Tres acusaciones populares han denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los jueces de la Audiencia Nacional Concepción Espejel y Enrique López, al considerar que podrían haber cometido una "infracción muy grave" al no
abstenerse como miembros del tribunal que juzgará la contabilidad B del Partido Popular (PP).
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que las representaciones del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), el Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE) y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa
(ADADE) solicitan a la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces que abran un incidente disciplinario contra los dos magistrados.
Los denunciantes, que han presentado la denuncia este miércoles, consideran que Espejel y López, cuya recusación como miembros del tribunal de la 'caja B' será debatida el próximo viernes por el Pleno de la Sala de lo Penal, habrían infringido el
417.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que castiga la "inobservancia del deber de abstención" de los magistrados cuando concurren las causas previstas en la ley.
"ÍNTIMA VINCULACIÓN" CON EL PP
Según las acusaciones, Espejel y López deberían haberse abstenido en este procedimiento una vez que el Pleno de la Sala de lo Penal acordó el pasado 30 de octubre apartarlos del tribunal que juzgará la primera época de actividades de la red
Gürtel después de que las acusaciones denunciaran su "íntima vinculación" y "afinidad ideológica" con el PP.
En este sentido, destacan que en el procedimiento sobre la 'caja B' del PP serán juzgados dos extesoreros de la formación, en referencia a Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el exgerente Cristóbal Páez; y los responsables del estudio de arquitectura
que llevó a cabo las obras de reforma en la sede de Génova.
La veintena de magistrados que conforman el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiarán este viernes la petición de apartar de esta causa a la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, que ha sido formulada por Izquierda Unida (IU), el Observatori DESC y ADADE, que ejercen la acusación popular. A estos tres colectivos se sumó el PSOE en el caso de Enrique López, que fue designado como ponente de la sentencia.