Estamos sufriendo la primera gran crisis de la globalización, consecuencia de la debilidad institucional del nuevo régimen de economías abiertas y, en particular, de la deficiente regulación y supervisión de los mercados financieros. En España esta crisis internacional ha tenido, y sigue teniendo, un impacto mayor y más doloroso que en otros países, por nuestro excesivo endeudamiento con el resto del mundo y porque, debido a la rigidez de nuestro marco laboral, el peso mayor de la crisis ha caído sobre los trabajadores y las pequeñas empresas.
A todo esto hay que sumar la equivocada reacción del Gobierno español, que durante más de dos años llevó la política económica por un camino que luego se vio obligado a desandar. El resultado ha sido la pérdida de cientos de miles de empresas, cinco millones de parados, pobres expectativas de crecimiento económico y dificultades para colocar nuestra deuda en los mercados financieros.
El reciente acuerdo parlamentario de los dos grandes partidos, el PSOE y el Partido Popular, para introducir en la Constitución una norma protectora del equilibrio presupuestario podría ser la primera piedra de la recuperación de nuestra economía, sobre todo si, como ya está ocurriendo, las Administraciones Públicas empiezan a tomar decisiones importantes que contribuyen a la pronta consolidación de las finanzas públicas. La austeridad y la correcta selección de los gastos en la administración del dinero público son dos fuentes de confianza para los inversores. La crisis es, ante todo, “sed de confianza”.
En las actuales condiciones de la economía española, después de estos años de crisis, no se puede pretender la consolidación del equilibrio presupuestario y las pautas estables de austeridad en el gasto sin reformas, sin establecer los límites del sector público por ley, por la ley de Estabilidad Presupuestaria que anuncia la reforma constitucional, para evitar en lo sucesivo esos descomunales déficits públicos, que hacen imposible la acción del gobierno, que impiden que el crédito llegue a las empresas y a las familias y que nos sitúan en una situación de extrema vulnerabilidad.
La solución de nuestros problemas se encontrará en el cambio, cuando se generen las condiciones tanto económicas como políticas que devuelvan a nuestros empresarios, y al conjunto de la sociedad, la confianza para ahorrar, invertir, consumir y crear empleo. Como ha sucedido en crisis anteriores, el sector exterior es clave en este momento, cuando nos disponemos a afrontar la salida de la crisis, y por eso habrá que dar prioridad a las reformas necesarias para reforzar nuestra capacidad de competir en la economía global, apoyando especialmente la exportación y la internacionalización de las empresas medianas y pequeñas.
Así, España iniciará la recuperación y contribuirá decididamente a la estabilidad del Euro.
• María Fátima Báñez García (San Juan del Puerto, Huelva, 1967) es licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales. Ha ejercido como abogada Directiva Técnico de Empresas (ICADE) y ha sido vicesecretaria de Coordinación de Grupos Parlamentarios del Partido Popular de Andalucía, vocal de la Junta Directiva Nacional del PP y diputada en las Legislaturas VII, VIII y IX.