En los últimos años en los que el fenómeno de la inmigración en España se ha disparado, hemos visto que la realidad supera la ficción, convirtiendo las previsiones oficiales en una magnitud inconmensurable. España ha pasado en muy poco tiempo de ser un país de emigrantes a un país de inmigrantes. La población inmigrante, hoy día, representa más del 12 % de la población total, frente al 2,2 % que representaban en el año 2000. La actual década se inició -año 2001- con un crecimiento migratorio anual del 23,8 % y concluye con un crecimiento del 7 %.
Si bien es cierto que la tasa de crecimiento es inferior a la de años anteriores, no es menos cierto que el crecimiento total registrado en los últimos años es importante. Desde el año 1995 se estima que la población inmigrante que ha llegado a nuestro país supera los 4 millones de personas. Esto ha permitido situar la tasa de crecimiento poblacional en su nivel más alto de la historia. No obstante este crecimiento no ha sido homogéneo en todo el territorio nacional, más del 55 % de la población inmigrante, en la actualidad, se concentra sólo en 3 Comunidades Autónomas: Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Ahora bien, España, que durante la etapa de bonanza económica era el país de la UE que recibía un mayor número de inmigrantes, se ha convertido ahora en el segundo Estado miembro donde más ha caído la inmigración tras la crisis financiera y la recesión, según los últimos datos demográficos publicados por la Oficina Estadística comunitaria, Eurostat. En términos relativos, sólo Malta, otro de los países receptores tradicionales de inmigración, experimenta una caída superior. Pese a este descenso, la población española aumentó en 2009 en 161.000 habitantes, cifra que representa una tasa del 3,5 por mil, hasta situarse en 45,989 millones de habitantes el 1 de enero de 2010. No obstante, el crecimiento fue muy inferior al de 2008 (cuando se registró una tasa del 12 por mil) o al de 2000 (10,6 por mil). Más del 12 % de dicha población es extranjera, siendo el 48.64 % ciudadanos comunitarios y el 51.36 % ciudadanos extracomunitarios, a 30 de junio de 2010.
Estos “nuevos ciudadanos” conviven en nuestra sociedad desempeñando un trabajo, estudiando sus hijos en los centros educativos, pagando impuestos, etc.; en definitiva, participando del día a día de nuestra sociedad, siendo titulares de derechos y obligaciones. En materia de derechos uno de los que se vertebra como esencial para alcanzar la plena integración del ciudadano extranjero: el derecho al voto. Ello, es así, puesto que se articula como una manifestación del derecho a participar de la vida política, es decir, a ser oído y formar parte de nuestra sociedad.
Una sociedad democrática es aquella que escucha y hace partícipe de la misma al conjunto de sus ciudadanos. No obstante, este derecho que viene recogido en nuestra Constitución Española (en adelante, CE), en su artículo 13.2, excluye explícitamente a los inmigrantes, salvo en los casos en que se establezca por tratado o cuando la ley atiende al principio de reciprocidad. Esta exclusión no afecta a los residentes nacionales de un Estado miembro de la UE.
Los ciudadanos de la UE tienen derecho a votar en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo, desde la aprobación del Tratado de Maastricht de 1992. Por lo tanto, a pesar del elevado número de ciudadanos no nacionales residentes en nuestro Estado su peso o importancia es mucho más relativo en lo concerniente a su participación en las elecciones. El derecho al voto se articula en torno a la existencia de tratados internacionales, y al principio de reciprocidad, lo cual implica que se reconozca el mismo derecho a los ciudadanos españoles que residan en el tercer Estado.
Proyección de la población de España y crecimiento migratorio
La Proyección de Población a Corto Plazo elaborada por el INE para el periodo 2009-2019 contempla una desaceleración de la tasa de crecimiento de la población de España, que se reduciría desde el 1,2 % anual registrado en 2008 hasta el 0,3 % en 2010. A partir de ese año y hasta 2018 la tasa se estabilizaría.
Así, frente a un ritmo anual de crecimiento medio de 695 mil habitantes durante el periodo 2002-2008, de acuerdo a las hipótesis planteadas en los 10 próximos años la población residente en España experimentaría un incremento medio anual en torno a los 113 mil habitantes. De esta forma, y después de unos años de elevado dinamismo demográfico, España apenas alcanzaría los 47 millones de habitantes en 2019.
España, que durante la etapa de bonanza económica era el país de la UE que recibía un mayor número de inmigrantes, se ha convertido ahora en el segundo Estado miembro donde más ha caído la inmigración tras la crisis financiera y la recesión, según los últimos datos demográficos publicados por la oficina estadística comunitaria, Eurostat. En términos relativos, sólo Malta, otro de los países receptores tradicionales de inmigración, experimenta una caída superior.
