Martes 21 de octubre de 2014
La Asamblea de Madrid sigue inhábil, hay pocos diputados en los pasillos de la sede parlamentaria de Vallecas y el mismo día que se celebraba la reunión de la Junta de Portavoces, con pocos asuntos sobre la mesa, representantes del PSM, IU, CCOO y UGT anunciaron la creación de la una plataforma en defensa de la universidad pública, tras el anuncio de nuevos recortes en la Consejería de Educación.
Los portavoces de los grupos parlamentarios, los de siempre más UPyD, acodaron una reunión de la Diputación Permanente, órgano que sustituye al Pleno de la Cámara regional en tiempos de descanso, para el 19 de julio y la celebración el 25 de julio de una sesión plenaria extraordinaria para debatir las enmiendas a la totalidad de la oposición al proyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles. Poco más.
En las ruedas de prensa posteriores, el portavoz del PP, Iñigo Henríquez de Luna, arremetió contra el portavoz socialista, Tomás Gómez, por su inasistencia a las reuniones de la Junta de Portavoces y defendió los recortes del Gobierno presidido por Mariano Rajoy, del que dijo que “cumple con su responsabilidad de sacar a España del agujero” y que “en situaciones extraordinarias hay que tomar medidas extraordinarias”.
Era la semana de los tajos de Rajoy a los funcionarios, a los parados y a todos los consumidores que tienen algo que ver con el IVA, y de la llegada de la “marcha negra” de los mineros a la capital. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, había ironizado sobre el apoyo de los madrileños a las reivindicaciones de los mineros, lo que concitó la critica de los representantes de CCOO, UGT, PSM e IU reunidos en el salón de actos de la Asamblea de Madrid a la misma hora que lo hacían los miembros de la Junta de Portavoces.
José Ricardo Martínez (UGT), Javier López (CCOO), Gregorio Gordo (IU) y el socialista Tomás Gómez denunciaron un nuevo recorte de 175 millones de euros en la partida de las universidades públicas que aparece en los nuevos Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2012 y anunciaron la creación de una plataforma en defensa de la universidad pública. Además, constataron que los nuevos recortes de Rajoy no estaban contemplados en el programa electoral que llevó al PP al poder de la Administración central y propusieron que los españoles decidan en un referéndum si están de acuerdo o no en ser recortados.
El ambiente en la sala se animaba y un periodista preguntó si la huelga general estaba en sus previsiones. José Ricardo Martínez, secretario regional de UGT, cogió el micrófono y dijo con claridad que las acciones del Gobierno de España se merecen una huelga general. Su contundencia impresionó. A continuación, Javier López, que ocupa el mismo puesto de responsabilidad que Martínez pero en CCOO, sorprendido por la brevedad de la respuesta del sindicalista de UGT, dio una charla de cerca de seis minutos para no citar en ningún momento la palabra maldita por la que se le preguntó.
Puso verde al Gobierno de Rajoy, llamó chulos a sus ministros, habló de la necesidad de movilizarse en la calle y de incrementar la crítica a las acciones de la derecha, pero de la necesaria huelga general no dijo ni pío, más allá de exponer que si se convoca, la decisión será de los convocantes. Una obviedad y un tópico, como respuesta. José Ricardo Martínez dejó claro lo que piensa, o lo que sabe sobre la huelga general, y Javier López se pensó mucho lo que iba a decir sobre lo mismo. Ambos sabían de qué hablaban,