Los agentes de tráfico de Policía, Guardia Civil y fuerzas de seguridad autonómicas con competencias en esta materia tienen permiso desde este viernes 19 de julio para realizar un examen a conductores que muestren síntomas de haber consumido drogas, como el análisis de la pupila o de capacidad de reacción y percepción, así como a grabarlos para dar constancia de los síntomas descritos.
Los resultados de este análisis se recogen en un acta elaborada por la Fiscalía de Seguridad Vial que este jueves se ha entregado a todos los cuerpos implicados. A través de este documento se podrá determinar los niveles de consumo de drogas al volante y, por tanto, la posible derivación de un caso a la vía penal.
Según ha explicado el fiscal de Sala de Seguridad, Bartolomé Vargas, este decisión se ha tomado, "tras años de trabajo", porque la ciencia aún no ha podido establecer una tasa numérica, como ocurre con el alcohol, que puede determinar el nivel de consumo de estas sustancias y las consecuencias penales de las mismas.
"La ciencia aún no lo permite", ha lamentado Vargas, que, sin embargo, ha indicado que este test que deben realizar ahora los agentes se basa en estudios científicos y en pruebas que ya se hacen en Europa y Estados Unidos. Además, ha recordado que los responsables de Tráfico de los diferentes cuerpos están formados para llevarlas a cabo.
Las actas que tienen a partir de este viernes los agentes incluyen un examen de signos externos, como el dominio del idioma, la colaboración de investigado, su agresividad, su euforia o si está adormilado. También se especificará si el conductor tiene una sudoración inapropiada, esnifa constantemente, huele a alguna sustancia o lleva las ropas desarregladas.
DIFERENTES NIVELES DE AFECTACIÓN
El reconocimiento también especificará cómo es la expresión verbal del conductor durante el test, su orientación espacial, temporal y personal, aspectos motóricos o su percepción visual y auditiva. Además, se le realizará una análisis de su pupila: tamaño, seguimiento de la luz y otras pruebas que, tal y como está comprobado científicamente, determinan la intoxicación por droga.
Con estos datos, el agente podrá levantar un atestado haciendo una "valoración conjunta" del mismo. Para ello, la Fiscalía ha unificado, también, los criterios que deben seguir los agenter. Así, la combinación acumulada de signos qude afectan a la desorientación, a la coordinación a la capacidad de reacción y a la percepción visual entraría dentro de los supuestos en los que la influencia es "indiciariamente máxima".
En el caso de que se de una combinación de tres de estos signos, la influencia sería "grave o muy grave", mientras que la unión de dos indicaría que el caso debería ser "depurado en sede judicial".
Además, y como ocurre con el alcohol, los agentes podrán dar parte de los signos detectados cuando se produzca alguna falta o una conducción manifiestamente irregular, aunque no haya un positivo previo en la prueba de saliva, o si el conductor se niega a hacerla.
GRABAR PARA EL JUICIO
Vargas ha explicado que con los datos obtenidos en estos test, los agentes decidirán si se abre un expediente administrativo o si se presenta un atestado por delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción bajo la influencia de las drogas. Si esto último ocurre, advierte Vargas, "no significa que vaya a haber una condena", sino que, como cualquier otro caso, se abre una investigación forense.
Ante la posibilidad de que el juicio se produzca mucho tiempo después del suceso, los agentes tienen el permiso de grabar a los examinados para dar prueba de lo que se incluye en los exámenes de síntomas y pueda ser usado en el proceso judicial.
El fiscal de Sala de Seguridad Vial quiere que este método sirva de "concienciación" para los ciudadanos después de los datos que la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) hicieron públicos esta semana: el 44% de los fallecidos en carretera en 2018 habían consumido droga.
Pese a estos números que, además, suponen un aumento con respecto a años anteriores, Vargas ha explicado que los procesos judiciales por consumo de drogas al volante son un bajo porcentaje con respecto a los del alcohol: de 53.170 condenas sólo 200 fueron por estas sustancias. "Hasta ahora casi no llega nada al juzgado, se queda todo en una sanción administrativa", lamenta el fiscal.
Su objetivo, según ha comentado en rueda de prensa, es que junto con la prevención y la educación, estas pruebas sirvan de disuasión para los conductores y que se conciencie a la sociedad del peligro del consumo de estas sustancias cuando se viaja por carretera. "Queremos que se produzca el mismo rechazo social que hay con el alcohol y evitar que la droga se convierta, que ya lo es, en un factor relevante de la siniestralidad del país", ha concluido.