 a 1984, 1992 a 1994 y 2008 a 2011, mientras que ha sido nula o negativa cuando la creación de empleo era mayor, como ha ocurrido en el período entre 1995 y 2008. Tal y como muestra la experiencia de otros países, es posible combinar ganancias netas de productividad y fuerte creación de empleo. Tenemos que lograrlo a medio plazo.
Toda ganancia de competitividad hará que nuestras exportaciones ganen protagonismo en los mercados internacionales, pero la ecuación también funciona a la inversa: cuanto más internacionalizadas estén nuestras empresas, mayores incentivos tendrán para innovar y ser competitivas.
Por eso, el tercer factor clave es la internacionalización. Las compañías españolas, especialmente las PYMES, tienen que ganar tamaño para salir fuera, tienen que articular estrategias de expansión internacional, buscar los mercados más adecuados para sus productos y participar en las cadenas internacionales de suministros y servicios aportando valor añadido de alta cualificación. Hay que superar la asignatura pendiente de la internacionalización de nuestras empresas de servicios, siguiendo el ejemplo de los servicios financieros. En esa tarea, los poderes públicos tenemos que seguir ayudándoles, poniendo a su disposición información, apoyo técnico y financiación suficiente para ampliar su presencia en los mercados exteriores.
También, sin duda, la clave del futuro nos la jugamos, en cuarto lugar, en la preparación y cualificación del capital humano. No desarrollaremos nuevos sectores, no seremos más productivos, no innovaremos, no crearemos empleo de calidad ni seremos más competitivos, si no contamos con una población formada para trabajar en esta nueva economía. Necesitamos profesionales cualificados para trabajar en la arena global, que sean capaces de incorporarse a equipos multidisciplinares, muchos de ellos internacionales, que apliquen el conocimiento al mundo real del trabajo y de la empresa, que tengan habilidades de comunicación, pensamiento creativo y visión de futuro.
La principal apuesta de los poderes públicos en la próxima década debe ser, por tanto la de la educación. Desde las primeras edades, en las que debe garantizarse la escolarización universal, incluso en el primer ciclo de educación infantil, hasta las titulaciones universitarias, con especial atención a la formación profesional y a las políticas de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Adaptar las ofertas y contenidos educativos a las necesidades del mercado y de la nueva sociedad, mejorar la formación del profesorado, potenciar la excelencia en la educación universitaria y generalizar el aprendizaje de dos lenguas extranjeras son sólo algunos de los retos que tenemos por delante.
Debemos ser ambiciosos. Cuando en 2020 analicemos de nuevo nuestra educación, tiene que ser para vernos en la parte noble de los cuadros del Informe PISA, para encontrar a universidades españolas en los primeros puestos de los rankings internacionales y para descubrir que nuestros profesionales se sitúan entre los más cotizados por empresas de todo el mundo.
Finalmente, tenemos que ser capaces de desarrollar un tejido empresarial fuerte. Las PYMES españolas son, en general, menos competitivas que las empresas de mayor tamaño, lo que supone un desafío para el conjunto de la economía. Tienen que adecuar su tamaño para aprovechar economías de escala, invertir en I+D+i, internacionalizarse y crear empleo. Hay que aprovechar su mayor capacidad de adaptación para generar PYMES altamente especializadas y tecnificadas que sean, también, motor de innovación y crecimiento. Para ello, tenemos que potenciar el desarrollo de cluster y polos empresariales de vanguardia.
El modelo de Silicon Valley, que aquí sólo hemos empezado a seguir tímidamente en algunos lugares como el País Vasco, debe inspirarnos más. Hay que promover una cultura del “emprendimiento” y facilitar que las buenas ideas se conviertan en proyectos empresariales con alto potencial de crecimiento. Tenemos que facilitar que haya flujos de inversión suficientes para lograr este objetivo.
Además, las empresas, con independencia de su tamaño, tienen que ser conscientes de su papel en la sociedad y actuar con responsabilidad. Las empresas deben ejercer lo que algunos llaman “ciudadanía corporativa”. Deben asumir una cultura que tenga un diálogo sincero con clientes, empleados, accionistas, consumidores y todos los actores sociales con interés en la actividad empresarial. Hay que asegurar que la responsabilidad social de las empresas sitúa en el corazón mismo de la estrategia empresarial la sostenibilidad ambiental, social y económica. Esta cultura de la responsabilidad es cada vez menos una opción y cada vez más una condición de supervivencia.
