La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha confirmado su intención de introducir el consentimiento expreso en los delitos sexuales tras la sentencia que condena a los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso sexual y les absuelve del de agresión. "Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no", ha recalcado.
La vicepresidenta ya había adelantado esta intención el pasado domingo en un entrevista en la que, preguntada por el sentido de la reforma que prepara el Ejecutivo, hizo referencia a la reforma que se había realizado en el Código Penal sueco "para decir que salvo que una mujer diga expresamente sí, su respuesta es no". "Es una fórmula extraordinaria, no podemos estar interpretando. Si una mujer no verbaliza sí es no", concretó hace dos días.
Durante su comparecencia este martes ante la Comisión de Igualdad del Congreso, ha recordado que está en marcha la revisión de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal. "Necesitamos hacer una revisión que permita asegurar mejor, en términos de garantías, los tipos penales que no pongan en riesgo a través de la interpretación delitos tan graves contra las mujeres" ha defendido.
A su juicio, la vinculación de los delitos de carácter sexual a la falta de consentimiento expreso es una manera de "blindarlos". "O es sí o es no, y que no haya interpretación posible", ha remarcado. En concreto, ha reivindicado que este es el modelo de Suecia y en el que está trabajando Alemania.
Para la ministra, si se relacionan estos conceptos se logrará "preservar" el respeto a las mujeres y a su sexualidad. Además de la mejorar la formación de los jueces desde un enfoque de género, Calvo cree que la Justicia "se tiene que alejar de la mirada sexista" así como del "patriarcado" a la hora de interpretar las normas.
La vicepresidenta ha apoyado la idea de modificar la Constitución de 1978 para "ponerla en orden" lingüística y excluir términos como "disminuido" que en ella se incluye. Calvo ha respondido así, durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, a la propuesta del presidente de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, el diputado de PDeCAT Jordi Xuclà, quien le ha informado de que existe una campaña al respecto liderada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la periodista Vicky Bendito.
"El artículo 49 de la Constitución habla de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos y habla de una política de previsión, tratamiento y rehabilitación de disminuidos", ha explicado Xuclà, quien ha apremiado al Gobierno a "borrar" este término "en el menor tiempo posible".
Para Xuclà, los tres quintos de la Cámara necesarios para esta reforma "se pueden alcanzar perfectamente". Una afirmación que ha compartido la propia vicepresidenta, quien ha asegurado que en la actualidad existe una mayoría de acuerdo para "poner en orden" la Constitución, aunque sea "de manera lingüística".
LA MUJER: SÓLO PARA EL MATRIMONIO
"Nos podríamos plantear la normalización lingüística de la Constitución. No tanto tocarla sustantivamente, sino ponerla en orden", ha apuntado Calvo antes de recordar que en la actualidad disminuido es "una terminología superada".
Además ha denunciado que en la Carta Magna "sólo existen" ministros y diputados y la mujer "sólo aparece para el matrimonio". De hecho, Calvo ha destacado que en la Constitución "ni siquiera aparecen derechos de igualdad entre hombres y mujeres". "Algunas de estas cuestiones nos las podíamos plantear sin cortapisas", ha concluido.
DEVOLVER A LOS AYUNTAMIENTOS LAS COMPETENCIAS DE IGUALDAD
Carmen Calvo ha asegurado también que el Ejecutivo quiere iniciar las modificaciones legislativas necesarias para devolver las competencias de las políticas de igualdad y contra la violencia de género a los ayuntamientos, al tiempo que ha anunciado que hará "un esfuerzo presupuestario mayor" para luchar contra la violencia machista.
Así lo ha manifestado durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados en la que ha detallado las líneas generales de la política de su departamento. Calvo ve "escasos" los 20 millones previstos para las entidades locales en el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género que contempla otros 100 millones para las comunidades autónomas y 80 millones del Estado en los presupuestos generales.
A su juicio, los ayuntamientos deben centrarse en "hacer políticas de prevención" y "de amparo" a las mujeres víctimas de violencia de género. "Los ayuntamientos tienen que estar fortalecidos de políticas para este efecto y dotados de recursos económicos para tomar las primeras decisiones", ha argumentado, reclamando seguridad para las mujeres.
Durante su intervención, Calvo también ha avanzado que, a partir de hoy, el Gobierno va a contabilizar a las mujeres asesinadas por este tipo de violencia de manera "global" y no se contarán anualmente como se hacía hasta ahora. Según ha incidido, desde que existen estadísticas un total de 945 mujeres ya han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, y el objetivo de ir sumando la cifra global es "aflorar, y no acallar u opacar" la violencia machista.