El líder de Podemos lleva un año trabajando para el líder del PSOE. Desde que éste se convirtió en presidente. Una labor incansable de ministro de asuntos varios, sin cartera y sin contrato. Pagando un alto precio en las urnas y en la cohesión interna de su partido, y viendo como su antiguo amigo, compañero y cofundador de la organización le disputa un puesto que se ha ganado a pulso.
Su reivindicación de un Ministerio tiene la misma lógica que se quiere aplicar a los repartidores de comida a domicilio o a los conductores de las VTC. Un Ministerio es lo mínimo y debería acompañarse de alguna Secretaría de Estado y alguna Dirección General con nombres claramente identificados por el color morado.
Iglesias y la parte más medular de Podemos se sienten como falsos autónomos, sin derechos, con unos “ingresos” políticos más bien pobres y con un futuro incierto de seguir las voluntades populares por el mismo camino mostrado en las elecciones de abril y mayo.
Necesitan regularizar su situación, convertir sus no contratos o contratos basura en trabajo estable, con firmas públicas y reconocimiento institucional. Con carteras de nombres grabados en los costados que indiquen el valor de las mismas. Iglesias no quiere recurrir a las manifestaciones o las huelgas de votos caídos en el Congreso. Dice, asegura y es creíble que se fía de las promesas del presidente. No tiene por qué mentir. En toda negociación cada una de las partes tiene que renunciar a los postulados máximos, y el secretario general de Podemos ya lo ha hecho, tal vez con una única condición que no aparecerá nunca para ser firmada en un papel: a los esquiroles (Errejón, Maestre, Sánchez ) ni agua.
La militancia del PSOE se lo dijo a su líder en la victoriosa noche del 28 de abril: nada de pactos con la derecha de Ciudadanos, el Gobierno tenía que girar y consolidar una alternativa clara de izquierdas para cuatro años. Tal vez por eso y por haber ganado por mayoría absoluta, dejando a los compañeros de Iglesias sin escaño en Castilla la Mancha, se le perdone a Emiliano García Page que acuerdo con el partido naranja repartirse la gobernanza de las ciudades de Albacete y Ciudad Real. De paso le dejan fuera al PP, que también cuenta.
La demandada reforma de las leyes laborales que aprobó y puso en marcha el gobierno de Mariano Rajoy, orientada a todos los sectores de la economía, puede comenzar dando ejemplo en el terreno político. Sin que la derecha española en cualquiera de sus formas y nombres pueda protestar por esa “regularización” laboral entre el PSOE y Podemos. Tanto PP como Ciudadanos han regularizado a Vox, que desde los comicios de diciembre pasado en Andalucía también trabajaba sin contrato a favor del gobierno de Moreno Bonilla.
Si lo piensan bien, tanto a Santiago Abascal y los suyos como a Pablo Iglesias y los suyos les quieren tener como a los repartidores de Deliveroo y a los conductores de Uber: trabajando más de ocho horas, en condiciones de explotación política, sin el seguro que proporciona estar dentro de las administraciones públicas. Y sin seguro de desempleo en cuanto pierdan la condición de diputado o concejal. Una ruína.