El papel de España en un mundo globalizado
Como hijos que son ya de un mundo globalizado, varios de mis contertulios mostraron sus dudas, razonabilísimas dudas, sobre el papel que puede corresponder a un solo país en estos empeños.
Lógicamente, coincidía con ellos. Es claro que nuestras reformas sólo podrán generar todos sus efectos si en paralelo se afrontan las medidas necesarias a nivel global y dentro de la Unión Europea.
El avance que supuso la concertación de políticas económicas llevada a cabo en las primeras cumbres del G20 no ha tenido la continuidad que cabría esperar. Una vez que los primeros acuerdos adoptados en Washington y Londres para sanear el sistema financiero, inyectar liquidez a la economía y expandir las políticas fiscales nacionales permitieron alejar los fantasmas de una profunda recesión, el nivel de concertación ha decaído notablemente. Muchas de las decisiones ya adoptadas no se están desarrollando convenientemente. La propuesta para imponer un impuesto a la banca ya no concita el apoyo mayoritario.
Todo ello no muestra sino la debilidad de la gobernanza económica internacional y la limitación que supone dejar buena parte del peso de la cooperación en entidades no institucionalizadas, como el G20. Por eso es necesario avanzar en el grado de institucionalización de las soluciones globales.
Hay que ser más ambiciosos, y para ello propuestas no faltan. Se ha hablado de constituir en el seno de la ONU un Consejo Mundial de Desarrollo Económico y Social, que sería el órgano encargado de la coordinación efectiva de la gobernanza global.
En el ámbito financiero se ha propuesto crear una moneda de reserva, imponer una tasa a las transacciones financieras internacionales, el ya citado impuesto universal a la banca o reformar el FMI para que gestione la moneda de reserva global o realice nuevas funciones en la regulación y supervisión de los mercados financieros internacionales. Estas me parecen tareas urgentes e imprescindibles para una agenda reformista internacional, que la izquierda de Europa y de otros países del mundo deberíamos inspirar y reivindicar.
Y por supuesto, más Europa. La crisis ha puesto de manifiesto que la Unión Monetaria sólo podrá pervivir, a corto plazo, si somos capaces de evitar las fuertes divergencias entre los Estados miembros. Pero a largo plazo necesitamos una Unión Política dotada de mecanismos fiscales que permitan acomodar shocks asimétricos que afecten a partes determinadas de la Unión Monetaria. Es decir, necesitaríamos un Presupuesto único para toda la zona euro. Sin embargo, en este camino hay estadios intermedios que no son en absoluto utópicos, como una mayor armonización de los sistemas tributarios, un Presupuesto Comunitario más ambicioso o una Agencia Europea de Deuda que pueda emitir eurobonos, incluso un Tesoro europeo que genere recursos propios a la UE.
Hasta que esto sea posible, la corrección de las excesivas divergencias que puedan darse entre los Estados miembros sólo se podrá lograr mediante una mejora de la gobernanza económica. Por eso es imprescindible finalizar la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, fomentar un nuevo marco para la prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos y poner en marcha el denominado Mecanismo Europeo de Estabilidad, que es el instrumento permanente de gestión de crisis que entrará en vigor a mediados de 2013. Algunas medidas en este sentido ya están operativas, como el “semestre europeo” de coordinación de presupuestos nacionales.
Además, Europa necesita recuperar competitividad y crear empleo. La “Estrategia Europea para el Crecimiento y el Empleo, UE2020” marca el camino a seguir con objetivos muy específicos en empleo, sostenibilidad, educación, política social e innovación. Iniciativas como el Pacto por el Euro plus suponen compromisos adicionales que siempre son positivos.
Europa no sólo tiene que dotarse de los instrumentos necesarios para ganar estabilidad y competitividad. También tiene que ser capaz de aprobar regulaciones que limiten los riesgos sistémicos de algunos tipos de operaciones especulativas, eliminar los paraísos fiscales, controlar los bonus escandalosos de directivos y accionistas y supervisar el correcto funcionamiento de los mercados financieros, como ya ha comenzado a realizar con la entrada en funcionamiento este año de la Junta Europea de Riesgos Sistémicos y de las instituciones supervisoras sectoriales de banca, seguros y mercados de valores. Igualmente, tiene que ser impulsora en el ámbito internacional de las reformas necesarias para reforzar la gobernanza económica global, tal y como ya hizo en la pasada reunión del G-20 de Seúl en octubre de 2010, cuando promovió el acuerdo sobre “Basilea III” para reformar los requisitos de capital y liquidez y fortalecer así la solvencia del sistema bancario.
