Desde Waterloo y habiendo perdido las elecciones del 14 de febrero frente a Pere Aragonés, Carles Puigdemont se dispone a poner sobre la mesa la última carta que le queda, quiere que el fantasmagórico Consell de la República que montó en en el “exilio” tras las elecciones de 2017 siga marcando las pautas de la Generalitat y, entre otras cosas, decidir el destino de los fondos europeos de ayuda.
El primer paso fue colocar a Laura Borras como presidenta del Parlament para impedir que ERC pueda controlar las actividades parlamentarias como hizo su presidente Roger Torrent que se negó a desobedecer en varias ocasiones las decisiones judiciales para no seguir el mismo camino que su antecesora, Carmen Forcadell.
El segundo paso ha sido frustrar la investidura de Pere Aragonés por mayoría absoluta de los grupos independentistas.
La próxima semana se verá si ERC cede a sus pretensiones o si Puigdemont mantiene su negativa a investirle. Una vez conseguido el voto de la CUP no hay prisas y puede mantener el pulso durante dos meses al menos antes de que Aragonés no tenga más remedio que convocar elecciones.
El acuerdo de los republicanos de ERC y los anticapitalistas de la CUP es prácticamente imposible de que se cumpla en su integridad, especialmente en los que se refiere a la renta básica universal o a que la Generalitat retire las acusaciones contra los manifestantes que se enfrenten a los Mossos d'Esquadra; y su contenido no le preocuparía tanto a Puigdemont si no incluyera precisamente la cláusula de que Waterloo deje de mandar.
Lo más seguro es que el pacto de Aragonés y Dolors Sabater, cabeza de lista de la CUP; se acabe rompiendo incluso antes de los dos años que ambos se han dado como margen para dar una salida al conflicto catalán, que solo puede ser un referéndum sobre la independencia. Y Puigdemont quiere seguir políticamente vivo para entonces y poder así retomar la cabeza del gobernó o ganar de nuevo a Esquerra en unas nuevas elecciones.
La sorpresa para Puigdemont es que Aragonés pudiera salir investido con los votos de Salvador Illa o de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, lo que rompería del todo cualquier posibilidad de volver a juntar a los dos principales partidos independentistas. Sería como una bofetada en la cara.
Los empresarios y gran parte de la alta burguesía catalana que apoyó a Artur Mas y luego a Puigdemont hace tiempo que juegan a dos bandas como lo demostró Foment con su asamblea e 300 patronos exigiendo la formación de un gobierno fuerte que restaurara el orden público en las calles de Barcelona.
La burguesía no quiere dejar tirado a Carles Puigdemont ya que le siguen considerando una pieza importante que solo cederían a cambio de las transferencias de los Presupuestos a la Generalitat, siguiendo el ejemplo vasco. Pero al mismo tiempo, creen que no pueden mantener el enfrentamiento directo con el Estado y se inclinan más por la táctica de ERC aunque sea a más largo plazo.
No va a ser fácil la tarea que le espera a Pere Aragonés con dos partidos, Junts y la CUP, tirando con fuerza de la cuerda y cada uno para su lado, algo de lo que podría aprovecharse Pedro Sánchez ofreciendo como solución un acuerdo legislativo a Junqueras, sin necesidad de que Salvador Illa entrase en el gobierno.