Lo esperaban todos: la fiscalia, la abogacia del estado, la Agencia tributaria, sus abogados...y todos se han equivocado. Las tres magistradas que forman el reibunal del caso Noos han decidido que Cristina de Borbón se mantenga en el banquillo de los acusados y responda por dos presuntos delitos fiscales por los que la acusación particular le pide 8 años de prision.
El nueve de febrero y hasta el mes de junio, la hija y hermana de Rey acompañará a su marido y al resto de acusados causando un gran daño a la institución que representa ya que no ha renunciado a su condición de Infanta. Van a ser cuatro meses muy duros para la Corona ya que es màs que previsible que por parte de algunos abogados defensores se intente trasladar a la especial relacion de la familia Urdangarin- Borbón con el palacio de la Zarzuela y en especial con el Rey Juan Carlos una parte de las actividades de Noos y sus derivaciones.
Las tres magistradas, Samantha Romero, que preside el tribunal y serâ la ponente de las sentencias; Rocio Martīn y Eleonor Moyâ tienen una amplia experiencia en juzgar casos de corrupciön y en las Islas Baleares. Han redactado duras condenas y con esta primera decisión han respaldado las actuaciones del juez Castro y han dejado en mal lugar al fiscal Horrach. Tambièn a la Agencia Tributaria, a la Abogacīa sel estado y al despacho de Miguel Roca.
Todos ellos apostaban por la aplicación de la llamada " doctrina Botīn" en el caso de la Infanta, que la librarïa de sentarse en el banquillo. La posible extensión del delito a todos los contribuyentes ha sido el argumento del reibunal para no aplicar la sentencia que el Tribunal Supremo emitió en 2007 sobre Emilio Botīn, a, que solo terminó acusando Manos Limpias. La misma acusación particular que en el caso de Cristina de Borbóny con la misma letrada, Virginia López Negrete.
Al margen de las sentencias que se dicten en el mes de junio y las penas que reciban los acusados, la especial circunstancia de la hermana del Rey y su dimensón pública la convierten en tema de estado y de consideración polītica, justo cuando las instituciones y la propia estructura de España y la Monarquia están en cuestión.