El Estado del Bienestar en España
Llevábamos más de una hora hablando de economía. Tocaba cambiar de tercio. De manera natural, la conversación derivó hacia la cuestión del mantenimiento de nuestro Estado del Bienestar.
- ¿Será el que podamos pagar –preguntaron? ¿Acaso podemos pagar el que tenemos?
Lo que no podemos es renunciar al nivel de protección social que hoy tenemos. Ha costado mucho crear en España el Estado de Bienestar que hoy disfrutamos como para ponerlo en cuestión a las primeras de cambio. Se trata de un logro de ciudadanía y su mantenimiento es una exigencia de justicia social, de dignidad y de solidaridad.
Además, existe un círculo virtuoso entre crecimiento económico y protección social. No sólo es que para garantizar un Estado social fuerte tenemos que crecer económicamente y ser competitivos, es que precisamente para ganar en competitividad necesitamos una base de cohesión social. Como han demostrado recientemente Wilkinson y Pickett, las sociedades más desiguales tienen, en general, peores indicadores de salud, estrés, violencia y exclusión que aquellas otras que son más igualitarias.
Pero hoy más que nunca la garantía de la viabilidad y sostenibilidad de nuestro modelo de bienestar pasa por la realización de reformas. El viejo Estado de Bienestar que nació y se desarrolló en unas circunstancias económicas, sociales y demográficas determinadas tiene que ser puesto al día. Si no realizamos esta adaptación, acabará siendo insostenible y resultará una pesadísima carga para la competitividad.
Una parte importante del futuro de nuestro Estado social dependerá del éxito económico que consigamos alcanzar. Un éxito que tendremos que medir en tasa de empleo, en renta per cápita, en competitividad, en internacionalización. No es coincidencia que los Estados de bienestar más avanzados del mundo ocupen también las primeras posiciones en estos ámbitos. Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca tienen todos ellos un desempleo inferior al 8 % y una renta per capita muy superior a la media de los países de la OCDE. Aprendamos de ellos.
Tenemos que repensar el modo en que se prestan y financian algunos servicios públicos. Debemos reforzar la eficacia y la calidad sin renunciar a la equidad. Podemos ensayar métodos de gestión descentralizada en escuelas y hospitales, estableciendo contratos programa en los que figuren indicadores de calidad y rendimiento, financiando en función de los resultados obtenidos y realizando evaluaciones completas y sistemáticas.
En algunos supuestos, la externalización de la prestación de servicios puede resultar necesaria y deseable. La cuestión es determinar cuál es el límite y, por supuesto, establecer los requisitos legales para asegurar su prestación en condiciones de igualdad y universalidad, calidad y eficacia. Esto es esencial.
Tenemos que plantear debates sobre modos de organización y prestación de servicios desprovistos de criterios ideológicos, siempre que ello no suponga merma de derechos o privatizaciones encubiertas. Hay margen, siempre que se demuestre su validez, para innovar en materia organizativa y de gestión, incluyendo a las organizaciones del tercer sector, cuyo papel puede ser reforzado en este proceso. Necesitamos más evaluaciones de resultados y más información sobre niveles de satisfacción. No podemos descartar introducir criterios de competencia en calidad y eficacia entre distintos centros para estimular la profesionalidad, la calidad y el buen servicio al ciudadano.
Por otro lado, hay que optimizar las inversiones que realicemos en infraestructuras de bienestar, eliminar duplicidades en la prestación de servicios (por ejemplo entre los servicios sociales y los estrictamente sanitarios), reducir el gasto en algunos casos (como en la factura farmacéutica) y generalizar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y por supuesto, la calidad. Calidad a todos los niveles, en la atención, en la formación de nuestro personal sanitario, educativo y asistencial, en la investigación científica aplicada, etc.
En definitiva, se trata de mejorar la provisión de servicios públicos a través de la racionalización en la asignación del gasto y de la eficacia en la organización y gestión de recursos. No es gastar menos, es gastar mejor. Cuanto más eficientemente gestionemos, más margen habrá para ampliar servicios y prestaciones.
Los problemas de la inmigración
Intervino en ese momento un joven que, al hablar, mostró un ligero acento latino. Muy ligero. Posiblemente, había llegado a España de niño. Era abogado.
- ¿No existe el riesgo de una España cerrada e incluso xenófoba, viendo lo que se ve y oyendo lo que se oye?
