Los 36 diputados que se eligen en la Comunidad están muy lejos de los 61 de Andalucía o los 47 de Cataluña, y muy cerca de los 32 de la Comunidad Valenciana y de Castilla y León. Apenas son un diez por ciento del total, pero los liderazgos y el puesto que ocupan cada uno de los dirigentes de los partidos, la proximidad al jefe, permite adivinar quienes ocuparán cargos en el futuro gobierno de la Nación.
Al igual que en el resto de España, en 42 años hemos pasado de la inicial “sopa de letras” que eran la multitud de partidos y formaciones política que buscaban un sillón en el Congreso, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, a un bipartidismo imperfecto a nivel nacional, apenas corregido por los representantes nacionalistas vascos y catalanes, y por un PCE que se ha ido transformando hasta “desaparecer” o sumergirse primero en Izquierda Unida y luego en las confluencias que giran en torno a Podemos.
El cansancio de los ciudadanos hacia el dominio del PSOE y del PP, que se han ido alternando en el poder desde el lejano 1977 hasta hoy - 22 años para la izquierda socialista, 20 para la conservadora derecha - ha hecho que se vuelva a fragmentar la oferta electoral, con la aparición de nuevas-viejas siglas a la izquierda del PSOE y con el marxismo como eje central de todas ellas; y del regreso de la ultraderecha, la misma que presentó al presidente de Fuerza Nueva, Blas Piñar, en 1979, y que intentó conseguir un escaño para el teniente coronel
Tejero en 1982 tras el intento de golpe de estado y estando en prisión pero sin que la sentencia condenatoria fuese firme. Fragmentación que, en una democracia parlamentaria como la española, concebida a través del reparto de escaños que establece la Ley D´Hont, y la elección del presidente del Gobierno por el Congreso y no de forma directa por los ciudadanos, hace que la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo sea muy débil y que las negociaciones y cesiones entre partidos obliguen a mantener a gobiernos en funciones durante muchos meses y a repetir citas con las urnas en cortos periodos de tiempo. El mejor ejemplo: lo ocurrido entre 2015 y 2019, periodo en el que habrá tres elecciones generales, dos o tres presidentes del gobierno, diez meses sin lograr una investidura, y dos mociones de censura, una de ellas con éxito.
Ese fenómeno de “regreso al futuro” en el que parece que estamos inmersos los españoles es perceptible en toda España, y de forma singular en Madrid, la Comunidad que permite analizar las tendencias por su tamaño, su mezcla social, económica y política, y la influencia que tiene a la hora de valorar los resultados. Los líderes de todas las formaciones - menos los nacionalistas - siempre se presentan al frente de la candidatura madrileña, en un cuerpo a cuerpo en el que los ciudadanos votan a las siglas pero también a los dirigentes que las representan.
Si en 1977 los españoles en general y los madrileños en particular le dieron la espalda al partido que más se había caracterizado por su enfrentamiento a la Dictadura, como era el PCE, y en general a todo lo que le recordaba la Guerra Civil, votando desde la izquierda al nuevo PSOE que se había “rejuvenecido” en Suresnnes; otro tanto hicieron por la derecha.
Los comunistas Dolores Ibárruri y Rafael Alberti se sentaron en el Hemiciclo y se convirtieron en los vicepresidentes que escoltaron al diputado de UCD, Modesto Fraile, que fue el primero en presentar sus credenciales. Algo que no lograron otras personas que también “volvían” desde la distancia de la II República y cuyo mejor ejemplo era el antiguo dirigente de la CEDA que llegó al gobierno en 1933 y gran protagonista de lo que en la reciente historia española se conoce como “bienio negro”, que desembocaría en las elecciones de 1936 y en el posterior conflicto armado.
José María Gil Robles, en ese primer encuentro con la recuperada democracia se presentó por uno de los partidos que representaban a la democracia cristiana junto a Joaquín Ruíz Giménez. Los dos, desde el exilio el primero, y desde una suave oposición a Franco el segundo, habían fundado la Federación de la Democracia Cristiana eligiendo un día emblemático para ello, el 14 de abril de 1977. Los tiempos habían cambiado y los nuevos “vaticanistas” como Oscar Alzaga y Marcelino Oreja estaban dentro de la UCD. De allí pasarían al Partido Popular y conseguirían rozar la presidencia del gobierno de la Nación con los dedos en la persona de Javier Arenas, el político que mejor se ha adaptado a los cambios en España y en su partido.
En el tobogán político madrileño las ambiciones suben y bajan y siempre encuentran segundas oportunidades, ya sean en la Asamblea y en el gobierno autonómico o en el emblemático Ayuntamiento de la capital. Este 28 de abril no es distinto de las anteriores citas en las que las urnas se han cruzado. Lo que ocurra en los comicios generales tendrá una influencia decisiva para la muy ajustada batalla autonómica y municipal. Lo hemos visto en las elecciones de 2015 y se ha comprobado internamente en las distintas formaciones en la composición de las listas. Desde Madrid se manda y se manda mucho.