España tiene una población de 47 millones y un parque de viviendas principales de 17,2 millones, lo que arroja una estructura media de 2,73 personas por hogar. Si nos comparamos con los países de referencia de nuestro entorno, Francia, Alemania, o Reino Unido, necesitaríamos bajar esta ratio hasta el entorno de las 2,25 personas por hogar.
El menor tamaño medio de hogar responde a que en los países de referencia citados, los hogares tienen menos miembros, incluso teniendo más natalidad, fundamentalmente, porque los hijos se emancipan, como mínimo cinco años antes que en España. También influye en esta menor ratio el hecho de que las personas mayores son más independientes y conservan su hogar sin engrosar el de sus hijos. Según un estudio publicado por La Caixa, en nuestro país el 68% de los jóvenes de entre 18 y 29 años viven con sus padres y de los que están emancipados un 70% viven a una distancia de menos de cinco kilómetros. Este último porcentaje es el más elevado de los países europeos y pone de relieve que las generaciones en España no sólo viven durante más tiempo juntas porque los hijos se emancipan más tarde sino que cuando lo hacen viven más cerca de sus progenitores que en los países del centro y norte de Europa.
En cuanto a la dependencia de personas mayores es destacable que en nuestro país el 23% de los mayores de más de 75 años viven con sus hijos, frente al 11% en Alemania o el 8% en Francia. Para reducir el tamaño del hogar español hasta 2,25 personas harían falta más de 3 millones de viviendas, lo que supondría consumir todo el stock de vivienda nueva y de vivienda usada, incluida la de inversión y, aún así, sería insuficiente. En todo caso, los plazos de reducción del tamaño medio de hogar dependen de pautas sociales pero también económicas y, en la coyuntura actual caracterizada por elevadas tasas de paro, este descenso podría ser más lento que en períodos de auge.
Por tanto la necesidad de vivienda no se materializa por razones económicas, como el excesivo e s f u e r z o financiero, el difícil acceso al crédito y las elevadas tasas de desempleo de la población juvenil, sin olvidar otras razones como la no adecuación de la tipología y régimen de tenencia de la vivienda a las necesidades de los jóvenes y por otros factores de índole cultural y familiar como la falta de estímulos a una emancipación más temprana.
Las estimaciones sobre la edad de emancipación revelan que en España nuestros jóvenes se emancipan en torno a los 30 años, la edad más elevada entre los países europeos de nuestro
entorno. Este retraso en la emancipación viene explicado, en gran medida, por la dificultad de acceso a la vivienda por lo que todas las medidas destinadas a favorecer dicho acceso, en el caso de los jóvenes muy vinculadas al mercado de alquiler, permitirán una reducción de la edad de emancipación. Asimismo, los condicionantes de un mercado laboral rígido y sin movilidad geográfica han provocado una mayor propensión a la compra de vivienda en detrimento del alquiler.
Si queremos ser más productivos, más competitivos y más eficientes es necesaria mayor movilidad en el mercado de trabajo, nuestros jóvenes tienen que emanciparse antes y, para ello, deben facilitárseles los medios, la formación y también las viviendas adecuadas. Por ello, no debemos caer en el planteamiento simplista de considerar que en España sobran - o, al menos, o faltan- viviendas.