No lo creo, respondí, pero no cabe duda de que gestionar la diversidad será uno de los grandes retos de la España del 2020. Vivimos en una sociedad cada vez más compleja y cambiante, en la que encontramos identidades distintas en torno a múltiples aspectos como la clase social, el grupo racial, la identidad étnica, la lengua, la religión la orientación sexual o el género.
Si dentro de diez o veinte años queremos vivir en sociedades cohesionadas, tenemos que gestionar democráticamente la diferencia dentro de un modelo inclusivo de ciudadanía intercultural. Tenemos que reconocer y valorar como un activo la existencia de una pluralidad de culturas en nuestra sociedad, pero a la vez tenemos que construir una identidad común en torno a una cultura cívica democrática que se superponga a las distintas culturas existentes y que todas ellas deberán respetar. A partir de ese consenso básico, las distintas reivindicaciones culturales podrán ya trascender del espacio privado y proyectarse en el espacio público.
La política de gestión de la diversidad que nos fortalecerá socialmente en el futuro es aquella que, respetando rigurosamente una misma lealtad política, la lealtad constitucional, permite la multiplicación de las identidades individuales y colectivas. Y esta multiplicación de identidades, este desarrollo del pluralismo, es un elemento positivo para la evolución de la democracia y también para la convivencia porque, como dice Walzer, al proliferar las identidades, las pasiones también se dividen, ampliándose así los espacios propios de la acción política, es decir, los espacios de negociación, diálogo y acuerdo.
Los retos del Estado autonómico
- Empezando por el modelo de estado y las relaciones con y entre las comunidades autónomas –me interpelaron con mucha vista.
Pues efectivamente. También ahí hay que respetar la diferencia. Soy absolutamente sincero al afirmar que el balance del Estado autonómico en España ha sido netamente positivo. La España autonómica es la que más se parece a la España plural que configuran nuestra historia y nuestra realidad. Ha permitido acercar la gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos, ha fortalecido los cauces de participación democrática y ha contribuido a una mejor convivencia entre nacionalidades y regiones.
Curiosamente, la España autonómica ha reequilibrado las diferencias territoriales y han hecho más iguales a los españoles residan donde residan. Prueba de su éxito es el alto grado de apoyo que concita entre la ciudadanía. Mientras a finales de los setenta casi la mitad de los españoles prefería un Estado centralista a uno autonómico, hoy el respaldo a la organización autonómica del Estado se sitúa en torno al 70 %.
Sin embargo, durante estos años se han puesto de manifiesto problemas concretos en su funcionamiento que es preciso corregir. En el horizonte más inmediato necesitamos que las Comunidades superen sus problemas de déficit y que sigan trabajando, desde la lealtad institucional, en las reformas que requerimos para superar la crisis. Los recientes cambios estatutarios ofrecen ya un marco estable bajo el que las Comunidades habrán de continuar desarrollando su autogobierno.
A medio plazo necesitamos reforzar la cooperación y coordinación en el Estado Autonómico. Será preciso revisar los canales de colaboración y entendimiento para mejorar la eficacia del conjunto, evitar duplicidades, crear sinergias y garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de derechos y deberes. La solidaridad interterritorial y la lealtad entre las diferentes instancias de gobierno deberán seguir siendo los criterios rectores en la gestión compartida de asuntos públicos. El federalismo debería ser la guía de conducta en este proceso.
Creo que también tiene que reforzarse el Gobierno local. Hay que afianzar su autonomía y garantizar su suficiencia financiera. Deben retomarse las iniciativas que propugnan una segunda descentralización, facilitando el traspaso de competencias desde las Comunidades Autónomas hacia las Entidades Locales. También hay margen de mejora en el funcionamiento de las relaciones interadministrativas para la formación y ejecución del Derecho europeo.
En definitiva, el modelo autonómico que España necesita es aquel que, manteniendo buena parte de lo ya alcanzado, nos permita un funcionamiento institucional más eficaz e integrado y en el que las señas de identidad por las que sea reconocido no sean otras que las de lealtad, cooperación y responsabilidad.
Una política exterior para el futuro
El mismo joven que había mostrado preocupación por los deslizamientos racistas a los que, por desgracia, asistimos aquí y allá, se interesó por la política exterior que España puede tener en el horizonte del año 2020.