Pese a este descenso, la población española aumentó en 2009 en 161.000 habitantes, cifra que representa una tasa del 3,5 por mil, hasta situarse en 45,989 millones de habitantes el 1 de enero de 2010. No obstante, el crecimiento fue muy inferior al de 2008 (cuando se registró una tasa del 12 por mil) o al de 2000 (10,6 por mil).
Este incremento de la población en España se explica por un crecimiento natural (diferencia entre nacimientos y muertes) de 103.000 personas (una tasa del 2,2 por mil) y un saldo migratorio de 58.000 personas (1,3 por mil). El crecimiento natural descendió ligeramente respecto al año anterior, pero el saldo migratorio experimentó una fuerte caída desde el 9,7 por mil en el año 2000 y el 9,2 por mil en 2008. En Malta, la caída del saldo migratorio fue superior en términos relativos (del 5,9 por mil en 2008 al -3,8 en 2009).
En el conjunto de la UE también se redujo el saldo migratorio, pero de forma mucho menos pronunciada que en España, desde una tasa del 2,9 por mil en 2008 al 1,7 por mil en 2009.
El 1 de enero de 2010, la población de la UE se situó en 501,1 millones de personas, tras experimentar un aumento de 1,4 millones de habitantes en 2009 (es decir, una tasa de crecimiento de 2,7 por mil habitantes). Esta subida es el resultado de un crecimiento natural de 0,5 millones de personas (1 por mil) y de un saldo migratorio de 0,9 millones (1,7 por mil).
La población total aumentó en 19 Estados miembros y cayó en 18, con variaciones notables entre los diferentes países. Los incrementos relativos más importantes se observaron en Luxemburgo (17,2 por mil), Suecia (9,1 por mil), Eslovenia (7,2 por mil), Bélgica (7,1 por mil) y Reino Unido (6,7 por mil) y los descensos más marcados en Lituania (6,2 por mil), Letonia (5,7 por mil), Bulgaria (5,6 por mil) y Alemania (2,5 por mil).
En 2009, nacieron en la UE 5,4 millones de niños, lo que situó la tasa de natalidad en 10,7 nacimientos por cada mil habitantes, ligeramente por debajo de la cifra del año anterior (10,8). España está casi en la media (10,8 por mil). Las tasas de natalidad más elevadas corresponden a Irlanda (16,8 por mil), Reino Unido (12,8 por mil), Francia (12,7 por mil), Chipre (12,2 por mil) y Suecia (12 por mil). Las más bajas se registraron en Alemania (7,9 por mil), Austria (9,1 por mil), Portugal (9,4 por mil), Italia (9,5 por mil), Letonia y Hungría (9,6 por mil cada uno).
El año pasado se registraron 4,8 millones de fallecimientos en la UE, cifra que representa una tasa de mortalidad de 9,7 muertes por cada 1000 habitantes (igual que en 2008). España se sitúa por debajo de la media comunitaria (8,5 por mil). Los países con tasas de mortalidad más elevadas fueron Bulgaria (14,2 por mil), Letonia (13,3 por mil), Hungría (13 por mil) y Lituania (12,6 por mil) mientras que las más bajas se encuentran en Irlanda (6,6 por mil), Chipre (6,7 por mil), Luxemburgo (7,3 por mil) y Malta (7,8 por mil).
Como consecuencia, los países con mayor crecimiento natural de la población fueron Irlanda (10,2 por mil), Chipre (5,5 por mil), Francia (4,3 por mil), Luxemburgo (4 por mil) y Reino Unido (3,7 por mil). Un total de 10 Estados miembros registraron un crecimiento natural negativo, encabezados por Bulgaria y Letonia (3,6 por mil), Hungría (3,4 por mil) y Alemania (2,3 por mil).
De acuerdo con el estudio publicado por el INE, el ritmo anual de crecimiento medio en España de 695.000 habitantes durante el periodo 2002-2008 experimentará un incremento medio anual en torno a los 113.000 habitantes. De esta forma, y después de unos años de elevado dinamismo demográfico, España apenas alcanzará los 47 millones de habitantes en 2019.
El texto afirma que España pasará de una tasa de crecimiento de población del 1,2 % anual registrado en 2008 al 0,3 % en 2010. A partir de ese año y hasta 2018 la tasa se estabilizará.
Según los nuevos datos, en 2018 experimentará, por el contrario, un descenso hasta un excedente vegetativo anual de 16.700 personas, según las previsiones establecidas en este estudio.
Por comunidades autónomas, el crecimiento demográfico relativo más intenso en la próxima década lo experimentará Castilla-La Mancha (11,4 %), Región de Murcia (9,2 %), Illes Balears (7,8 %), Comunitat Valenciana (7,3 %) y Canarias (7,2 %).
