Por Marta Gómez Galán
¿A dónde ha ido a parar el superávit que tenía la Seguridad Social en tiempos de Zapatero y de Rajoy? ¿Dónde ha ido todo ese dinero? ¿Traspasa fraudulentamente el gobierno parte de su déficit a la Seguridad Social?
La Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) ha lanzado una campaña para pedir una auditoria externa de las cuentas de la Seguridad Social que ponga sobre la mesa la verdadera situación de las cuentas y saber así a qué se debe el déficit que el Gobierno de Pedro Sánchez está utilizando para proponer una reforma del mecanismo de pensiones.
Los pensionistas denuncian que tanto el PSOE, que gobierna, como el PP en al oposición, están tratando de llevar a la opinión pública la inviabilidad del sistema para privatizar las pensiones públicas.
“Ya se hizo con las privatizaciones de empresas, con los gobiernos de Felipe González y Aznar, primero se lanza una campaña sobre las supuestas pérdidas de un sector, posteriormente se propone la privatización como solución y al final llegan a manos de grandes multinacionales, financieras y/o amiguetes empresas que son perfectamente rentables, pero con una gestión maliciosa y fraudulentamente culpable se les pone en tal situación que pueden ser vendidas a terceros a precio de saldo. Con las pensiones es la misma táctica”, explica la Coespe en un comunicado.
Para los pensionistas, las últimas declaraciones de los ministros más neoliberales del gobierno, como Escriva, “pretende ir dando pasos, cada vez más acelerados, para ir sustituyendo el actual sistema de reparto por un sistema de capitalización, a través de los llamados fondos de pensiones privados de empresa, gestionados por la banca y las compañías asegurados y financieras”.
Según la Coespe, el gobierno pretende modificar el Artículo 109.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que obliga al Estado a cubrir los posibles déficits de cotizaciones, para garantizar el cumplimiento de los Arts. 41 y 50 de la Constitución, en el sentido de sostener un sistema de pensiones suficientes y dignas, siendo un dique de contención a los intentos de dejar sin recursos al sistema de reparto y solidaridad de las pensiones.
Hasta ahora, el Estado financian en su totalidad las prestaciones no contributivas, mientras que las contributivas se nutrían básicamente de las cotizaciones nuevas y excepcionalmente, en época de crisis, por estatales. Los pensionistas creen que sucesivos gobiernos han venido subvertiendo “de manera fraudulenta” imputando a la Seguridad Social gastos impropios, creando la imagen de falso déficit, y a continuación intentando aplicar reformas que implicaran el desmantelamiento del Sistema Publico de Pensiones, solidario, intergeneracional e interterritorial.
Cuando había superávit de cotizaciones –afirma la Coespe- éste se utilizaba para financiar las no contributivas, y cuando las cotizaciones empezaron a ser insuficientes en vez de realizar aportaciones, el Ministerio de Hacienda hacia préstamos a la Seguridad Social por la diferencia.
Con este método, los gobiernos han venido “reduciendo” el déficit real en los Presupuestos del Estado trasladándosela a la Seguridad Social, cosa que ha sido incluso denunciado por el propio Tribunal de Cuentas, que ha planteando la necesidad de anular esa falsa deuda, “pero la mayoría del arco parlamentario ha hecho caso omiso a esa propuesta”.