Llegarán más tarde o más pronto, pero llegarán. Europa no puede dejar que España se caiga. Exigirá más y querrá tender mayor control en el reparto de los fondos y hasta puede que intente más de una vez que la actual coalición entre el PSOE y Unidas Podemos se rompa.
El mundo del dinero lo quiere y hará todo lo posible para que se materialice si consiguen que se convierta en una condición aceptada por la mayoría de los ciudadanos. El proceso de cambio en las estructuras, tan urgente como el de las ayudas europeas, volverá a pararse, tal y como ha hecho desde mediados del siglo pasado.
Las exigencias del “capitalismo popular” se cuelan por las rendijas de Bruselas y Francfurt, por los despachos de Ursula von der Layen y Christine Lagarde. Mucho más allá de los billones de euros aprobados para que Europa salga del agujero de la crisis, se necesita un cambio en las relaciones económicas, en los equilibrios entre ricos y pobres, entre los dueños de los dineros y las necesidades sociales.
Bancos y empresas han terminado en quiebras y desapariciones. Los gestores de esas compañías han abusado de las normas que ellos mismos se habían dado para manejar a su antojo los valores, las inversiones, la estrategia y el futuro de unos medios hasta tal punto que los " otros gestores" los que elige la sociedad cada cierto tiempo, los políticos, no han tenido más remedio que intentar contener la avaricia.
Se han puesto a regular los usos y maneras que imperan en la jungla financiera para " proteger" a los más pequeños e impedir que esas ingentes cantidades de dinero ahorrado por las familias desaparezca de los flujos financieros a nivel internacional, al desaparecer por completo la confianza de la sociedad en el propio sistema.
Los pequeños inversores son imprescindibles para que el sistema funcione. Sin ellos, la maquinaria financiera que mueve el mundo globalizado se colapsaría. Así lo ha entendido el Occidente liberal y el Oriente socialista y así se ha puesto en marcha medidas y normas legales para proteger a esos miles de millones de euros, de dólares, de yenes y de rublos que llegan cada día a los mercados en busca de una rentabilidad que se diluye en parte en impuestos y " gastos de gestión", salvo para aquellos que pueden acudir de forma más o menos legal a los paraísos fiscales.
La Europa de los 28 estados aprobaba en el Parlamento de Estrasburgo, a mediados del mes de abril de 2014, una serie de leyes pensadas para proteger a partir del año 2016 a los pequeños ahorradores, un objetivo encomiable pero que ha tenido dudosos resultados ya que se basaba en mayores dosis de información acerca de los productos en los que esos mismos inversores depositan sus ahorros, tales como seguros de todo tipo, depósitos que no estén estructurados y planes de pensiones. Todo eso que aparecía con un lenguaje más técnico que comprensible para la inmensa mayoría de las personas que se acercan al mundo de la inversión de la mano de los gestores y directores de las oficinas bancarias.
Se pretendía limitar la capacidad de los fondos de inversiones para mover a su antojo los valores que se cotizan en las distintas Bolsas del mundo. Y la aún mayor capacidad de los directivos de esos mismos fondos y de las grandes compañías para mover esos miles de millones en una dirección u otra. Algo que era imprescindible para salir del colapso en el que entraron las finanzas mundiales a partir de 2006 pero claramente insuficiente si vemos lo que ha ocurrido catorce años más tarde.
Todo ello pese a los inmensos volúmenes monetarios que los Bancos Centrales han inyectado en el sistema y las durísimas políticas de ajuste que han puesto en marcha los distintos gobiernos para sostener la economía mundial y que han priorizando los apoyos a los bancos antes que a las personas, con resultados más que discutibles si vemos que Europa tiene un encefalograma plano, que el dinero que emite su Banco Central está a interés cero, que las cifras de paro siguen siendo alarmantes, sobre todo en España, y que aquellos millones de pequeños inversores que habían colocado sus ahorros en distintos productos de inversión creyéndose ricos han descubierto que son más pobres y que sus fondos han desaparecido a valen mucho menos.
Setenta años de ilusión han desembocado en una cruda realidad: el capitalismo popular que impera en todo el mundo con independencia del color político que rija en uno y otro país, necesita con urgencia de tratamientos de choque para evitar que las estructuras sociales salten por los aires.
No basta con aprobar normas y leyes, que luego se muestran ineficaces por la mayor libertad y rapidez de movimientos de los responsables de los gigantes de la inversión, siempre en busca de nuevas víctimas sobre las que abalanzarse hasta dejarlas exhaustas.
La defensa de los pequeños no es sólo una cuestión de justicia social, es sobre todo una necesidad de supervivencia para el sistema: si desaparece la clase media, que es el gran colchón que todo lo amortigua, y las diferencias entre una minoría de muy ricos y una mayoría de pobres se hacen más grandes, el resultado será el conflicto, la violencia dentro de los países y entre los países.
Violencia producto de las desigualdades económicas y ocultada detrás de planteamientos ideológicos y religiosos con los que arrastrar a aquellos que más han perdido y menos tienen.
Basta con echar un vistazo a los medios de comunicación cada día para ver que la guerra como recurso está tan presente como en los peores días del siglo pasado. Guerras civiles que se extendieron desde Ucrania a Siria, desde Irak a Afganistán y que no están tan olvidadas como parece.
Aquí no hay pequeños inversores defendiendo sus ahorros y mirando los vaivenes de la Bolsa, lo que aparece es la desesperación y el horror de pueblos enteros que son utilizados para equilibrar cuentas de resultados y balanzas comerciales.
El espejo en el que comenzó a mirarse la sociedad en la mitad del siglo XX se ha roto y los intentos para pegar los trozos terminarán en fracaso si, al lado de las monstruosas cantidades aprobadas por las grandes entidades mundiales como el BCE, la FED y el FMI, no se aprueban y regulan las relaciones del dinero con la sociedad y con que están en la base de la misma. Los políticos, nuestros políticos, tienen la obligación de crear y ofrecer a los gobernados un nuevo espejo. Y si fracasan los cristales dejarán millones de cicatrices en millones de nosotros.