Todos los países –le dije- van a estar obligados a reconsiderar o ajustar sus prioridades en el exterior a lo largo de esta década. Simplemente porque el mundo se está transformando a ojos vistas. España deberá convertir esta indefinición en certidumbre inspirándose en dos principios básicos: la defensa de los Derechos Humanos y la Cooperación al Desarrollo.La defensa del derecho internacional y del sistema de Naciones Unidas, con una reforma que “democratice” su Consejo de Seguridad, debe ser un pilar central de esta transformación de la sociedad internacional. Esta es la apuesta de España.
Nuestras relaciones con Iberoamérica en 2020 deberían ser unas relaciones maduras, densas y muy especiales. Es de esperar que Iberoamérica cuente con democracias estables y con una clase media potente, homologable a la española. España deberá acompañar a todos los países en este proceso como socio y amigo.
Es cierto que la reciente “primavera árabe” plantea no pocas incógnitas de futuro, en especial en el Magreb. Si hoy en día la situación en Túnez o Egipto invita al optimismo, Libia, Argelia o Mauritania tienen escenarios más complicados. España debe hacer un esfuerzo singular de apoyo a los procesos de transformación en su vecindad sur. Primero en los planos político y social. Posteriormente, en potenciales procesos de integración que permitan soñar con un Magreb seguro, unido, con un mercado común o, por qué no decirlo, con una moneda común. Marruecos es, en este plano, un actor fundamental y un amigo de España imprescindible.
Asia-Pacífico se está convirtiendo en la zona del futuro, sobre todo desde un punto de vista comercial. La presencia de Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur, las pujantes economías del sureste asiático, Perú o Chile, invitan a aprovechar todas las potencialidades que ofrece esta zona. España tiene que aumentar su presencia en la zona y aprovechar sus pujantes mercados.
Otro aspecto fundamental ligado al Pacífico es nuestra relación con los Estados Unidos. España es y seguirá siendo un socio fiable para los Estados Unidos. Un aspecto que debemos tener presente desde ahora es el papel de la creciente población latina en los Estados Unidos, que para 2020 superará en número, previsiblemente, a la afroamericana. Quién sabe si, tras la elección en 2008 del primer Presidente negro de la historia de los Estados Unidos, 2020 pudiera traernos a un Presidente (o Presidenta) de origen latino.
Por lo que se refiere a la Unión Europea, ésta ha dejado ya de ser vista por el ciudadano español como un tema de política exterior. La Unión tiene un componente de cotidianeidad. Los españoles se sienten cada vez más europeos.
El panorama para 2020 debería ser similar, pero para ello debemos consolidar las reformas institucionales emprendidas tras el tratado de Lisboa, fomentar el método comunitario, desarrollar y ligar a los Estados en el nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior, conseguir unas perspectivas financieras coherentes y avanzar en una verdadera unión de políticas económicas y en la gestión común de los desafíos migratorios.
La Unión Europea es un actor comercial de primer nivel, un mercado de 450 millones de habitantes. Su potencial en política exterior es enorme. Reconforta pensar que en 2020 estaremos aprovechándolo. Pero, insisto, para que eso sea así, Europa, su solidez económica y monetaria, sus reformas estructurales, su política exterior, su fortalecimiento institucional, en definitiva, hacer más Europa, se convierte en una urgencia inaplazable.
* * *
Era tarde cuando salimos del restaurante, pero espero que para mis anfitriones la cena fuera tan provechosa como para mí. Mientras, ya en casa, tomaba notas para no olvidar lo hablado aquella noche, escribí, a modo de conclusión, las siguientes líneas.
Conclusiones
Después de las décadas del mercado, los 80 y 90, y la década de las finanzas, los 2000, ha llegado el momento de que esta en que hoy vivimos, la que finaliza en 2020, sea por fin la década de la política. De una política renovada, democrática y eficaz que recupere toda su fuerza transformadora al servicio del interés común. Una política fuerte que nos permita superar la recesión económica y prevenir futuras crisis, mejorar el bienestar de los ciudadanos y proteger sus derechos frente a todo poder. Una política poderosa para promover la paz y la seguridad en el mundo, para erradicar el racismo y la xenofobia y para vencer al terrorismo en cualquiera de sus formas. Una política que tenga como objetivo constante el perfeccionamiento y mejora constante de la democracia. Una política en la que participen y de la que sientan parte unos ciudadanos que hagan suyo, porque suyo es, lo público. Trabajemos todos para ello, porque, como dice el sociólogo francés André Gorz, “seremos lo que hagamos juntos”.
(*) Ramón Jáuregui Atondo es Ministro de la Presidencia.