Por el contrario, Principado de Asturias, País Vasco y Galicia, sufrirán decrecimientos superiores al 3,0 % y el número de defunciones superará al de nacimientos en Galicia, Castilla y León, Principado de Asturias, País Vasco, Extremadura, Aragón, Cantabria y La Rioja.
Es cierto que en España hemos asistido a un vertiginoso crecimiento de la inmigración, hasta el punto de que la tasa de crecimiento de la población desde el año 2000 es la más alta de nuestra historia, superior incluso al período de posguerra y al baby boom. De los 923.000 extranjeros al inicio de la década hemos pasado a los 5,2 millones recogidos en el censo de 2008, lo que representa un 11,3 % de la población total. Si bien en los últimos años los flujos migratorios han sido el factor clave del aumento poblacional de España, al representar entre el 75,6 % y el 92,8 % del crecimiento anual entre 2002 y 2008; no obstante, y según la proyección realizada por el INE, el flujo inmigratorio se reducirá en los próximos años hasta un máximo histórico de 958.000 inmigrantes anuales registrados en 2007, a 345.000 en 2012.
A partir de esa fecha, la proyección fija un horizonte de 400.000 migrantes en 2018 y se prevé una evolución estable del flujo anual de entrada de población procedente del extranjero hasta dicho año. Con ello, habida cuenta de la importancia adquirida por el fenómeno de la emigración exterior, el estudio supone que se producirá una estabilización de la migración exterior neta. El saldo migratorio proyectado para el periodo 2009-2018 se situará por debajo de los 80.000 inmigrantes netos en todos los años.
Necesidad de un nuevo modelo de inmigración en España
El reto actualmente de las políticas migratorias no es precisamente el control de las entradas o control de fronteras, de ello ya se está encargando la coyuntura socioeconómica. El verdadero desafío de las políticas migratorias está en la capacidad de las sociedades europeas para regular adecuadamente la llegada de personas y principalmente la convivencia entre personas de muy diferentes orígenes y procedencias geográficas y culturales que se encuentran ya presentes en el territorio español y europeo, que en muchos casos permanecen desde años y han venido para quedarse.
Debemos trabajar en pro de la consolidación de un modelo basado en la regularidad y vinculado al mercado de trabajo. Con él se pretende mejorar la información y tener en cuenta las posibilidades de cubrir las ofertas de empleo con trabajadores que ya se encuentran en el mercado de trabajo nacional y que podrían satisfacerlas con actuaciones formativas promovidas por los servicios públicos de empleo. La consideración de la situación nacional de empleo también se ha tenido en cuenta en la regulación de las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena de duración determinada y en la gestión colectiva de contrataciones en origen, donde se han introducido mecanismos que pretenden evitar la sustitución de mano de obra que ya existe en el mercado laboral.
También debemos fomentar la integración y la igualdad de derechos y deberes, promoviendo la integración y la gestión de la diversidad cultural desde una lógica de igualdad de derechos y deberes entre la población inmigrante y autóctona, y reforzar la colaboración con las Administraciones autonómicas y locales, permitiendo que a través de sus informes puedan participar en los procedimientos que corresponde resolver a la Administración General del Estado.
Tratar de fomentar y garantizar la movilidad y el retorno voluntario de los inmigrantes, dando respuesta al fenómeno creciente de las migraciones circulares, y la venida de investigadores y personal altamente cualificado, regulando los flujos laborales que afectan a actividades en que concurren razones de interés económico, social o laboral, o a actividades docentes, de investigación o artísticas.
Se debe proporcionar rigor, transparencia y objetividad a los procedimientos de extranjería. La mejora, en definitiva, de la seguridad jurídica mediante unas previsiones más detalladas y concretas que disminuyen el reenvío a otras normas, y la introducción de las nuevas tecnologías en los procedimientos regulados constituyen novedades que contribuirán sin duda a mejorar la gestión y, con ello, las necesidades de todos los diversos agentes que actúan en el ámbito de la extranjería.
En definitiva, aunque, “por su propia situación sociológica España ha carecido tradicionalmente de una política de inmigración”; ahora más que nunca se hace necesario un giro de 180º en materia de inmigración, la adopción de una política donde “la libertad de circulación y el principio de igualdad deberían inspirar todo su ordenamiento”, de forma que se pueda contemplar este fenómeno desde otra perspectiva; ya que, en caso contrario, la inmigración seguirá siendo un problema para todos, y las oleadas de inmigrantes irregulares no cesarán, pues el extranjero seguirá siendo consciente de que viniendo a España, encontrará trabajo, y con el tiempo será legalizado.
El objetivo último es evidente: permitir que en España se desarrolle una política migratoria integral, integrada y sostenible, que es la que se necesita para los próximos años.
(*) Alfonso Ortega Giménez es Profesor de Derecho internacional privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche y Vocal del Observatorio Valenciano de la Inmigración alfonso.ortega@umh.es