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La crisis, las calificadoras y los pagadores

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Por Ana Belén Abad

Martes 21 de octubre de 2014

Cuando ya han pasado casi “tres años” desde la caída del mercado norteamericano y el inicio de la crisis, nos empiezan a hablar de indicios de recuperación económica. No obstante, mientras surgen o no surgen “los brotes” de la recuperación, lo cierto es que las calificadoras de riesgo hacen tambalear las diversas economías europeas como las de Grecia, Portugal y España y ponen en alerta roja al Banco Central Europeo y al resto de operadores económicos.

A nivel internacional, el sector de las calificadoras funciona casi como un oligopolio de manera que entre tres empresas, Standard & Poor’s (S&P), Moody’s Investors Service (Moody’s) y Fitch Ratings (Fitch), controlan más del 80 % - 90 % del mercado.

Aunque la mayoría de los ciudadanos no seamos expertos en valoración de riesgos, la crisis ha hecho que dichas agencias de calificación de deuda (o de rating) pasen a resultarnos familiares. Pero su imagen no es precisamente maravillosa. Por un lado, a pesar de que se supone que tratan de avisarnos de los riesgos de las inversiones en países o entidades, en muchos de los casos, sus informes y calificaciones aterrorizan los mercados y perjudican a los países. Por otro lado, son esas mismas calificadoras que manejan los mercados, las que en su día no advirtieron del mayor descalabro económico de la historia y no supieron adelantar la actual crisis.

Un buen ejemplo son Lehman Brothers o AIG, que a comienzos de 2008 era la mayor compañía de seguros del mundo y tenía una calificación crediticia AAA según dichas agencias. Sin embargo, a finales de 2008, AIG se vio obligada a recibir 173 millones de dólares en concepto de rescate federal y declaró escalofriantes pérdidas de 62.000 millones de dólares en el último trimestre.

Es decir, todas esas agencias, desde mi punto de vista, han demostrado sus carencias o las carencias de sus modelos de análisis de riesgo. En ese sentido, La Comisión Europea, a raíz de la crisis griega, les dio un toque de atención a dichas empresas al pedirles "que actúen responsablemente y con rigor, sobre todo en momentos tan sensibles y difíciles como los presentes”. Asimismo, Dominique Strauss Kahn, director del Fondo Monetario Internacional, en abril de 2010 dijo que "las agencias de rating no siempre aciertan. La gente les cree y por eso tienen influencia a corto plazo, pero a largo plazo lo que predominan son otros factores".

En septiembre del 2010, también el FMI las acusó de contribuir "involuntariamente" a la inestabilidad financiera por los usos y abusos de agencias soberanas de calificación de riesgo (ACR) como S&P, Moody’s and Fitch. El FMI concluía que las decisiones de las agencias tienen un impacto directo en los costes de financiación del sector público y privado y, en consecuencia, pueden alterar la estabilidad financiera de los mercados.

En esa línea, el FMI propone reducir en la medida de lo posible la dependencia de los reguladores de las calificaciones, al tiempo que se eliminen o reemplacen dichas referencias con nuevas leyes y regulaciones.

Después de oír eso y ver todo lo que ha pasado, qué deberíamos pensar los ciudadanos de a pie?

En mi opinión lo que hay que pensar es que dichas agencias de calificación crediticia trabajan por cuenta de esos mismos clientes. Es decir, los clientes pagan por obtener la calificación por lo que se pueden ver influidas por los mismos.

Además, esas agencias valoran el riesgo de impago y el deterioro de solvencia del emisor, esto es califican los productos de empresas o estados, utilizando unos modelos econométricos en los que usan distintas variables como la deuda acumulada, la velocidad en devolverla, etc... Es decir, dependiendo de las variables que consideres la calificación puede ser una u otra y el problema es que nadie sabe el modelo que utilizan para calcularlo.

El profesor García Montalvo de la Universidad Pompeu Fabra aclara que "si la agencia pone una calificación a tus activos que no te convence, puedes no pagar, así que les interesa poner AAA porque si no el cliente podría irse". Y añade: "Antes estas agencias tenían los incentivos correctos porque sus clientes eran los inversores y la agencia debía decirles la verdad. El problema [ahora] es que nadie sabe el modelo que utilizan para calcular [la solvencia]; cobran por hacerlo, pero no te dicen sus variables. Lo que sí sabemos es que en los últimos siete años no han modificados sus modelos y estos tenían fallos".

Es decir, aún a sabiendas de que dichas agencias facilitan una información útil mediante sus informes en los que se apunta la dirección en la que se prevé evolucionen las calificaciones, la toma en consideración de las mismas debería estar limitada y debería reducirse, sobre todo sabiendo que su impacto en los mercados es excesivo. No tiene sentido que así como sí se ha avanzado en las medidas de control y regulación de los riesgos, sobre todo por parte de las instituciones financieras, no se haya avanzado prácticamente nada en la supervisión, control, independencia, calidad y transparencia de las agencias calificadoras tal y como se propuso en su día por parte de la Comisión de la Unión Europea.

En todo caso, lo que deberíamos aprender de toda esta situación de crisis es que las entidades financieras, empresas y organismos deberían analizar todas sus exposiciones de riesgo en todas sus líneas de negocio y que un determinado modelo de evaluación de riesgo (utilizado por las calificadoras) puede no cubrir todos los aspectos, regiones geográficas y niveles de la organización, por lo que, a la vez que se limita el poder de las agencias calificadoras, será necesario exigir a las entidades, sobre todo a las más influyentes en el sistema, que acumulen mucho más capital de calidad (acciones y reservas) de manera que las inversiones arriesgadas estén más limitadas y sean capaces de afrontar las pérdidas en futuras crisis.

Es decir, por ejemplo las instituciones financieras tendrán que tener los mecanismos suficientes para que sean capaces de afrontar este tipo de situaciones y deberá estar regulado a nivel global, con los controles a nivel nacional que sean necesarios para darles cumplimiento, y con unas evaluaciones de modelos claros y transparentes por parte de las calificadoras porque todos nos jugamos mucho y lo que no se puede permitir es que sean los ciudadanos los que acaben pagando los errores globales del sistema, porque no nos equivoquemos, los verdaderos pagadores de la crisis somos los ciudadanos.


(*) Ana Belén Abad es Analista de la Consultora Accenture


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