Las cuatro grandes firmas de auditoria y asesoramiento que actúan en nuestro país, Deloitte, PwC, EY y KPMG van a revisar todo lo que escriban y calculen en los Ministerios de Economía y Hacienda y pondrán su firma para que los números sean creíbles. El Gobierno quiere acelerar los plazos y para ello cree que con la presencia de las “Big Four”, las Cuatro firmas más grandes de la auditoría internacional, avalando las cuentas públicas todo será más fácil.
Para hacernos una idea del tamaño de estos auténticos colosos de la auditoria, que pueden con su presencia en el mundo empresarial hacer más fácil o difícil la vida de los ejecutivos, podemos mirar, a nivel mundial, lo que esas cuatro empresas facturan: algo más de 150.000 millones de dólares al año. En España, con los datos de 2018, sus cifras de negocio en euros son las siguientes: Deloitte, 762 millones; PwC, 582 millones; EY, 426 millones; KPMG, 406 millones.
Los deseos y necesidades del Gobierno son una de las mejores noticias que podían recibir los responsables españoles de las cuatro. Sin saber cual será el papel final de las mismas y si se repartirán el trabajo por Ministerios, por bloques de actividad o por los sectores que han indicado desde Europa para recibir las ayudas, tanto Fernando Ruíz como Gonzalo Sánchez, Federico Linares e Hilario Albarracín ya saben que el año 2020 no va a ser un mal año para sus empresas.
A los contratos habituales de cada ejercicio con las grandes compañías y los bancos se les van a sumar las fusiones bancarias que han comenzado con la de CaixaBank y Bankia y que pueden continuar en los próximos meses. Y a éstas, el mejor de los “regalos” de Navidad: el contrato con el Gobierno.
Si los plazos anunciados por Pedro Sánchez ante los editores y directores de la AEEPP se cumplen, el primer borrador de Presupuestos estará listo para enviar a Bruselas a mediados de octubre. Tras ese examen de las futuras cuentas públicas será entre enero y abril cuando los PGE - si se aprueban primero en el Congreso - estén listos para el examen definitivo en Europa.
A partir de esas fechas la Comisión tiene un plazo de dos meses para examinar y aprobar cada una de las partidas. Resultado: es difícil que las primeras decenas de miles de millones de euros que necesita España puedan llegar antes del mes de marzo . Eso si se ajustan los tiempos y se aceleran los trabajos. Seis meses cuanto menos de “apostolado” que las cuatro auditoras tendrán por delante. Ya no dependemos sólo de la eficacia y buen hacer de los funcionarios públicos. Estamos más en manos de la solvencia y exigencia de esa parte del sector privado.